La reacción que puedan tener las personas o agentes económicos frente a la regulación no es algo nuevo. Tal como lo ha descrito Susan Silbey, una pionera en relación al estudio de la respuesta de los ciudadanos frente a las normas, “… the law is there to be negotiated, challenged, and defeated” (“… el Derecho está ahí para ser negociado, desafiado y vencido”). Esto es conocido también por la teoría económica de la regulación, donde las normas son definidas como incentivos que compiten contra (o se suman a…) otros incentivos para moldear el comportamiento de las personas. En general, las normas producen “efectos imprevistos” que siempre deben ser tenidos en cuenta por el regulador o policy-maker.

Existen casos muy gráficos de la adaptación a las normas. Por ejemplo, la norma que prohíbe llevar mascotas que no quepan en una bolsa o maleta en el metro de Nueva York:

Otro caso curioso, pero con una regla “privada”, es la que prohibe servirse más de una vez ensalada en Pizza Hut de Japón. Esta política trajo como consecuencia hasta la creación de manuales de (casi) ingeniería sobre como colocar las ensaladas en los platos para “optimizar”:

Un caso más dramático es el que llevó a lo que ahora se conoce como el “Efecto Cobra” (una de las formas como se ha caracterizado los efectos imprevistos de las normas, cuando producen resultados contrarios a los que buscan disuadir). Ante una plaga de cobras, al gobierno británico (cuando colonizó India) se le ocurrió ofrecer dinero al que llevara cobras muertas como evidencia. ¿Qué ocurrió? ¿Disminuyó la cantidad de cobras? No, los indios comenzaron a criar cobras en granjas para poder recibir la recompensa.

Ahora, vamos a nuestro ejemplo. En Perú -en base a anécdotas e interpretaciones anti-económicas- se llegó a la conclusión de que se requería más investigación de “calidad” y que la mejor forma para lograrlo era obligando a todas las universidades a ser “de investigación”; y, a muchos profesores y autoridades a contar con maestrías o doctorados. ¿El resultado? Un incremento de las investigaciones y títulos “bamba”, al tiempo que se reducía la oferta, tanto local como internacional (haciendo evidente el verdadero propósito de la reforma, en una -igualmente predecible- dinámica de “Bootleggers and Baptists”).

El hacer notar que esto era completamente predecible no es justificarlo, ni aplaudirlo. Sí llama la atención la cero autocrítica de los promotores de la “reforma universitaria”. Si asumimos su finalidad “declarada” (y no la real, mercantilista), la reforma ha sido mal diseñada y los resultados son una consecuencia de eso. No son consecuencia de una supuesta “contra-reforma”, que sirve como chivo expiatorio para no asumir su responsabilidad acerca del mal diseño de las normas que componen la reforma. ¿En qué fallan estas normas? Generan incentivos para comportamientos contrarios a los que buscan -al menos formalmente- reducir. Por su puesto, si la finalidad (real) de la reforma era reducir la competencia y aumentar el precio de la educación, lo ha logrado.