Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un «shock» generalizado de una profundidad desconocida.
En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, «la práctica erradicación de la pobreza extrema» en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.
A lo largo de estos años y especialmente durante los duros meses de pandemia, el IMV ha sido una prestación que amortiguó el impacto de la crisis y contribuyó a reducir las tasas de pobreza en un número significativo de hogares que han accedido a rentas esenciales en situaciones de necesidad extrema, actuando como un mecanismo reductor de la pobreza infantil y de compensación de la desigualdad. Son numerosos los informes que, desde distintos enfoques y perspectivas, han coincidido en señalar estos elementos a lo largo de sus cerca de cuatro años de vigencia. Sin embargo, también existe unanimidad en destacar las numerosas limitaciones y disfunciones de una renta básica para las personas más desprotegidas que nació con el propósito de convertirse en el instrumento más importante para luchar contra la pobreza en nuestro país.
Si el IMV se creó con previsiones de llegar a cerca de un millón de familias, los medios desplegados para su gestión fueron tan insuficientes que muy pronto se demostraron incapaces de tramitar los cientos de miles de expedientes recibidos, añadiéndose la imposibilidad de obtener citas presenciales y una tramitación electrónica que limitaba su acceso a un buen número de personas vulnerables. Al mismo tiempo, las dificultades burocráticas y documentales planteadas junto al hecho de que diferentes comunidades y municipios redujeran sus sistemas de protección social para derivar usuarios al IMV, aumentaron todavía más los problemas en el alcance de este dispositivo, esencial en el llamado «escudo social» diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia y llamado a convertirse en una pieza fundamental para combatir las sucesivas crisis que desde entonces se han sucedido.
Uno de los problemas más llamativos para acercarnos al estudio del IMV es la dificultad para acceder a series estadísticas detalladas, algo que sorprende estando bajo la gestión de la Seguridad Social, una de las instituciones públicas que mejor información ofrece sobre los dispositivos que gestiona. Parece no haber existido voluntad de proporcionar a los investigadores un material esencial para nuestros estudios, como se ha insistido en diferentes ocasiones.
A pesar de las reformas y mejoras puestas en marcha por sus responsables para que pueda llegar a más personas vulnerables, los datos disponibles insisten en demostrar numerosas limitaciones necesitadas de corrección. Así lo señala el segundo informe sobre el Ingreso Mínimo Vital emitido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), publicado recientemente, en el que se apunta que el número de hogares receptores del IMV a diciembre de 2022 era de 284.000, dejando fuera de su alcance a otros 808.000 hogares más. A su vez, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), en vigor desde enero de 2022, estaría aplicándose en 274.000 hogares, dejando fuera a otros 1,5 millones con menores que podrían también recibirlo, con un alcance limitado de tan solo el 20 %, de manera que únicamente se está gastando el 47 % de todo el presupuesto asignado para el IMV. Por otra parte, el tiempo medio que tardaría en tramitarse una solicitud es de 120 días, siendo el 69 % de las solicitudes denegadas por motivos de distinta naturaleza.
Pero lo que es más grave es que el 95 % de las personas más desprotegidas en nuestra sociedad, como son el colectivo sin hogar, no acceden a esta prestación cuando podrían hacerlo, por falta de conocimiento, dificultades para obtener la documentación exigida o imposibilidad para atender los trámites burocráticos para su acceso, representando barreras infranqueables que aumentan su desarraigo y exclusión. Diferentes estudios destacan la necesidad de priorizar al colectivo del sinhogarismo en esta prestación, algo con un coste mínimo que generaría, en cambio, un enorme impulso social y personal sobre ellas. De esta forma, el IMV podría ser un mecanismo muy efectivo para reducir la pobreza extrema sobre el sinhogarismo en nuestras calles.
Son muchas las razones para impulsar una mejora del IMV, analizando su intersección con otros dispositivos existentes, acompañándolo de mecanismos efectivos de inserción laboral y residencial. Se trata, en definitiva, de que las prestaciones sociales lleguen a quien verdaderamente las necesita.
Nuevos enfoques para el Ingreso Mínimo Vital
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28.01.2024
Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un «shock» generalizado de una profundidad desconocida.
En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, «la práctica erradicación de la pobreza extrema» en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.
A lo largo de estos años y especialmente durante los duros meses de pandemia, el........
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