La economía española sigue creciendo, a pesar del complicado entorno internacional, los datos de países "locomotora" como Alemania, la inflación –más persistente de lo previsto inicialmente- y los tipos de interés –con subidas históricas en tan poco tiempo, que parecen haberse puesto en stand-by por ahora-. Además, el mercado de trabajo sigue mostrando una evolución favorable, mejor incluso que la del PIB, y los precios han conseguido contenerse, al menos hasta ahora, aunque con las dudas sobre su evolución en los próximos meses.
Con un crecimiento interanual del 1,8% en el tercer trimestre, las previsiones de los distintos organismos (Banco de España, Comisión Europea, OCDE, FMI) se están corrigiendo al alza para este ejercicio 2023, con una corrección contraria para 2024. En estos momentos, el promedio de estas cuatro instituciones apunta hacia un 2,4% en 2023 y un 1,7% en 2024. Unas cifras que permitirían seguir avanzando tras el descalabro de 2020 y la tardía recuperación del nivel pre-pandemia.
En el mercado de trabajo, la EPA del tercer trimestre muestra una ocupación histórica de 21.265.900 ocupados, y una cifra de desempleados de 2.855.200, dando lugar a una tasa de actividad del 59,41% y de paro del 11,84%.
En este contexto, los fondos europeos prosiguen en su despliegue, ya con la adenda del Plan de Recuperación aprobada por Europa, para abordar el tramo de préstamos tras el primero de subvenciones, con el objetivo de transformar nuestra economía, la famosa resiliencia.
No obstante, persisten algunas sombras en nuestra economía, la mayor parte de ellas bien conocidas por todos, y que se mantienen como hándicaps para aumentar la velocidad de crecimiento de nuestra economía y avanzar así en la convergencia con los países de nuestro entorno o, en su caso, aproximación a los líderes en ciertos ámbitos.
Sin duda, entre los aspectos a mejorar, recurrentes, y algunos interrelacionados, están la productividad, el tamaño empresarial, las actividades de investigación, desarrollo e innovación, la burocracia, las cuentas públicas y la ejecución de fondos europeos.
La productividad debe ser foco de atención ineludible. Más allá del debate –o imposición- sobre la jornada de trabajo, debemos mejorar nuestros datos de productividad, donde influyen aspectos varios como la especialización sectorial, los incentivos, etc. y tienen su reflejo en los salarios y los beneficios de las empresas. Como se suele señalar, la baja productividad de nuestra economía, más que un problema, es un claro síntoma de nuestras distintas debilidades.
Otro de nuestros males se refiere al tamaño de nuestras empresas. No cabe duda de que el tejido empresarial debe contener tanto grandes compañías como pequeñas y medianas empresas, pero el porcentaje de las primeras debería incrementarse notablemente, en línea con los países de nuestro entorno. Según los últimos datos disponibles, referidos a 2022, de las 3.430.663 empresas del país, 1.942.319 no tenían asalariados, 905.804 tenían 1 o 2 empleados, 308.888 de 3 a 5, 126.100 de 6 a 9, 78.909 de 10 a 19, y sólo 68.643 más de 10 empleados, apenas un 2% del total.
Además, la inversión en I+D de España sigue por debajo del 1,5% del PIB, muy alejados de la media europea y, por supuesto, de los países líderes en este ámbito. Asimismo, nuestra posición en los rankings internacionales de innovación no sitúa también a mucha distancia de los primeros puestos. Y en ambos casos no hay otro camino que la colaboración público-privada y otros cambios en el sistema educativo o en la cultura empresarial.
En lo que atañe al sector público, además de evaluar y mejorar en eficiencia del gasto, es clave avanzar en agilidad y simplicidad. Aun siendo recursos públicos que requieren el máximo control, falta mucho en agilidad administrativa –en parte relacionado con la capacidad administrativa- y en facilitar los procedimientos. Además, en el ámbito de las licitaciones públicas, tratar de favorecer la calidad versus el precio, que no siempre es el mejor consejero, ni la mejor forma de gastar o invertir dinero público.
Las cuentas públicas son otro tema candente. La deuda pública se sitúa en estos años entre el 120% -pandemia- y el 110% del PIB, y parece resistir a bajar de esos niveles a corto y medio plazo. La necesaria consolidación fiscal, ajustando gastos e ingresos, debe llevarnos a mejorar estos datos hacia un contexto de sostenibilidad.
Finalmente, los fondos europeos Next Generation EU, así como los fondos FEDER 2021-2027 que ya están aquí, suponen una excelente oportunidad para transformar nuestra economía y abordar cambios estructurales frente a aspectos meramente coyunturales. Pero debemos ser certeros con la selección de proyectos y ágiles en su desarrollo.
En suma, los indicadores macro de nuestra economía revelan un buen comportamiento, tanto en PIB como en mercado de trabajo, pero permanecen riesgos a medio y largo plazo derivados de la productividad, el tamaño empresarial, la I+D+i o algunos otros asuntos del sector público. Y, por supuesto, no podemos marginar los desafíos del envejecimiento demográfico o los elevados datos de desigualdad y riesgo de pobreza o exclusión social, fenómenos que, además, como tantos otros, presentan importantes brechas territoriales.
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