Chile hoy necesita mayor control y transparencia del Estado, pensemos en los escándalos de municipios. Pero eso debemos lograrlo con muchísimo más apego a principios de eficiencia, en el sentido de no trancar más de la cuenta al Estado ni tampoco a la actividad económica. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué planes de eficiencia debería pedirles el Senado a los candidatos a nuevo contralor? No necesitamos menos funcionarios, sino al revés, pero sí debemos evitar la orquesta del Titanic, tocando la misma música mientras nuestro Estado se nos empieza a hundir en excesos de burocracia.
En las próximas semanas, posiblemente el Senado decida sobre quién dirija la Contraloría General de la República. Esa es una de las pocas ventanas del mundo político para entender su visión de la reforma del Estado. Si se nos pasa la ventana, entonces estaremos repitiendo esta columna de opinión en el 2032, que es la próxima ventana de elección. Por eso hoy no solo basta mirar por el espejo retrovisor el track record jurídico de los candidatos, sino que también mirar el plan de cómo los candidatos abordarán la brecha de escalabilidad de la Contraloría y su modelo de gestión. Los candidatos no tienen por qué ser expertos en informática, algoritmos o gestión, pero al menos deben mostrarle al Senado una visión seria y hablar de cómo constituirán su equipo asesor de gestión. Los candidatos debieran llegar al Senado con algo avanzado en sus estrategias, no sólo una competencia de currículos en derecho administrativo.
Porque podemos pasar miles de proyectos de ley para bajar la «tramitología», podemos hacer mucho seminario de facilitación de inversiones, pero si la nueva Contraloría no ajusta sus procedimientos de una manera radical, acelerando tecnología, integración de bases de datos, y supervisión algorítmica, resulta que nuestro Estado no va a poder funcionar con la velocidad que la ciudadanía está pidiendo.
Contraloría, también tiene un efecto amplificador en el resto del Estado. Hay veces que el problema no es la «tranca» en Contraloría, sino que un dictamen es posteriormente interpretado por un Fiscal de un servicio y, para asegurarse, le agrega varios requerimientos y trámites adicionales, siendo a veces más papista que el Papa. Si multiplicamos esto por una secuencia de muchos servicios públicos involucrados en un trámite, entonces se transforma en un taco enorme. Taco enorme que solo se empieza a mover cuando hay un escándalo. Y así nos vamos: de bullados escándalos de corrupción a silenciosos escándalos por demoras. Por eso la nueva Contraloría debe ser proactiva en optimizar los procesos de control para mejorar la eficiencia. Por cierto, no todo es responsabilidad de la Contraloría, pero sí tiene un papel clave en guiar la eficiencia en los servicios públicos.
Convengamos que los procedimientos y la complejidad de diversos contratos que hace el Estado crecen exponencialmente con nuestro desarrollo social y económico, mientras que la forma de controlar está más bien congelada, o bien crece a escala lineal, mucho más lento que el Estado y la economía que éste regula. Esa diferencia exponencial versus lineal va dejando una brecha enorme. Aclaro que para cerrar esa brecha no me refiero a comprar software o simplemente digitalizar un proceso para que sigan haciendo el mismo proceso, con abogados frente a un documento pdf en vez de un papel. Sí me refiero a implantar controles algorítmicos en tiempo real, control automático de contrataciones en municipios, escalar masivamente la supervisión basada en riesgos, etc. etc. Sin analítica de datos aplicada en el centro de los procesos, entonces no vamos a acortar la brecha de control. Ojalá los candidatos le presenten al Senado un plan serio de cómo lograremos más control con menos trancas.
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