Escribir en estos tiempos de una sola cosa es casi un imposible. La genialidad de nuestros políticos y su empeño en ser algo, destacando por su verbo poco grácil, se constituye en obstáculo para bajar a una sola de sus ocurrencias. El espectáculo debe seguir y para ello lo mejor es mantener la tensión y el escenario siempre con el telón levantado. Incluso es bueno incorporar algunos titiriteros al guion.
Turull, que es licenciado en derecho –lo que demuestra que la Universidad no siempre transmite conocimientos y prudencia-, ha afirmado que la cúpula judicial habrá de comparecer en el Congreso para explicar los casos de lawfare contra el independentismo. Cree en su delirio y lo dice, que los jueces y magistrados están obligados a comparecer en el Congreso para explicar los procesos que han dirigido y/o resuelto y, en este marco, someterse a controles acerca de su actuación a los fines, dice el acuerdo de PSOE y JUNTS, de deducir las oportunas acciones penales o administrativas que consideren denunciar. Esto o, lo que es igual de improcedente, declarar como testigos de lo que ha acaecido en un proceso.
Este hombre debería volver a las aulas tras su paso poco aprovechado por ellas, al menos en este país y con el ordenamiento jurídico propio de los países civilizados de los que formamos parte. En ningún caso, en ninguno absolutamente, un Juez puede ser citado ante el Congreso para declarar sobre sus competencias jurisdiccionales, ser investigado ni, tampoco, testificar. Es un imposible en el Estado de derecho. Ni siquiera los superiores jerárquicos pueden intervenir en los asuntos de los jueces o tribunales inferiores, salvo por medio de los recursos establecidos. Que el Poder Legislativo pueda controlar a los jueces pertenece a esas cosas que solo pueden intuir los muchos autócratas que han renacido en este país con fuerza.
Ni un solo Juez comparecerá y ninguna resolución del Congreso podrá declarar posibles responsabilidades penales o administrativas, ni siquiera referir su eventualidad denunciando las que entiendan que proceden. El Tribunal Constitucional es claro al respecto. Leer su doctrina sobre estas comisiones legislativas merece un pequeño esfuerzo, aunque de gigante para los firmantes de ese pacto que ataca las bases del sistema democrático.
Mientras tanto, unos y otros intentan confundir a la ciudadanía con esto del lawfare. El PSOE, con malos asesores, pero buenos agitadores, pretendiendo equiparar el concepto con el uso espurio del proceso por parte de quienes solo buscan en él, fraudulentamente, beneficios electorales inmediatos e imputando al PP lo que es conducta común. Las querellas del PSOE terminadas en archivos o absoluciones se cuentan por cientos, previa, eso sí, petición de dimisiones jaleadas por la prensa adscrita o cercana al partido.
JUNTS, sin embargo, no oculta la realidad de lo pactado y afronta la verdad que esconde el acuerdo: sentar en el banquillo a jueces y magistrados que aplicaron la ley sin someterse a otras consideraciones-
En ese juego andan los dos partidos que antes incluso de poner en marcha los acuerdos ya difieren de lo acordado o se engañan entre ellos. De ahí que entren en el tablero los verificadores, pues nadie se fía del otro. Ridículo entre un Estado y una región que un tercero, de otro país, medie en un asunto interno. Es ridículo, pero es lo que tiene eso de cambiar de opinión con tanta ligereza como venalidad.
Dicen algunos desde esta nueva izquierda, imitadora del franquismo con demostrado aprovechamiento, que el Poder Judicial se mantuvo sin reformar tras la dictadura. Un mantra repetido sin excesivo interés en comprobar su desacierto. La realidad es que cambió y mucho. Un gobierno propio, el CGPJ, frente al control del Ministerio de Justicia. Una independencia plena frente a la dependencia anterior. La desaparición de los tribunales especiales. Cambió y para nuestra sorpresa, ahora, esta nueva progresía demanda la vuelta a aquellos tiempos tan del agrado de todos los autócratas que anhelan tribunales plegados al Ejecutivo. Porque eso es lo que subyace a lo dicho, que el nuevo progresismo está anclado en el pensamiento único y anhela un Poder Judicial militante. Si leyeran las leyes de desconexión catalanas y el nombramiento de su Tribunal Supremo por el gobierno, al igual que sucedía en nuestra II República con el presidente de ese órgano, tal vez algunos, los no atados y bien atados a la nueva ética –es un decir-, pondrían en tela de juicio su opinión y frenarían el porvenir anhelado.
Termino. No puede ya en este momento haber renovación del CGPJ sin una paralela aprobación de una ley que cambie el modelo. Por lógica y porque el sistema actual ha demostrado su uso político y los riesgos que entraña. El PP ha mantenido el actual órgano en funciones durante cinco años. De ahí solo se puede concluir que, de renovarse con las normas vigentes o sin cambiarlas para el futuro inmediato, el PSOE podría hacer lo mismo si llegara a dominar el que se conforme de nuevo. Una historia de nunca acabar que con seguridad se produciría porque así somos y porque el sistema lo soporta. Y no podemos volver a esta situación o confiar en que el ser político alguna vez se plegará a la cordura y la legalidad estricta.
La solución es volver a un modelo que reduzca los riesgos, que el mismo TC anunció en 1986, del parlamentario. Un modelo moderado que sirva para evitar también el peligro de un excesivo poder de las asociaciones judiciales. Y, en todo caso, con una renovación automática e imperativa una vez transcurrido el plazo y sin depender de los partidos. Piensen y lleguen a acuerdos razonables compatibles con la Constitución aunque esto último les cueste.
Todo puede ir a peor
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12.12.2023
Escribir en estos tiempos de una sola cosa es casi un imposible. La genialidad de nuestros políticos y su empeño en ser algo, destacando por su verbo poco grácil, se constituye en obstáculo para bajar a una sola de sus ocurrencias. El espectáculo debe seguir y para ello lo mejor es mantener la tensión y el escenario siempre con el telón levantado. Incluso es bueno incorporar algunos titiriteros al guion.
Turull, que es licenciado en derecho –lo que demuestra que la Universidad no siempre transmite conocimientos y prudencia-, ha afirmado que la cúpula judicial habrá de comparecer en el Congreso para explicar los casos de lawfare contra el independentismo. Cree en su delirio y lo dice, que los jueces y magistrados están obligados a comparecer en el Congreso para explicar los procesos que han dirigido y/o resuelto y, en este marco, someterse a controles acerca de su actuación a los fines, dice el acuerdo de PSOE y JUNTS, de deducir las oportunas acciones penales o administrativas que consideren denunciar. Esto o, lo que es igual de improcedente, declarar como testigos de lo que ha acaecido en un proceso.
Este hombre debería volver a las aulas tras su paso poco aprovechado por ellas, al menos en este país y con el ordenamiento jurídico propio de los países civilizados de los que formamos parte. En ningún caso, en ninguno absolutamente, un Juez puede ser citado ante el Congreso para........
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