Con este refrán solemos referirnos a las cuantiosas pérdidas que puede acarrear un pleito, tanto si se gana como si no, pues, aunque resulte favorable la sentencia, lo habitual es que no se quede en uno solo, con el consiguiente gasto, que en ocasiones acarrea la ruina. A esta interpretación que es la que facilita el Centro Virtual Cervantes, habría que añadir otra aún más preocupante y que no es otra que la que supone que determinados jueces puedan arruinar literalmente la vida, a los pobres desgraciados que caigan en sus juzgados.

En los últimos días, lawfare aparte, hemos asistido a demasiados episodios de esta naturaleza, como para no plantearnos muy seriamente, la necesidad de una reflexión sobre la deriva en que están incurriendo muchos jueces en este país y la impunidad con la que actúan.

Hace poco más de una semana, el ex magistrado Salvador Alba, condenado a seis años de prisión por manipular una instrucción para perjudicar a su colega Victoria Rosell, ha solicitado 23 años de cárcel para la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, al considerar que sus informaciones sobre el caso en los digitales Canarias Ahora y El Diario, invadieron su esfera privada y promovieron el odio contra él.

Carlos Sosa tendrá que sentarse en el banquillo por esos hechos después de que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid haya decidido abrir juicio oral contra él por tres delitos de revelación de secretos, dos de acoso y uno de odio en contra el criterio del Ministerio Fiscal, que no aprecia nada reprochable en las informaciones del periodista.

El pasado mes de julio la Audiencia Provincial de Huelva condenaba a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos a la periodista, Raquel Rendón, por publicar una serie de informaciones veraces, con el contenido de las diligencias abiertas por el asesinato de la profesora Laura Luelmo en la localidad de El Campillo en diciembre de 2018.

La pasada semana supimos de las vergonzantes respuestas del inquisidor mayor del reino contra Juana Rivas, el juez Píñar, investigado por un delito de odio, ante otro juez, negando que las bochornosas, homófobas, racistas y xenófobas publicaciones de sus redes sociales fueran suyas, añadiendo que, en caso de serlo, utilizarlas sería un delito contra su intimidad.

Lo de García-Castellón y sus ridículos europeos que están causando un daño irreparable a la imagen internacional de la justicia española, mejor lo dejamos para otro día.