La migración es el cambio sociodemográfico de Chile más relevante de los últimos años. Si el año 2011 la población migrante representaba un 1,2% del total del país, para 2022 la proporción creció a más de un 8%. Este aumento ha sido acompañado por un cambio en la composición de los migrantes; las comunidades venezolanas, colombiana y peruanas son las más numerosas.

Distintas encuestas muestran cambios importantes en las actitudes de los chilenos frente a la migración. Desde 2017 ha aumentado progresivamente la percepción de conflictos entre migrantes y chilenos, la valoración negativa de la migración, y el apoyo a medidas restrictivas al ingreso de extranjeros. Esto se explicaría por el crecimiento acelerado de la tasa de migrantes a escala local, el aumento de la migración irregular, factores contextuales (depresión económica y la pandemia), y la asociación de la migración con la delincuencia.

Un reciente informe del Centro de Políticas Migratorias y Espacio Público busca visibilizar los aportes y desafíos de la migración para la cohesión social y el desarrollo sostenible de Chile. Los resultados muestran que aún existen valoraciones positivas de la población migrante por parte de los chilenos, destacando sus aportes económicos y culturales. Sin embargo, ella convive con actitudes negativas relacionadas al aumento de la inmigración irregular, su eventual vínculo con el crimen y la insuficiencia de los servicios públicos. Por su parte, los migrantes experimentan diversas brechas entre la titularidad de sus derechos y su ejercicio efectivo.

Este diagnóstico hace urgente pensar en políticas públicas que promuevan un clima de reciprocidad. El informe muestra cómo las experiencias de interacción entre chilenos y migrantes crean puentes que disminuyen los estereotipos, fomentan la cohesión y generan sentido de arraigo. Estos intercambios pueden ser potenciados mediante la adopción de buenas prácticas comparadas que fomenten la inclusión y participación de migrantes. A ello pueden contribuir medidas como los procesos extraordinarios de regularización, la capacitación intercultural de funcionarios públicos (especialmente a nivel municipal, educacional y de salud), la coordinación entre actores públicos y la sociedad civil, y el fomento de la participación de comunidades migrantes en decisiones locales.

La migración es una realidad que llegó para quedarse. Ha generado y generará cambios en nuestras ciudades y barrios, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de desarrollo económico y social. Para aprovechar esas oportunidades, es clave adoptar políticas públicas que potencien la integración de la comunidad migrante, fortalezcan los servicios públicos para que respondan a chilenos y extranjeros, y se hagan cargo de las tensiones culturales que todo cambio demográfico acarrea.