«Nada es, todo deviene». Georg W. F. Hegel
(1770-1831), filósofo alemán.
«Seño, seño, Patricia Maciá me ha llamado mañaco», terció de pronto en el debate plenario el popular Claudio Guilabert desde su bancada, apuntando con el dedo de acusar a la edil socialista situada justo enfrente. «Que se retracte o me chivo al director, digo, al alcalde», insistió, en busca de reparación moral, ante los gestos de extrañeza de su supuesta agraviante, quien aseguró después que solo fue un comentario que le hizo a Carlos González, impasiblemente sentado delante. «Son como mañacos», asevera que le dijo al ex alcalde, refiriéndose no a Guilabert en particular, sino al grupo popular en general (Vox inclusive, por concomitancia gubernamental). La presidenta plenipotenciaria, Irene Ruiz, se debatía entre enviar directamente a Maciá cara a la pared con los brazos en cruz o pedir al injuriado más pruebas de la afrenta.
Fue un ejemplo más, si cabe, de lo necesario que es disponer de un reglamento orgánico (ROM) que regule estas y otras cosas de la actividad municipal, que estipule con claridad qué términos pueden utilizarse en el debate político y cuales quedarían penalizados, por ejemplo, con rebajas de sueldo o, en casos graves, ver los plenos municipales de un año entero (seguidos).
Para paliar esta laguna (que a causa de la dilación es ya un lago de los grandes), el pleno aprobó inicialmente su ROM con los votos del tándem gobernante PP-Vox y la oposición de la ídem (PSOE-Compromís), como era de esperar. Un documento que debía de haber estado en vigor desde que hace 18 años Elche quedó incluida en la ley de Grandes Ciudades. Eso da una idea de la prioridad que los sucesivos gobiernos de izquierda y de derecha le han dado en este tiempo a esta normativa, que regula el funcionamiento de los órganos de gobierno del Ayuntamiento y cuestiones adyacentes. Poca o ninguna. Entre otras cosas porque su inexistencia daba pie a la discrecionalidad del grupo gobernante para gestionar a su antojo las sesiones plenarias y otros aspectos del devenir orgánico municipal.
El alcalde popular, Pablo Ruz, ha visto la oportunidad de marcar un gol por la escuadra a la procrastinadora izquierda y en cinco meses ha pergeñado con su equipo un ROM a su imagen y semejanza, como sin duda habrían hechos sus antecesores de haber sido más diligentes. Los Díez (el socialista Héctor y la compromisaria Esther), pese a la ventaja posicional que supone disponer de varios líberos con generosos emolumentos en sus equipos, pidieron la revisión del VAR, porque había aspectos que les parecían antideportivos e incluso flagrantes fueras de juego democráticos.
El PP, votando en el pleno del pasado lunes Antonio Amorós
Por ejemplo, que concejales con plena dedicación y el 100% de remuneración municipal puedan ejercer actividades profesionales fuera del Ayuntamiento, incorporando así una nueva acepción al término «exclusividad» (ahora el máximo para compaginar cargo público y trabajo privado está en el 75%, que tampoco es moco de pavo real). O cobrar pluses por ser portavoz de la junta de gobierno o la presidencia del pleno. O poder fichar a directores de área externos al funcionariado municipal, por si urge reforzar los 29 cargos de confianza que hay ahora.
El equipo de gobierno contraatacó con un par de regates y varios balones a la olla, aduciendo que habían sido generosos al admitir propuestas de la oposición. Pero no las más importantes, replicaron los Díez, quienes lamentaron que el ROM no se aprobara por unanimidad, ya que será una norma que persistirá en el tiempo y el espacio (salvo que la siguiente mayoría la modifique a su favor, claro). Se siente, es lo que hay, argumentó el popular José Navarro. Para clarificar aún más la situación, la portavox Aurora Rodil realizó otra nueva aportación semántica al enunciar que para el bipartito, consenso significa mayoría absoluta, porque la unanimidad no es más que dictadura. Como quedó demostrado en los varios puntos que se aprobaron en esa misma sesión de forma unánime por todos los grupos. Pura dictadura. En cualquier caso, la revisión de la jugada en la sala del VAR no modificó el resultado y el ROM del bipartito subió al marcador.
Sería conveniente, por lo tanto, que en la fase de alegaciones, quedara suficientemente clara la terminología apropiada a emplear, para que sus señorías sepan a qué atenerse y los ciudadanos no nos llevemos las manos a la cabeza cada vez que oigamos un improperio pensando que se ha cruzado alguna línea roja cuando en realidad es rosa pálido o verde castaño. Por ejemplo, habría que clarificar si son admisibles expresiones como «jefe de la Gestapo», que la popular Mercedes Alonso dirigió en un pleno de febrero de 2008 al entonces alcalde socialista Alejandro Soler (me atrevería a aventurar que conforme está el nivel de epítetos de la política española actual, resultará incluso ñoña).
O cuando la compromisaria Àngels Candela tachó a la entonces portavoz del PP de barriobajera y a su compañero Manolo Latour de zafio y garrulo, denuestos que motivaron el abandono del pleno por parte de los ediles populares. O cuando, tras el relevo en la Alcaldía, en el pleno de febrero de 2012 el portavoz socialista, Antonio Rodes, le espetó a la alcaldesa Alonso: «Usted habría entrado el 23-F cogida de la mano de Tejero en el Congreso». «Usted es un incendiario», le replicó la popular, antes de que los ediles del PSOE abandonaran el pleno en busca de los bomberos. O cuando en 2015 el edil del Partido de Elche, Jesús R. Pareja, aseguró que la alcaldesa le había llamado sarnacho al término del último pleno de la legislatura. Alonso lo negó y adujo que lo que le había dicho era «me gusta el gazpacho».
Eso por no retrotraernos más atrás, en concreto a los cinco plenos seguidos (ordinario y extraordinarios) de abril de 1993, probablemente los más tensos y convulsos de la actual etapa democrática. La crispación alcanzó tal cota que el alcalde socialista Manuel Rodríguez expulsó en varias ocasiones (casi cada una por sesión plenaria) a la portavoz popular, Mercedes Alonso («Vaya mierda de pleno», se la oyó decir), y a sus compañeros Manuel Ortuño y José Antonio Santonja. Este último fue sacado del salón casi en volandas por dos policías municipales ante su negativa a dejar el escaño. «Enajenado mental» fue una de las lindezas lanzadas contra el alcalde desde la bancada popular. Ese era el nivel. Como para asustarse de lo que se está oyendo y viendo últimamente.
Así las cosas, más allá de determinar cuánto tiempo tiene cada uno para intervenir, si se presenta tal o cual pregunta antes del pleno o si hay que cobrar más pluses y complementos, urge regular el uso de apelativos apropiados. Para conocimiento de los intervinientes y también para que la presidencia tenga claro si hay que llamar al orden o a un municipal. Por ejemplo, podrían permitirse, siempre que no exista contumacia ni malicia manifiesta, términos de rancio abolengo castellano (avalados muchos de ellos por nuestros insignes autores del Siglo de Oro) como: garrulo, petimetre, lechuguino, botarate, berzotas, alfeñique, caracartón, cenutrio, gaznápiro, gorrumino, panarra, tarugo, tarambana o zacandil. E incluso calificativos vernáculos como los susodichos mañaco y sarnacho, además de tronchicol, alficòs, apardalat, cabut, maganto, borinot, morusso, tabala o vaina, entre otros. Ahí lo dejo como una contribución ciudadana más al ROM.
Pero no todo es ROM en la actualidad municipal, ni mucho menos. Por ejemplo, el alcalde, continuando con su plan de redecoración de las dependencias nobles de la casa consistorial, y en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo, ha repintado parte de la sala del Consell de color burdeos cosecha del 96, colocado cortinajes suntuosos en consonancia y colgado más cuadros (San Agatángelo incluido), para dotar al salón del ambiente nobiliario que nunca debió perder. Ah, y otra cosa: el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación a 33 municipios por el retraso o retroceso en la aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) obligadas por la UE y el asunto climático. Elche es uno de los señalados. ¿Sorprendidos/as?
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