Al Gobierno de Pedro Sánchez parece importarle bastante poco la vida de las y los inmigrantes. No obstante, comprende su valor, pero no como seres humanos sino como moneda de cambio para lograr tratos políticos ventajosos. A su manera, el Gobierno de Sánchez hace tiempo que entró en el juego de la instrumentalización de la inmigración como arma de presión o cesión política. En la pasada legislatura, la lista de vulneraciones de derechos a la población extranjera cuya situación administrativa es irregular no fue precisamente corta. A la situación y condiciones de los CIES, la falta de regularización de las familias migrantes con hijos nacidos en España, la gestión de las crisis migratorias en Canarias desde el enfoque de la seguridad nacional (y no desde el de la seguridad humana), o la negativa a reformar de la Ley Mordaza.., se suman dos sucesos que ocurrieron en 2021 y 2022 y que, posiblemente, sean de los capítulos más inquietantes que han protagonizado agentes estatales e instituciones públicas de nuestro país.

Uno tuvo lugar en julio de 2021, fue la devolución colectiva de personas menores de edad que estaban bajo la tutela de la administración ceutí. Actuación que está siendo investigada judicialmente para averiguar el papel que tuvieron la delegada de Gobierno de Ceuta y la entonces vicepresidenta de la ciudad en los hechos y su posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Otro, fue la masacre de Melilla en junio de 2022, donde al menos un centenar de personas extranjeras (según datos de Amnistía Internacional) murieron en circunstancias no aclaradas cuando intentaban saltar la valla, en un hecho sin precedentes. Nadie en este tiempo, desde el Ministerio del Interior ni desde ninguna institución del Estado, ha abierto una investigación ante la posibilidad que señalan las ONGs (y las imágenes) de que aquel 24 de junio podrían haberse cometido crímenes por parte de agentes estatales en territorio español.