Ahora resulta que en el ordenamiento jurídico español no solo es inviolable el rey, sino que también lo son los jueces. Un privilegio, o más bien un anacronismo, que no casa ni con la democracia ni con el Estado de derecho. Pero como España ciertamente es diferente, se ve que no pasa nada si un togado pone el grito en el cielo porque ha sido víctima —¡pobre víctima!— de la crítica de un político. Y no solo eso, sino que encima osa amenazar a este político con represalias. Así es como actúa una parte de la judicatura que se resiste a perder el control de todos los resortes de poder que tenía durante el franquismo. Una parte de la judicatura que aún hoy es mayoritaria en el Estado español, la judicatura franquista.

El último cargo público en sufrir la ira de estos jueces ha sido la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, por haberles acusado de ser cómplices de la politización de la justicia en España y haberlos tachado de "personajes oscuros", "indecentes" y "togados franquistas". "En un país normal serían procesados y juzgados", dijo durante el debate en el pleno del Congreso de la creación de las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, los atentados del 17 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils, y el espionaje del caso Pegasus —los casos de supuesto lawfare— que forman parte del acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Pero, "en lugar de eso —precisó—, en el reino de España toda esta gente tiene vía libre para seguir retorciendo la ley y retorciendo los derechos". La diputada de la formación de Carles Puigdemont aludía, entre otros, a los magistrados Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carmen Lamela o Carlos Lesmes, bien conocidos en Catalunya por sus causas en contra de los dirigentes sociales y políticos catalanes, sobre todo de JxCat —antes PDeCAT y antes CDC— y de ERC, que........

© ElNacional.cat