En esta tribuna europea nos hemos ocupado muchas veces de la ofensiva iliberal contra los valores comunes —principios constitucionales, Estado de Derecho, democracia, derechos— consagrados por la UE en su Derecho primario (art.2 TUE). La Hungría de Victor Orbán (Fydesz) se erigió tempranamente (desde 2010 en adelante), tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales/CDFUE, en punta de lanza de una deriva nacionalista y reaccionaria, cada vez más agresivamente europea, cuyo destacado epígono fue la Polonia de Kaszinky y Morawecki (PiS), seguida por los orbanitos de la República Checa y ahora, de nuevo, Eslovaquia.
El Constitutional Breakdown orquestado desde sus mayorías absolutas en Hungría y en Polonia motivó la iniciativa del Parlamento Europeo (PE) de activar sobre estos dos Estados miembros (EEMM) de la UE el procedimiento extraordinario de sanción (art. 7 TUE) ante el riesgo claro de una violación grave y sistémica de sus compromisos contraídos con el Derecho europeo y las sentencias del TJUE, cuyo contumaz incumplimiento condujo a la imposición de multas por la Comisión Europea y a la suspensión de su acceso a los Fondos de la UE (incluido el Recovery Fund tras la crisis del Covid), conforme a las exigencias del Reglamento UE de Condicionalidad del Estado de Derecho (en vigor desde 2021).
Pero también en varias ocasiones —siendo como he sido el Ponente por el PE del procedimiento de sanción del art.7 TUE— me he detenido en explicar que el síndrome de desacato a los valores comunes ha sido, a todo lo largo de estos años, más transversal y profundo en el caso de Hungría (con erosión de todos y cada uno de los estándares de reconocimiento de una sociedad democrática, incluidos altos índices de corrupción en el entourage de Orbán) que en el caso de Polonia (donde la obsesión predominante del Gobierno ultraconservador ha sido la de capturar el Poder Judicial y la Fiscalía, el Consejo Judicial y el Tribunal Constitucional, acabando con el menor resquicio de independencia e imparcialidad, en contradicción flagrante con las garantías del art. 47 CDFUE).
Así las cosas, tras una secuencia inabarcable de debates monográficos y Resoluciones aprobadas por el PE (Sesión Plenaria en Estrasburgo), el domingo 15 de octubre alumbró un soplo de esperanza con la victoria en las urnas de la coalición multicolor, liderada por el liberal Donald Tusk, antiguo Presidente del Consejo de la UE. Esta plataforma unitaria de fuerzas de oposición llevaba varios años bregándose en cada contienda electoral polaca por batir la prolongada hegemonía del PiS y acabar con sus políticas ultraconservadoras y restrictivas de derechos (en especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de los colectivos LGTBIQ+, bajo la acusación de propalar una supuesta “ideología gay”).
De acuerdo con el calendario de transición, la nueva mayoría parlamentaria (que integra desde la izquierda hasta el Partido hermano del PP europeo) podrá investir a Donald Tusk en el curso del próximo mes, sorteando las dificultades que pueda oponer el todavía Presidente de la República de Polonia, Andrei Dudda, esencialmente en sintonía con el saliente Ejecutivo ultra.
Pero la buena noticia trasciende los confines nacionales de este país principal en el proceso europeo, por su extensión, su población (casi 40 millones), su número de escaños en el PE (52, sólo detrás de Alemania, Francia, Italia y España) y su emplazamiento geográfico (frontera directa con Ucrania). En efecto, en toda la UE se abre la expectativa de que Polonia emerja del lado oscuro de la fuerza, en donde se ha autoconfinado durante los años del PiS, regrese a la senda proeuropea, cumpla las sentencias pendientes del TJUE y acate las reglas europeas tanto en el Decision Making como en el Law Making.
Sería. en este sentido, una formidable noticia que renaciese la esperanza de reincorporar a Polonia a la construcción del Pacto UE de Migraciones & Asilo en el que hemos trabajado duramente en el PE durante esta Legislatura, sumándose a una mayoría para su aprobación definitiva, en lugar de bloquearlo hasta ser minorizada (derrotada en el Consejo, Institución que reúne a los Gobiernos de los 27 EEMM, por su correspondiente mayoría cualificada).
Y un aspecto sensible: tanto presidiendo misiones del PE en Polonia (en mi calidad de Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, y de Ponente del procedimiento de sanción del art.7 TUE) como en sucesivos Hearings (Audiencias y Comparecencias sustanciadas en la Comisión LIBE) hemos escuchado testimonios fehacientes de jueces, fiscales, abogados, periodistas independientes, activistas de derechos y oponentes del Gobierno que han sido objeto de escuchas ilícitas y/o espionaje delictivo con el spyware Pegasus, altamente intrusivo, sobre el que trabajó una Comisión de Investigación (PEGA Inquiry Committee) durante un año largo.
Las conclusiones de nuestra Comisión de Investigación, de la que tuve el honor de ser miembro, son terminantes: entre ellas, prohibir su uso indiscriminado sin justificación de seguridad nacional contra amenazas criminales; condicionar su uso a estricta autorización y garantía judicial; establecer laboratorios de referencia para la detección de cualquier injerencia ilegal en la privacidad, en la protección de datos y en la confidencialidad de las comunicaciones personales. Corresponde a la Comisión Europea que surja de las próximas elecciones europeas, junio 2024, adoptar la iniciativa legislativa para el cumplimiento de estas exigencias, de modo que, una vez aprobada por el PE, sea luego transpuesta a las legislaciones nacionales de los 27 EEMM.
Necesitará, sin duda, tiempo. Ni la presión ejercida desde el PE (art.7 TUE y Reglamento de Condicionalidad), ni los procedimientos de infracción y el control sobre las autoridades polacas ejercitado por la Comisión Europea se disolverán de la noche a la mañana. Deberán ser sostenidos hasta verificar la corrección efectiva de los desafueros acumulados durante los Gobiernos de PiS: Pero renace la posibilidad verosímil de que Polonia vuelva a estar donde pertenece, y vuelva a ser un EM respetuosamente cumplidor del Derecho de la UE.
Polonia: billete de vuelta a los valores y al derecho de la UE
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02.11.2023
En esta tribuna europea nos hemos ocupado muchas veces de la ofensiva iliberal contra los valores comunes —principios constitucionales, Estado de Derecho, democracia, derechos— consagrados por la UE en su Derecho primario (art.2 TUE). La Hungría de Victor Orbán (Fydesz) se erigió tempranamente (desde 2010 en adelante), tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (TL) y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales/CDFUE, en punta de lanza de una deriva nacionalista y reaccionaria, cada vez más agresivamente europea, cuyo destacado epígono fue la Polonia de Kaszinky y Morawecki (PiS), seguida por los orbanitos de la República Checa y ahora, de nuevo, Eslovaquia.
El Constitutional Breakdown orquestado desde sus mayorías absolutas en Hungría y en Polonia motivó la iniciativa del Parlamento Europeo (PE) de activar sobre estos dos Estados miembros (EEMM) de la UE el procedimiento extraordinario de sanción (art. 7 TUE) ante el riesgo claro de una violación grave y sistémica de sus compromisos contraídos con el Derecho europeo y las sentencias del TJUE, cuyo contumaz incumplimiento condujo a la imposición de multas por la Comisión Europea y a la suspensión de su acceso a los Fondos de la UE (incluido el Recovery Fund tras la crisis del Covid), conforme a las exigencias del Reglamento UE de Condicionalidad del Estado de Derecho (en vigor desde 2021).
Pero también en varias ocasiones —siendo como he sido el Ponente por el PE del procedimiento de sanción del art.7 TUE— me he detenido en explicar que el síndrome de desacato a los valores........
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