No sé si todos los ciudadanos son conscientes de que aprobar la ley de amnistía, inconstitucional según una ingente cantidad de juristas de indiscutible prestigio profesional, además de un considerable número de expertos y analistas, es poner en cuarentena toda una legislación de delitos contra la integridad del Estado, la igualdad de todos los españoles y la legalidad democrática. Pero es que, además de esos delitos, que entre otras concesiones que tratan de exonerar el terrorismo de los artífices del “Tsunami”, surge la siniestra “conexión rusa” que eleva esa transgresión culpable a extremos inconcebibles. Recordemos, y así se ha publicado, que tanto en las instituciones europeas como en el Gobierno los socialistas han participado en procesos de investigación y han apoyado que se aclaren las relaciones del líder de Junts con el Kremlin. Parece que ahora se olvidan esas aclaraciones que, sin duda, complicarían sus relaciones con los nacionalistas y las negociaciones de la ley de amnistía o impunidad podríamos decir también. Y en tanto abundan los argumentos sobre la conexión y el terrorismo separatista huelgan opiniones cuando Sánchez, pasa de los jueces y dicta sentencia en Bruselas afirmando que todos los implicados serán amnistiados porque los independentistas no son terroristas. El golpe autocrático no puede ser más significativo y contundente.

Entre tanto y ante la posible comisión de un delito de traición arrecia la guerra con los jueces y el agresivo arsenal de injurias y calumnias que los independentistas de toda laya esgrimieron en la última sesión del Congreso de los Diputados con el silencio impresentable de su presidenta, Francina Armengol, tolerando insultos y acusaciones de una gravedad despreciable, asumiendo el relato del “lawfare” que tanto el gobierno como sus medios de comunicación afines han hecho también suyo. Y es que el ejecutivo parece cautivo de su acción contracorriente en varias esferas de la actualidad política, por ejemplo, en la financiación de la agencia de la ONU para Palestina distanciándose de Estado Unidos, Gran Bretaña y otros países europeos, algunos en espera de que se esclarezcan las denuncias por la presunta participación de doce trabajadores de la agencia de la ONU en los ataques terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre Mientras el ministro de Exteriores, Albares, asegura que la UNRWA es necesaria, la asesora legal de UNWatch, Dina Rovner, sostiene que está infiltrada por Hamás. Y en ese distanciamiento no olvidemos nuestra pasividad ante los desmanes de los huties de Yemen atacando a los barcos que surcan el mar Rojo y perjudican a la economía occidental. Es notable la indulgencia de nuestro gobierno con los terroristas de acá y de allá.

Y latente la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El PP se teme la trampa, porque el PSOE prioriza la renovación y los populares la reforma en la elección, que es, legalmente, lo que debe imponerse primero por una mayor independencia.