Se sabía desde el primer día que, desde la óptica catalana, una amnistía que no beneficiara absolutamente a todos los encausados por el proceso soberanista sería una amnistía profundamente injusta. Lo sabía JxCat y, pese a ello, no tuvo inconveniente en apoyar una propuesta de ley que el propio partido se jactaba de haber redactado. Y es cuando se vio que algunos de sus dirigentes podían quedar fuera, por culpa de la actuación prevaricadora de determinados jueces, que todo fueron lamentaciones y que incluso dio marcha atrás. Lo único que le ha preocupado es que Carles Puigdemont no pueda volver del exilio o que otros procesados en los casos Tsunami Democràtic y Volhov sean condenados.
El retraso en la aprobación de la ley en el Congreso provocado por JxCat ha molestado a ERC, que ha visto como su líder, Oriol Junqueras, continúa fuera de juego debido a ello o como algunos de sus dirigentes —Josep Maria Jové, Lluís Salvador y Natàlia Garriga entre ellos— no podrán evitar el juicio que tienen pendiente. Nadie, sin embargo, se ha preocupado, ni antes ni ahora, de los imputados en el marco de la llamada operación Judas, todos miembros del Comité de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo por el mismo juez que persigue a Carles Puigdemont y Marta Rovira, Manuel García-Castellón, y que tienen todos los números para acabar pagando los platos rotos al no estar encuadrados ni alineados ni con JxCat ni con ERC. Y todo el mundo ha hecho oídos sordos cuando un fiscal de la Audiencia Nacional decía, al oponerse a que el 130º presidente de la Generalitat sea investigado por terrorismo, que el caso de Tsunami Democràtic no es el mismo que el de los CDR, circunstancia que da a entender que estos sí son culpables, o cuando otro del Tribunal Supremo no veía terrorismo, sino desórdenes públicos agravados, que son los sustitutos de la antigua sedición.
Lo más probable es que todo continúe igual en el segundo intento de aprobar la ley de amnistía. La única incógnita es que hará JxCat, si esta vez la apoyará o la seguirá rechazando después de todo el espectáculo que ha hecho. Y llegados a este punto hay que preguntarse a quién interesa realmente la amnistía, porque después de tantas idas y venidas no parece que todo el mundo lo tenga claro. La amnistía fue una de las condiciones, irrenunciable según ERC y JxCat, que pusieron para volver a investir a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. La amnistía es, pues, una cuestión que políticamente hablando quieren sólo las dos formaciones catalanas. El PSOE se ve obligado a concederla, pero le da igual si al final no se aprueba. Al presidente español le iría bien para mostrar a Europa que, a diferencia del PP que incendió la relación con Catalunya, él ha sido capaz de reconducir la situación y domesticar a una bestia tan perversa como el independentismo catalán. Pero, si no puede ser, ya tiene lo que quería, que era continuar cuatro años más en la Moncloa. Y eso no hay nadie que se lo quite.
Una parte del independentismo advirtió en su momento que eso de la amnistía era un engaño y una claudicación; ahora quizás alguien más se dé cuenta, pero con el inconveniente de que seguramente es tarde para rectificar
JxCat ya se puede poner gallito amenazando con retirarle el apoyo que a Pedro Sánchez no pasará de hacerle cosquillas. La de gobiernos en minoría que han durado la legislatura entera, sin ir más lejos, el actual de Pere Aragonès en la Generalitat. Así que el partido de Carles Puigdemont verá qué hace. Si espera conseguir una ley que los jueces españoles no se puedan saltar, lo tiene crudo. La justicia —es un decir— española ha fundamentado toda la causa contra el movimiento independentista en una mentira tras otra. Primero fue la que entonces era jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela quien calificó de tumultuaria la protesta, absolutamente pacífica, del 20 de septiembre del 2017 ante la conselleria de Economia, después el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quien tachó de rebelión los hechos del referéndum del 1 de octubre, cuando no había habido ningún tipo de violencia salvo la de los cuerpos policiales españoles, y después el juez Manuel Marchena, también del Tribunal Supremo, quien aplicó la doctrina de los anteriores a la sentencia contra los dirigentes del PDeCAT (más tarde JxCat) y ERC.
Todos habían retorcido tanto la ley que se habían cargado, por lo menos, las libertades de expresión, de reunión, de manifestación y de participación. Pero no pasó nada, porque en España la judicatura es uno de los poderes encargados de preservar las esencias patrias de un estado autoritario y opresor que hoy se ha convertido en una casta rancia y carcomida que tiene bula para marcar incluso el rumbo político. En cualquier democracia real, todos ellos, más el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y el titular del juzgado número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre, instructores respectivamente de los sumarios de los casos Tsunami Democràtic y Volhov, haría tiempo que estarían inhabilitados para prevaricar. Porque todos son plenamente conscientes de que lo que han hecho y lo que hacen es un montaje que vulnera la separación de poderes. ¿De verdad se piensan que alguien puede creerse que los independentistas catalanes son terroristas cuando ninguna de sus reivindicaciones ha tenido nunca el más mínimo brote de violencia y cuando todo el mundo tiene muy presente que terrorismo es lo que hizo ETA y lo que hace Hamás?
Quien no los conociera pensaría que todos estos jueces, y también algunos fiscales, o no tienen ni idea o actúan con mala fe. Quien los conoce sabe que actúan con mala fe, porque su misión no es impartir justicia, sino hacer de justicieros. Es por todo ello que no pararán de perseguir a Carles Puigdemont, por terrorismo, por alta traición o por lo que más convenga, diga qué diga la ley de amnistía, con o sin ley de amnistía, porque para ellos el 130º president de la Generalitat es la presa principal que mejor representa la burla y el escarnio que ha sufrido el estado español desde el año 2017. Y en este escenario JxCat tendrá que decidir si dice que sí a la ley y permite que se beneficie quien pueda o si dice que no y se pone al lado, aunque sea por razones diametralmente diferentes, de quienes se oponen y han hecho de ella su caballo de batalla, como es el caso de PP y Vox, y deja que se salgan con la suya. La elección no es fácil, pero en este embrollo se han metido ellos solitos, JxCat y también ERC. A los de Oriol Junqueras, sin embargo, ya les va bien cómo están las cosas. Son los de Carles Puigdemont los que tienen el problema.
Una parte del independentismo, probablemente la más comprometida, la que en las últimas elecciones ha dejado de votarles —también a la CUP— y se ha abstenido, advirtió en su momento que eso de la amnistía era un engaño y una claudicación. Ahora quizás alguien más se dé cuenta, pero con el inconveniente de que seguramente es tarde para rectificar. Porque resulta que todo el mundo habla de ella, pero el caso es que hay demasiados interrogantes en el aire sobre a quién le interesa realmente la amnistía. ¿A los dirigentes de ERC y JxCat para volver a hacer vida política normal? ¿A los encausados anónimos que pagan las consecuencias de que los políticos catalanes les hayan dejado colgados? ¿A Pedro Sánchez para lavar la cara de España en Europa? ¿A un PP que ha perdido la carta de navegación festejando incluso con un indulto al 130º presidente de la Generalitat y que necesita como nunca munición para mantener la oposición al PSOE? ¿A los jueces porque es la manera de tener cogido al poder político? Lástima que en ninguna de las respuestas el beneficiario sea Catalunya.
¿A quién le interesa la amnistía?
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13.02.2024
Se sabía desde el primer día que, desde la óptica catalana, una amnistía que no beneficiara absolutamente a todos los encausados por el proceso soberanista sería una amnistía profundamente injusta. Lo sabía JxCat y, pese a ello, no tuvo inconveniente en apoyar una propuesta de ley que el propio partido se jactaba de haber redactado. Y es cuando se vio que algunos de sus dirigentes podían quedar fuera, por culpa de la actuación prevaricadora de determinados jueces, que todo fueron lamentaciones y que incluso dio marcha atrás. Lo único que le ha preocupado es que Carles Puigdemont no pueda volver del exilio o que otros procesados en los casos Tsunami Democràtic y Volhov sean condenados.
El retraso en la aprobación de la ley en el Congreso provocado por JxCat ha molestado a ERC, que ha visto como su líder, Oriol Junqueras, continúa fuera de juego debido a ello o como algunos de sus dirigentes —Josep Maria Jové, Lluís Salvador y Natàlia Garriga entre ellos— no podrán evitar el juicio que tienen pendiente. Nadie, sin embargo, se ha preocupado, ni antes ni ahora, de los imputados en el marco de la llamada operación Judas, todos miembros del Comité de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo por el mismo juez que persigue a Carles Puigdemont y Marta Rovira, Manuel García-Castellón, y que tienen todos los números para acabar pagando los platos rotos al no estar encuadrados ni alineados ni con JxCat ni con ERC. Y todo el mundo ha hecho oídos sordos cuando un fiscal de la Audiencia Nacional decía, al oponerse a que el 130º presidente de la Generalitat sea investigado por terrorismo, que el caso de Tsunami Democràtic no es el mismo que el de los CDR, circunstancia que da a entender que estos sí son culpables, o cuando otro del Tribunal Supremo no veía terrorismo, sino desórdenes públicos agravados, que son los sustitutos de la antigua sedición.
Lo más probable es que todo continúe igual........
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