Se dice del pico y placa o al menos así lo definen algunos, como una de las medidas de contingencia más efectivas para reducir la cantidad de transporte particular y público que transita durante el día. Es una restricción vehicular que se implanta, aplica e implementa con el objetivo de solucionar el problema de la congestión; pero vemos en otras experiencias a este tenor desde la perspectiva del análisis económico del derecho, que ha resultado, demostraciones en mano, ineficiente, ya que ha dejado a las ciudades donde se ha puesto en práctica en una situación en las cuales no solo no se cumple con el objetivo mismo de la norma, sino que, por el contrario, se aumenta el parque automotor, lo que genera más congestión y contaminación.

Tiene impuesta Santa Marta hoy esa medida y entendería que le sobran razones de peso de índole diversa a nuestro Señor Alcalde para haberla aplicado; no obstante, me voy a remitir a canalizar en este artículo los generales comentarios de muchos de los habitantes de la ciudad que consideran de plano innecesaria la medida, además de agregar que el Alcalde no puede acceder bajo presión al capricho de unos pocos taxistas perjudicando ostensiblemente como está siendo, ni tampoco a la ciudadanía y comunidad en general.

Insisten en que el Alcalde levantó el Pico y placa para satisfacción de todo el mundo, puesto que la ciudad no requiere de esa medida ya que no es para nada algo esencial, razón por la que no justifican que unos pocos taxistas le hayan montado protesta al Alcalde, cerrado vías y manifestarse en la sede de la alcaldía, consiguiendo de nuestro mandatario ceder y volver a establecerlo, lo cual ha caído muy mal entre quienes utilizan sus vehículos para sus varios quehaceres personales, comerciales y profesionales.

Comentario general es también, que no puede someterse a la ciudadanía al monopolio, al imperio de los taxistas, quienes se ven altamente favorecidos con la medida, toda vez que las personas, ante el mal servicio público masivo, se ven obligadas a ocuparlos en detrimento de sus economías; y además, por cuanto son amos y señores de muchos de los espacios y vías de la ciudad, como es el caso de la carrera quinta, por la que solo transitan taxis y busetas.

Se insiste que en estos casos importa actuar de forma racional y optima, nunca irreflexivamente, sino como consecuencia de un análisis costo-beneficio, lo que supone que la norma puede contemplarse consistentemente como un incentivo para la mayoría y no para unos pocos, lo que da paso al problema denominado en la literatura como la tragedia de los comunes, que enseña que insistir en la satisfacción del interés particular supone costos sociales que pueden llegar, incluso, a la afectación negativa de satisfacer dichos intereses individuales, generando un desequilibrio social, puesto que se aleja la medida de las complejas dinámicas de la sociedad, que incluso una administración bien intencionada no capta adecuadamente, debiéndose estudiar lo cual y ojalá con expertos en la temática más a fondo, en dirección a un superior beneficio colectivo.

*Jurista.