Decíamos el domingo que la sociedad vasca da prevalencia a la profesión nacionalista sobre la economía, la sanidad, la educación o la gestión de los servicios sociales y la normalización social, y así lo ha manifestado ahora en las urnas. Una preferencia que si bien tradicionalmente no había generado disfunciones en el crecimiento económico de la comunidad y la calidad de vida de sus habitantes, en la actualidad puede provocar graves incertidumbres y un deterioro de ambos indicadores en unos momentos en que Euskadi se enfrenta a un debilitamiento de su actividad y a una transformación de su sistema productivo.
La industria, que ha sido el motor económico de la región y que le ha llevado a ser una de las locomotoras económicas de España ha experimentado un fuerte retroceso en su aportación al PIB de la comunidad, pasando de representar el 50% del total en la década de los ochenta del siglo pasado, a sólo el 23% en la actualidad, y la composición del Parlamento de Vitoria con el importante crecimiento de Bildu, un partido de izquierda radical con claras tendencias intervencionistas y contrario a la economía de mercado, que tendrá en torno a 1 de cada 3 diputados en la Cámara, hace muy difícil que se puedan tomar las decisiones necesarias a pesar de la repetición del gobierno de coalición PNV-PSE.
Cierto que el País Vasco es hoy la segunda comunidad autónoma con la renta per cápita por habitante más alta, superada sólo por Madrid, y que sigue teniendo la mayor renta per cápita neta de España. Tiene también la tasa de paro más baja de España, apenas el 7%, pero la situación del empleo allí se ha estancado y tiene un mayor porcentaje de parados que acumulan más de un año sin trabajo. En el año 2023 la participación del País Vasco en el empleo nacional cayó del 5% por primera vez en la serie histórica. Hay que remontarse al menos hasta la década de los cincuenta para encontrar menor participación de Euskadi en el empleo nacional.
Esta cifra es sólo la punta del iceberg, puestos que por debajo hay un gran bloque de fríos datos que dan cuenta de la pérdida de relevancia de la economía vasca que en los últimos años muestra importantes dificultades para seguir el ritmo de crecimiento del conjunto de España. De hecho la economía vasca creció al 1,8% el pasado año, por debajo del 2,5% al que lo hizo el conjunto del país gracias el mayor tirón de los servicios, sobre todo del turismo.
Una situación que apenas ha merecido atención en los programas de gobierno de peneuvistas ni de socialistas, más preocupados por facilitar avales y subvenciones al acceso a la vivienda, ampliar los permisos de maternidad, elevar las ayudas por hijo a las familias y elevar salario mínimo y pensiones. Y hablando de pensiones recordar que las pensiones vascas que figuran entre las más insostenibles de España representan el 11% del agujero total de la Seguridad Social. Y no puede pasar desapercibido que el partido socialista de Eneko Andueza y Pedro Sánchez lleva en su programa el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika, con el traspaso de competencias como la gestión económica de la Seguridad Social, en cumplimiento de los acuerdos a que llegaron PSOE y PNV para investir a Sánchez. lo que en el caso de la cesión total, además de gestionar la recaudación y el abono de las pensiones a través de las actuales oficinas de la Tesorería, el gobierno regional vasco podría llegar a avanzar en la creación de una Seguridad Social vasca, creando plazas propias, y derivar recursos mediante impuestos propios o transferencias de fondos del Estado para modificar las condiciones unitarias al pago de pensiones en toda España o llegar a establecer complementos de pensiones. Lo que rompería la unidad del sistema dado que modificaría las condiciones de las pensiones en función del territorio en el que se haya cotizado.
En definitiva un nuevo atentado contra la igualdad de todos los españoles que consagra la Constitución y un paso más para avanzar en la creación de comunidades de primera y de segunda sólo para que Pedro Sánchez pueda seguir durmiendo en La Moncloa.
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