Los movimientos de las últimas semanas de diferentes poderes del estado español para frenar como sea la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con JxCat y ERC para hacer posible la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa hacen presagiar lo peor. Sobre todo por los llamamientos reiterados de la caverna española a la insurrección y porque quien los encabeza, más allá de la reacción política que monopolizan PP y Vox, es una judicatura que se arroga atribuciones que ni tiene ni le corresponden y que, con ello, viola de manera flagrante la división de poderes propia del estado de derecho y del sistema democrático. El resultado es un clima creciente de golpe de estado, latente desde que precisamente el partido ahora de Alberto Núñez Feijóo prefirió sacar el proceso soberanista de la vía política y llevarlo a la vía judicial, que puede estallar en cualquier momento y con consecuencias imprevisibles.

Talmente como si de una respuesta a las imprecaciones del expresidente del PP José María Aznar de que "el que pueda hacer que haga" para frenar como fuera la investidura de un líder del PSOE convertido en "un peligro para la democracia" se tratara, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de las causas del Tsunami Democràtic y de la llamada operación Judas, se apresuró a mover ficha. En una decisión absolutamente inaudita, anunció, por un lado, que imputaba a Carles Puigdemont y Marta Rovira por un supuesto delito de terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic y les endilgaba la muerte de un viajero francés que tuvo un infarto el día de la protesta en el aeropuerto de Barcelona y comunicó, por otro, que los miembros del Comitè de Defensa de la República (CDR) procesados en la operación Judas serían juzgados también por terrorismo. Todo ello en plena recta final de las conversaciones entre el PSOE y JxCat, tras el acuerdo alcanzado........

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