Desgraciadamente, la corrupción, en forma de sospechas, denuncias, escándalos, sumarios, juicios, condenas o absoluciones, etcétera, ha formado parte de la vida política española prácticamente desde el inicio de la etapa democrática.

Y antes también, claro, pero entonces apenas se hablaba de ella, aunque la había. Y desde luego los partidos no han dejado de usar la mínima sombra de duda en la actuación del adversario como arma arrojadiza contra él. Los unos y los otros, los del PP y los del PSOE y todos los demás, cuando han tenido la ocasión. Tampoco es novedad que en tantos dimes y diretes aparezcan implicadas, con más o menos fundamento, personas muy próximas y familiares de altos cargos políticos. Se lo podrían preguntar a Juan Guerra, el hermano de Alfonso, que en los años noventa hizo correr ríos de tinta con las revelaciones sobre sus labores como conseguidor con despacho oficial en Sevilla. O, ahora mismo, al hermano y al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los que también se ha señalado y de cuyas actividades se ha extraído abundante munición para la artillería de los enemigos políticos de Isabel Díaz Ayuso. El uso político espurio, interesado y exagerado de cualquier sospecha de corrupción real o supuesta le da un aire sucio a la política española y la hace aparecer como más enfangada de lo que en realidad está. Pero también es verdad que los ciudadanos tienen derecho a conocer situaciones que, aunque sean legales, resultan chocantes y peligrosas. Nada hay de singular, por tanto, en lo que están viviendo el presidente Sánchez y su esposa. Lo que es inusitado es que el jefe de Gobierno de un país europeo de casi cincuenta millones de habitantes se ponga a sí mismo entre paréntesis, aunque sea solo por cinco días, generando una especie de vacío. Si está harto, puede dimitir o no. Lo que no debería hacer es torear a la ciudadanía, que también está muy harta. Y con mayor razón.

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