Una de las grandes deudas que nos dejó el proceso constituyente fue la reforma al sistema político. Los rechazos en los sucesivos plebiscitos impidieron modificar un sistema bloqueado, caracterizado por una fuerte personificación de la política e integrado por partidos con baja capacidad de representación. Es decir, un sistema con serias dificultades para llegar acuerdos y que parece responder cada vez menos a las demandas ciudadanas.

Frente a esta situación, las negociaciones que han trascendido recientemente en la prensa son un signo de esperanza. El hecho de que en las conversaciones estén participando ex comisionados y personas de confianza de los partidos es un primer paso para destrabar una eventual reforma. En efecto, el escollo inicial que todo proyecto de cambio debe superar es la voluntad de los partidos y sus representantes. Éstos, electos bajo las reglas antiguas, son los encargados de crear y aprobar las nuevas normas que los regirán en el futuro. Así, su calidad de incumbentes se presta para conflictos de interés y cálculos electorales.

Lo anterior, sin embargo, no significa que los acuerdos de los partidos queden exentos de la mirada técnica y el escrutinio ciudadano. Como en cualquier diseño de política pública, se debe procurar que las medidas se sustenten en la mejor evidencia disponible y que en su creación se escuche la voz de expertos y expertas que han dedicado años al estudio de la temática. Las dificultades para reformar el sistema no son únicamente políticas (que, por cierto, lo son), sino también técnicas. Aunque hay un relativo consenso en el diagnóstico, existen visiones contrapuestas en parte de las soluciones, las que deben ser discutidas con apertura, rigor y sentido de oportunidad.

La ciudadanía y la sociedad civil tenemos también un rol que cumplir. La modificación al sistema político no debe ser visto como un “tema de políticos” o un desvío de la agenda social y de seguridad pública. Los efectos de un sistema ineficaz los sufrimos en último término todas las personas, que vemos cómo los proyectos de ley que podrían aportar a mejorar las condiciones de vida pasan años en el Congreso (basta pensar en pensiones). Por su parte, en la sociedad civil tenemos la misión de presionar y apoyar una buena reforma, generar espacios de diálogo y transmitir a la ciudadanía la importancia que tiene esta materia en nuestra vida cotidiana.

Es urgente salir de la ineficacia actual del sistema político. Acortar la brecha entre las expectativas ciudadanas y la efectividad de los gobiernos para llevar adelante sus programas es esencial para legitimar las instituciones. Como muestra la evidencia, las únicas democracias que gozan de verdadero soporte ciudadano son aquellas que responden a las demandas de las personas. Por tanto, una buena reforma al sistema político es una contribución al futuro de nuestra democracia.