Las recomendaciones para la reforma del sistema de justicia, cuando contienen una perspectiva económica, suelen estar centradas en la parte privada/comercial de la justicia. En este caso, es fácil recurrir a recomendaciones como incluir incentivos de mercado en el sistema de justicia (mecanismos de precios, competencia, información). Sin embargo, la parte más “política” o “comunitaria” de la justicia permanece como alejada de esta perspectiva económica. No hay un motivo sustancial para que esto sea así. La justicia penal/política, al igual que la comercial, se beneficiaría de la inclusión de incentivos de mercado. En este breve comentario, delinearé algunas de estas propuesta enfocándome en la captura del sistema de justicia con fines políticos.
Primero, como en todo, lo que se requiere es identificar el problema. Así como en el área comercial los problemas radican en la demora y falta de calidad de las decisiones, en el ámbito político el problema radica en la captura del sistema de justicia para su uso político (lawfare). ¿Qué se puede hacer para atajar estos problemas?
- Dificultar la captura
La JNJ concentra la elección de todos los jueces y fiscales del país; además de los titulares de RENIEC y ONPE. La elección debe estar dividida en más manos. No puede ser que una sola institución (JNJ) tenga a su cargo el nombramiento de todos los jueces y fiscales del país. Parte de la elección podría ponerse en manos del pueblo (elecciones) y en otros organismos.
- Reducir incentivos para la captura
Ligado al punto anterior, la JNJ es un “botín” muy grande para intereses creados, lo cual aumenta el riesgo de captura. No solo elige jueces y fiscales (y otras autoridades), sino que tiene el poder de suspender incluso a jueces y fiscales supremos. Este poder debería ser más dificil de ejercer, por ejemplo requiriendo el concurso de otras instituciones, como el Congreso.
Simultáneamente, se podría repensar en la inmunidad de algunos funcionarios públicos. En el sistema legal peruano existe una aparente discrepancia (en relación a esto, ver artículo del profesor Carlos Hakansson aquí) entre el hecho de que un juez o fiscal supremo no pueda ser procesado salvo autorización del Congreso, pero simultáneamente pueda ser suspendido con un procedimiento express por parte del JNJ (lo que acaban de hacer con la fiscal supremo Patricia Benavides).
En este rubro también se podría pensar en reglas especiales para la prosecución (persecución) de rivales políticos. Keiko Fujimori, para no ir tan lejos, ha sido perseguida por años por el sistema de justicia. ¿Solo los funcionarios ya electos merecen una protección especial?
- Reducción del estado
Aunque podría estar en el rubro anterior, merece una mención aparte la necesidad de reducir la “cosa pública”. Si bien los problemas públicos existen y muchas veces requieren decisiones comunitarias para resolverse, no podemos dejar de reconocer que las cosas “comunes” muchas veces suponen incentivos para la corrupción y el abuso del poder. Tomen el caso de las carreteras en Perú. El país ha avanzado (o creído avanzar) impulsando mecanismos como las participaciones público-privadas o los arbitrajes para casos de expropiación u obras públicas. Sin embargo, en estos espacios es donde se ha encontrado la mayor corrupción, justamente. ¿En lugar de tener asuntos públicos con toques privados, no sería posible repensar un escenario donde esos asuntos pasen a ser privados?
- Riesgos de implementación
Sin duda, todas estas soluciones suponen riesgos en si mismas. No pretenden ser recetas, sino invitaciones a pensar. Por ejemplo, transmitir la elección a otras manos, supone la captura o ineptitud de los nuevos seleccionadores. Blindar funcionarios o candidatos supone riesgos obvios de abusos e impunidad.
Sin embargo, parece claro que hoy estamos inclinados hacia un lado de los costos, como si en lugar de intentar conseguir un balance, estuviésemos “casados” con una forma de hacer las cosas, a pesar de lo obvio y repetitivo de los malos resultados.
JNJ: ¿Cómo reformar la parte no comercial del sistema de justicia?
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19.12.2023
Las recomendaciones para la reforma del sistema de justicia, cuando contienen una perspectiva económica, suelen estar centradas en la parte privada/comercial de la justicia. En este caso, es fácil recurrir a recomendaciones como incluir incentivos de mercado en el sistema de justicia (mecanismos de precios, competencia, información). Sin embargo, la parte más “política” o “comunitaria” de la justicia permanece como alejada de esta perspectiva económica. No hay un motivo sustancial para que esto sea así. La justicia penal/política, al igual que la comercial, se beneficiaría de la inclusión de incentivos de mercado. En este breve comentario, delinearé algunas de estas propuesta enfocándome en la captura del sistema de justicia con fines políticos.
Primero, como en todo, lo que se requiere es identificar el problema. Así como en el área comercial los problemas radican en la demora y falta de calidad de las decisiones, en el ámbito político el problema radica en la captura del sistema de justicia para su uso........
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