20/11/2023 | 15:02

Han surgido en los últimos años varias entidades con finalidades similares. Como la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, o la Autoridad Independiente de Evaluación. Autodenominadas además "Independientes" cuando su presidente lo designa el del Gobierno que en cada momento tenga la mayoría parlamentaria.

Más racional, el gobierno de Cantabria siguiendo recomendaciones de la Airef y el Tribunal de Cuentas ha decidido reagrupar el número de organismos autónomos regionales, comenzando por eliminar, entre otros, el llamado "Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Respecto a la reciente y flamante Ley 2/20-2-2023 reguladora de la protección de quienes informen sobre infracciones normativas y de corrupción, decir que, ya soportada en nuestra Constitución, excede notablemente el ámbito previsto en la correspondiente directiva europea. Y que podría llevarse a cabo con muy escaso incremento de medios por el propio Tribunal de Cuentas, como señala Jorge Ferrán, Jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento 1ºF del propio Tribunal. Por razones de eficacia, eficiencia y economía. Por su experiencia de gestión de plataformas dirigidas precisamente a remitir información. Por integrar en su seno una fiscalía que daría mayor agilidad de traslado al Ministerio Fiscal. Y, entre otras razones más, porque justificada la creación por el riesgo que corra el transmitente de información, adolece de medidas que satisfagan el interés de quien asume ese eventual riesgo; lo que conllevaría una estructura burocrática vacía y carente de los efectos esperados respecto a la persecución de actividades delictivas o conductas corruptas.

Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Economía Política Y Regulación, USP-CEU.

La Razón, 29-10-2023

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