Las cloacas, por definición, huelen mal, muy mal. Y si son cloacas del Estado, peor. Del Estado que sea, porque todos las tienen y no les tiembla el pulso de utilizarlas siempre que consideran que hay algo que les puede poner en peligro. No les importa que el temor esté más o menos fundamentado, la cuestión es que bajo ningún concepto la sacrosanta integridad del Estado —y en el caso de España la sacrosanta unidad— se vea amenazada. Esto es así desde la concepción del Estado moderno en la edad contemporánea, la que va, de acuerdo con la historiografía occidental, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la actualidad. Durante este tiempo, las cloacas han funcionado a pleno rendimiento en todas partes y se podría hacer una lista larga de los casos que han salido a la luz pública (los que no lo han hecho deben ser muchos más). Pero Catalunya, al no ser Estado, tampoco tiene cloacas, y tiene que limitarse a sufrir las consecuencias de la actividad de las cloacas del Estado opresor, el español.
Es por todo ello que sorprende que, ahora que a través de algunos medios de comunicación catalanes se han destapado las diferentes artimañas de la llamada operación Catalunya, haya todavía quien se rasgue las vestiduras como si no supiera qué había pasado en realidad. La operación Catalunya es el nombre que recibe la guerra sucia del Estado español contra el independentismo durante la etapa del proceso soberanista, básicamente entre el 2012 y el 2017, en la que el Gobierno de España lo ocupaba el PP y estaba presidido por Mariano Rajoy. Ahora se confirma lo que entonces ya era un secreto a voces, que todo fue un montaje, que los informes de la policía -—a llamada policía patriótica— sobre Jordi Pujol y la familia, Artur Mas o Xavier Trias que publicaban los medios españoles eran inventados, que las peticiones de información a terceros países se sustentaban en datos falsos, que la extorsión para hacer caer un banco se produjo, que toda la maquinación fue orquestada desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz y que, en fin, Mariano Rajoy estaba al corriente de todo.
¿Pero cómo es que todo esto sale en este momento? Es obvio que se trata de filtraciones interesadas. ¿Con qué propósito? Es una evidencia que quien políticamente sale malparado de las revelaciones es el PP y muy especialmente el ministro del Interior y el presidente español de la época. Y situados en este punto es necesario llegar hasta el final y que los responsables de una operación impropia de un Estado de derecho paguen las consecuencias que sean necesarias. Ahora bien, que nadie se haga ilusiones, porque el precio que pagarán no pasará del escarnio político. Penalmente, el caso no tendrá ningún recorrido. Una cosa es que una parte del mismo Estado —probablemente el PSOE— le pase factura a otra —el PP—, pero eso no significa que las cloacas del Estado salten por los aires, que existen justamente para hacer lo que no puede hacer el Estado de derecho y que, por tanto, seguirán existiendo se acabe como se acabe este episodio. El Estado nunca se destruirá a sí mismo.
Dentro de la lógica perversa de las cloacas del Estado español hay una operación Catalunya permanente, de manera que es normal empezar siendo investigado por el simple hecho de ser catalán y acabar siendo acusado de terrorista
Al PSOE, en tanto que ahora es quien corta el bacalao, le interesa en las circunstancias actuales distraer la atención de otras cuestiones, como la amnistía que ha pactado con JxCat y ERC, y hacer pagar al PP por la operación Catalunya no deja de ser una manera tanto de focalizar la atención de la opinión pública en el adversario como de pasarle factura por la campaña feroz en contra que le está montando, con la excusa, precisamente, de la ley de amnistía. Y también es una forma de esconder todo lo que se ha cocinado en torno a otra incidencia de la guerra sucia de las cloacas del Estado, el llamado caso Pegasus, de espionaje a dirigentes de formaciones políticas catalanas durante estos últimos años —entre ellos el propio presidente de la Generalitat Pere Aragonès—, que en esta ocasión señala directamente al partido y al gobierno de Pedro Sánchez, porque el software usado para espiar es creado, producido y comercializado por una empresa israelí que solamente lo vende a Estados.
No tener claro todo esto es pecar de mucha ingenuidad, y una vez se conoce todo lo que estos últimos días ha salido a la luz pública, parece que en Catalunya muchos políticos han pecado. Han pecado o sencillamente lo aparentan, porque por mucho que la operación Catalunya fuera una realidad —y efectivamente lo fue—, porque el Estado se veía seriamente amenazado por el avance del movimiento independentista, esta no habría triunfado sin la colaboración inestimable de los dirigentes que en aquellos momentos —el PDeCAT (ahora JxCat) y ERC— tenían en sus manos las riendas del país. El 1 y el 3 de octubre del 2017 el Estado español estaba contra las cuerdas y si no acabó fuera de combate fue por la pantomima de la declaración de independencia de los días 10 y 27, en la que los políticos catalanes que habían prometido la independencia en dieciocho meses se echaron atrás y le salvaron la vida.
Los mismos políticos que luego cooperaron también activamente en la aplicación del artículo 155 de la Constitución decretada por Mariano Rajoy y que supuso la suspensión del autogobierno de Catalunya. El propio PP se hizo cruces de la complicidad y la falta de rechazo que encontró en la intervención de la Generalitat por parte de los cargos que permanecieron y que no pusieron ninguna traba a recortar la autonomía. Y desde entonces, la claudicación de la clase política catalana ha sido tal que ha llegado al punto de aceptar que en la ley de amnistía —si no hay un cambio de última hora antes de que se apruebe hoy en el Congreso—, se hable de terrorismo, cuando ninguna de las acciones que ha llevado a cabo el movimiento independentista ha tenido nunca nada que ver. Al contrario, se ha caracterizado por desarrollarse de manera pacífica e incluso ha sido caricaturizado con la imagen del activista que va con el lirio en la mano y no tira ni un papel al suelo. Lo que ha hecho el independentismo no es terrorismo, y tergiversar su sentido abre un camino muy peligroso que se carga las libertades de expresión, de manifestación, de asociación y que avala que cualquiera que sencillamente proteste sea tachado de terrorista.
Permitir, pues, que la redacción de la ley explicite que quedan excluidos de la amnistía los casos de terrorismo que representen una violación de los derechos humanos, es como admitir, aunque sea por omisión, que el independentismo sí ha practicado un terrorismo que se podría llamar de baja intensidad, lo cual es absolutamente falso. Además, esto alimenta el discurso de PP y Vox que irresponsablemente equipara el movimiento independentista catalán con el terrorismo de ETA y da argumentos a ciertos jueces para que mantengan las acusaciones de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) y quizá las amplíen contra otros imputados en la causa catalana. Es lo que sigue haciendo el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que a base de retorcer cada vez más la ley con métodos claramente prevaricadores, cada día se inventa una película nueva con el fin de dejarlos a todos fuera de la aplicación de la amnistía. Y también se ha sumado el instructor del caso Volhov, el juez Joaquín Aguirre, con voluntad de incriminar al mismísimo 130º presidente de la Generalitat por alta traición al Estado español. Al más puro estilo del filibusterismo, pero en este caso judicial.
Una tesis que ha recibido también el apoyo incondicional de un barón del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cada vez más alejado de la doctrina oficial de Pedro Sánchez y más cerca del estilo de las cloacas del Estado que apasionadamente defienden y justifican personajes como la lideresa del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este debería ser, sin embargo, un debate que no interesara a los catalanes, porque cuando se trata de cuestiones que afectan a la esencia de España, Catalunya siempre sale perdiendo. Intervenir tomando partido por uno de los dos bandos ha sido históricamente un mal negocio. Y es que dentro de la lógica perversa de las cloacas del Estado español hay una operación Catalunya permanente, de manera que es normal empezar siendo investigado por el simple hecho de ser catalán y acabar, por esto mismo, siendo acusado de terrorista. Y condenado con la promesa de una amnistía fallida.
De las cloacas, el terrorismo y la amnistía
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30.01.2024
Las cloacas, por definición, huelen mal, muy mal. Y si son cloacas del Estado, peor. Del Estado que sea, porque todos las tienen y no les tiembla el pulso de utilizarlas siempre que consideran que hay algo que les puede poner en peligro. No les importa que el temor esté más o menos fundamentado, la cuestión es que bajo ningún concepto la sacrosanta integridad del Estado —y en el caso de España la sacrosanta unidad— se vea amenazada. Esto es así desde la concepción del Estado moderno en la edad contemporánea, la que va, de acuerdo con la historiografía occidental, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la actualidad. Durante este tiempo, las cloacas han funcionado a pleno rendimiento en todas partes y se podría hacer una lista larga de los casos que han salido a la luz pública (los que no lo han hecho deben ser muchos más). Pero Catalunya, al no ser Estado, tampoco tiene cloacas, y tiene que limitarse a sufrir las consecuencias de la actividad de las cloacas del Estado opresor, el español.
Es por todo ello que sorprende que, ahora que a través de algunos medios de comunicación catalanes se han destapado las diferentes artimañas de la llamada operación Catalunya, haya todavía quien se rasgue las vestiduras como si no supiera qué había pasado en realidad. La operación Catalunya es el nombre que recibe la guerra sucia del Estado español contra el independentismo durante la etapa del proceso soberanista, básicamente entre el 2012 y el 2017, en la que el Gobierno de España lo ocupaba el PP y estaba presidido por Mariano Rajoy. Ahora se confirma lo que entonces ya era un secreto a voces, que todo fue un montaje, que los informes de la policía -—a llamada policía patriótica— sobre Jordi Pujol y la familia, Artur Mas o Xavier Trias que publicaban los medios españoles eran inventados, que las peticiones de información a terceros países se sustentaban en datos falsos, que la extorsión para hacer caer un banco se produjo, que toda la maquinación fue orquestada desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz y que, en fin, Mariano Rajoy estaba al corriente de todo.
¿Pero cómo es que todo esto sale en este........
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