No hace mucho que la Audiencia de Alicante celebró un juicio por corrupción en el que los sobornos por los que fueron condenados un exalcalde y dos exediles populares de Calp se contaban en pesetas. Un proceso por unos hechos que datan de finales del siglo pasado y que aún hoy sigue pendiente de sentencia firme. Algo similar ha ocurrido con el exregidor socialista de Bigastro José Joaquín Moya, quien a punto está de ingresar en prisión tras un periplo judicial que comenzó en 2008. O con su colega de partido José Manuel Gálvez, exalcalde de Jacarilla, al que la Fiscalía acusó por corrupción en 2018 pero quien no había sido juzgado hasta ahora, cuando problemas de salud agravados por la edad han obligado a aplazar la vista unas semanas.

Y eso sin contar con Ángel Fenoll, el empresario de Orihuela que con sus grabaciones dio origen al caso Brugal allá por 2006 mientras en 2024 se sigue esperando a que el Supremo diga la última palabra en la primera de las causas que llegó a juicio de la veintena en que se dividió la operación. Un empresario en plenas facultades cuando se produjeron unos hechos por los que lustros después ha sido juzgado pero cuyo estado de salud se está esgrimiendo ahora para solicitar que no ingrese en la cárcel.

Procesos, todos ellos, que han sufrido dilaciones indebidas atribuibles en casos al legítimo derecho del acusado a intentar retrasar al máximo lo que podría acarrearle una condena como, en muchos otros, provocadas por el deficiente funcionamiento de la administración de Justicia, que es lo más grave.

Porque son los operadores jurídicos (magistrados, fiscales, abogados...) quienes tienen la obligación de procurar que se cumpla aquello de que la Justicia solo lo es si es rápida.

Y la Audiencia de Valencia tiene hoy la oportunidad de demostrarlo si, tras la incuestionable suspensión del juicio a Eduardo Zaplana por la enfermedad de su letrado, acuerda un nuevo señalamiento que no dilate el fin del proceso para cuando ya no importe.