La necesidad de reformar el marco constitucional europeo, petrificado desde 2007 (fecha de la adopción del Tratado de Lisboa) es cada vez más evidente. Las políticas comunes han quedado obsoletas, sin apenas referencias al cambio climático, la digitalización, la robótica, o la inteligencia artificial. La salud pública sigue siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros, al menos formalmente, y a pesar de la pandemia de la Covid-19. Lo mismo sucede con la educación para la ciudadanía, incluyendo en su dimensión europea.

Cierto es que la Unión ha logrado actuar en la mayoría de estos campos, con el Pacto Verde, la central de compra de vacunas, o la primera ley de inteligencia artificial del mundo, explotando las bases legales adecuadas en el Tratado, o rozando el límite de las mismas con interpretaciones constructivas, como con el Plan de Recuperación y la emisión de eurobonos, o la propia política monetaria heterodoxa de compra de deuda pública en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo. Lo que ha generado frecuentes choques con el Tribunal Constitucional alemán, el cual ha venido a decir que acepta los fondos “Next Generation” como medida excepcional pero no su consolidación permanente. Pero no es razonable que la deuda europea, una vez creada, no se convierta en un instrumento más en la caja de herramientas macroeconómica de la UE.........

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