Que Carles Puigdemont haya querido controlar los tiempos de la negociación con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez, en especial en la recta final, en ningún momento ha implicado que no acabara habiendo acuerdo. Más bien ha hecho el efecto que, por un lado, no le gustaba que fueran los otros actores de las conversaciones -el propio PSOE y ERC- los que le marcaran el ritmo y que, por otro, ganaba tiempo para encontrar la manera de hacer ver que su pacto sería mucho mejor que el firmado por Oriol Junqueras y Félix Bolaños. Y es que el hecho de que ERC se le adelantara, cuando JxCat lo tenía todo preparado el jueves por la tarde en Bruselas para anunciar la fumata blanca, no ha sido en absoluto ajeno a la ralentización de estas últimas horas. En el fondo, se ha tratado de una cuestión de protagonismo entre el 130º presidente de la Generalitat y su antiguo socio en la particular pugna que mantienen por la hegemonía del espacio soberanista en esta renovada Catalunya autonomista que todos juntos han contribuido a construir desde el 2017.
Aunque en política no se puede dar nada por hecho ni por descartado hasta que realmente pasa, el acuerdo entre JxCat y el PSOE no ha estado, de hecho, nunca en peligro. Y no lo ha sido porque bloquear la reelección de Pedro Sánchez querría decir repetir las elecciones españolas celebradas el 23 de julio y, aunque JxCat podría mejorar el resultado y ganar claramente la partida a ERC, correría el riesgo de dejar de ser decisivo como lo es ahora. Y eso significaría que quizás también se quedaría sin la amnistía que prácticamente todos tienen cuesta abajo y que especialmente los exiliados deberían renunciar a ella después de seis años duros vividos fuera de Catalunya. La ley de amnistía, precisamente, ha sido esgrimida como el principal escollo para poder cerrar la negociación, sobre todo en lo que se refiere al alcance que debería tener. Jordi Turull así lo reflejó al prometer que "no dejaremos a ningún soldado en la estacada". Humanamente se trata de una cuestión de lo más comprensible, pero es obvio que un perdón —que es lo que es la amnistía— que beneficiara sólo a los dirigentes de ERC y JxCat y que no afectara a los centenares de activistas anónimos procesados por haber hecho posible el referéndum del Primer d’Octubre y las consecuencias que se han derivado quedaría muy feo y políticamente constituiría un auténtico escándalo.
Y mientras ERC y JxCat se disputarán quién habrá obtenido un mejor pacto con el PSOE, el murmullo en contra de la ley de amnistía está tomando tal dimensión que el trabajo será poderla aplicar una vez aprobada
¿Pero qué quería decir "no dejar a ningún soldado en la estacada"? ¿Incluir a los miembros del Comité de Defensa de la República (CDR) detenidos en la llamada operación Judas y que la Audiencia Nacional se ha apresurado a comunicar que juzgaría por terrorismo? ¿Incluir a los responsables de Tsunami Democràtic, entre los que a la propia Audiencia Nacional le ha faltado tiempo para imputar a Carles Puigdemont y Marta Rovira, también por un supuesto delito de terrorismo? ¿Incluir a los encausados de la llamada operación Volhov? ¿O incluir casos del llamado lawfare, como el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente, procesado por malversación y prevaricación por participar como observador en el referéndum de Nueva Caledonia, o como el del exconseller Miquel Buch y el mosso Lluís Escolà, condenados por proporcionarle escolta, o como el de Gonzalo Boye, investigado por presunto blanqueo de capital en una causa que no tiene nada que ver con el proceso soberanista, o como el de Laura Borràs, condenada por su gestión en la etapa que dirigió la Institució de les Lletres Catalanes? ¿O lo que quería decir en realidad es que el pacto alcanzado por ERC sí deja a unos cuantos soldados en la estacada? Ambos defienden que la amnistía es para todos los represaliados, pero lo que parece claro es que todos no significa lo mismo para JxCat y ERC.
Faltan veinte días para que el 27 expire el plazo para no tener que convocar nuevas elecciones españolas y todo indica que, para variar, JxCat y ERC dedicarán este tiempo a tirarse los trastos por la cabeza para intentar demostrar que su pacto es mejor que el del otro. Total, en Catalunya existe la mala costumbre de hacer la zancadilla al compañero de al lado para que no llegue nunca el primero. Criticar el acuerdo de ERC no será, en todo caso, muy difícil, porque, más allá del capítulo de la amnistía, contiene un conjunto de promesas y de intangibles que váyase a saber qué suerte tendrán, en la medida en que aplicarlos dependerá de la buena voluntad del PSOE. Por un lado, el "traspaso integral" del servicio ferroviario de cercanías consiste en la creación de una empresa mixta entre la Generalitat y el Estado para cogestionar tres líneas y deja en el aire desde el calendario hasta la financiación. Por otro, la "corrección del agravio económico" se limita a la condonación de una ínfima parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que no tiene nada que ver con la eliminación del déficit fiscal ni con el establecimiento de un sistema de financiación singular para Catalunya, porque resulta que también es tributario del café para todos. Se trata, en fin, de un catálogo al más puro estilo del peix al cove, digno de las mejores épocas del autonomismo pujolista.
Carles Puigdemont, por tanto, no debería tenerlo complicado para vender que su producto es mejor que el de Oriol Junqueras, aunque, amnistía al margen, a él tampoco le queda más remedio que aferrarse a las promesas del PSOE. El problema es que él mismo se puso el listón muy alto cuando exigió a Pedro Sánchez un acuerdo histórico como no había habido ninguno desde 1714. Ahora es prisionero de sus palabras y se tendrá que tragar que ni el acuerdo será histórico ni el PSOE pagará por adelantado, sino que se tendrá que fiar de su palabra, que ya se sabe históricamente el valor que tiene. Y el problema también es que todos, JxCat y ERC, se han olvidado del ejercicio del derecho de autodeterminación, que en campaña electoral era condición innegociable para cualquier investidura y ahora se ha esfumado como si nunca hubiera existido. No basta con el humo de una mesa de diálogo imaginaria ni con un reconocimiento nacional de Catalunya meramente testimonial para recuperar la confianza del electorado independentista que se ha abstenido en las dos últimas contiendas y que, a la vista de los hechos, lo seguirá haciendo tantas veces como sea necesario.
Y mientras ERC y JxCat se disputarán quién habrá obtenido un mejor pacto con el PSOE —no será necesario que lo sea, bastará con que lo parezca—, el murmullo en contra de la ley de amnistía está tomando tal dimensión que el trabajo será poderla aplicar una vez aprobada. En las últimas horas la ofensiva para frenarla ha aumentado de manera exponencial sobre todo por parte de un sector de la judicatura que, amplificado por determinados medios de comunicación, actúa de correa de transmisión del ideario que comparten por descontado PP y Vox, pero igualmente una parte del PSOE, que se han declarado dispuestos a hacer lo que convenga para detenerla. La imputación del 130º presidente de la Generalitat en el caso de Tsunami Democràtic por presunto terrorismo y el intento de endosarle la muerte de un viajero francés que sufrió un infarto el día de la protesta en el aeropuerto de Barcelona para que quede excluido de la amnistía, las declaraciones eclesiásticas para demonizarla o la vandalización de sedes del PSOE son paradigmáticas de las intenciones que persigue la caverna española.
Lo que tienen que vigilar JxCat y ERC es que no resulte que acaben invistiendo a Pedro Sánchez a cambio de nada. La amnistía y la autodeterminación eran, en teoría, los requisitos indispensables para votarlo. A la autodeterminación han renunciado ellos solitos y a la amnistía que no sea que el ruido de togas, de sotanas y quién sabe si también de sables provoque que tengan que renunciar a la fuerza.
¿Ni autodeterminación ni amnistía?
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07.11.2023
Que Carles Puigdemont haya querido controlar los tiempos de la negociación con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez, en especial en la recta final, en ningún momento ha implicado que no acabara habiendo acuerdo. Más bien ha hecho el efecto que, por un lado, no le gustaba que fueran los otros actores de las conversaciones -el propio PSOE y ERC- los que le marcaran el ritmo y que, por otro, ganaba tiempo para encontrar la manera de hacer ver que su pacto sería mucho mejor que el firmado por Oriol Junqueras y Félix Bolaños. Y es que el hecho de que ERC se le adelantara, cuando JxCat lo tenía todo preparado el jueves por la tarde en Bruselas para anunciar la fumata blanca, no ha sido en absoluto ajeno a la ralentización de estas últimas horas. En el fondo, se ha tratado de una cuestión de protagonismo entre el 130º presidente de la Generalitat y su antiguo socio en la particular pugna que mantienen por la hegemonía del espacio soberanista en esta renovada Catalunya autonomista que todos juntos han contribuido a construir desde el 2017.
Aunque en política no se puede dar nada por hecho ni por descartado hasta que realmente pasa, el acuerdo entre JxCat y el PSOE no ha estado, de hecho, nunca en peligro. Y no lo ha sido porque bloquear la reelección de Pedro Sánchez querría decir repetir las elecciones españolas celebradas el 23 de julio y, aunque JxCat podría mejorar el resultado y ganar claramente la partida a ERC, correría el riesgo de dejar de ser decisivo como lo es ahora. Y eso significaría que quizás también se quedaría sin la amnistía que prácticamente todos tienen cuesta abajo y que especialmente los exiliados deberían renunciar a ella después de seis años duros vividos fuera de Catalunya. La ley de amnistía, precisamente, ha sido esgrimida como el principal escollo para poder cerrar la negociación, sobre todo en lo que se refiere al alcance que debería tener. Jordi Turull así lo reflejó al prometer que "no dejaremos a ningún soldado en la estacada". Humanamente se........
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