Quizá, como cuestión previa, y si queremos hablar de este asunto desde un enfoque de derechos de la infancia y la seguridad humana, debemos empezar por el lenguaje. No es baladí que hablemos de niñas, niños y adolescentes extranjeros que llegan a nuestras fronteras, solos o acompañados de sus familiares y desterremos la palabra “menores” que hace referencia a un término cuyo uso responde a una época donde primaba el enfoque paternalista (años 90) que consideraba a los niños “inferiores” en vez de sujetos de derechos. Mucho menos riguroso es usar los acrónimos “MENA” o “NNA” que deshumanizan a las niñas, niños y adolescentes y que solo sirven para dar gasolina a la extrema derecha y ahorrar esfuerzo a funcionarios y tecnócratas. Cómo se nombra a la infancia y la adolescencia que migra es importante para abordar un asunto complejo que requiere de matices, humanidad, especialización y mucha experiencia en derechos humanos e infancia migrante.

Al igual que no dejamos que las fugas de agua de un edificio las arregle materialmente un abogado, sería bueno que dejáramos de pensar que cualquier adulto con un cargo político o un micrófono en una tertulia puede hablar y proponer soluciones a aquellas cuestiones que afectan a la infancia y la adolescencia. El hecho de “ser adulto” no otorga ni el conocimiento ni la competencia que se necesitan para diseñar, definir y coordinar políticas y medidas de infancia, más cuando estas afectan a un grupo de población tan concreto y susceptible de ser estigmatizado como es la infancia migrante. Máxime en el actual contexto geopolítico en el que hay vidas que son desechables de antemano en función del país del que se proviene. Ya tenemos comprobado que no es lo mismo ser un adolescente ucraniano que uno marroquí. El primero merece todas las excepciones posibles a las leyes para garantizarle un buen trato, el segundo las merecerá para asegurarnos que sienta nuestro desprecio porque no le quieren aquí.