1.- Comenzó la última etapa de la narcotiranía cuando los colaboracionistas pactaron con Maduro remover a Guaidó quien ejercía legítimamente como Encargado de la Presidencia de la República conforme a la Constitución. Su continuidad ponía en evidencia a Maduro como usurpador al frente de un gobierno ilegítimo o de facto. Era, por tanto, un obstáculo para los planes de Maduro. Apartar a Guaidó fue, pues, un servicio prestado a Maduro por los colaboracionistas. Y seguramente no lo fue gratuito.

2.- Apartado el obstáculo representado por el interinato de Guaidó, que impedía constitucionalmente la candidatura y reelección del usurpador Maduro para el período 2025-2031, no existiría ahora impedimento alguno. Al no haber interinato de Guaidó no hay entonces usurpación por Maduro, considerándosele legitimado como Presidente de la República. Eso piensan ellos. Pero sucede que la usurpación, declarada formalmente por la Asamblea Nacional entonces en funciones y por la Comunidad Internacional, es un delito gravísimo de lesa patria que no ha prescrito ni puede prescribir por ahora porque es de ejecución continuada, por lo cual su ejecución sólo cesará cuando el usurpador entregue al presidente electo que le suceda. Y será entonces, desde esta fecha, cuando comenzará a correr el lapso de prescripción del delito. Así, pues, de la persecución penal por únicamente este delito sólo escaparía Maduro si negocia con el presidente electo a quien le entregue el cargo.

3.- Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, reconocido internacionalmente, anuló por inconstitucional el cese de Guaidó. La sentencia está en fase de ejecución, pendiente de que sea designado un Encargado de la Presidencia de la República.

4.- Resulta obvio que no puede ser reelegido Presidente de la República el que, por no haber sido electo ni prestar el juramento ante la Asamblea Nacional, usurpe el cargo “por acto de fuerza”. No puede invocar derecho a la reelección puesto que no fue electo para el período presidencial que termina.

Es, por este motivo, inelegible por aplicación del Art. 333 de la Constitución, que ordena en tal supuesto deponerlo para restablecer su vigencia efectiva (CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL).

5.- Además Maduro está sometido a condena definitivamente firme que le ha sido impuesta por el TSJ legítimo. No la ha cumplido, estando por tanto en desacato, prevalido de la USURPACIÓN de la Presidencia de la República.

6.- En conclusión, MADURO está inhabilitado para ser candidato presidencial a la reelección por ser inelegible para el cargo. Hablo de INHABILITADO para hacer gráfica su situación jurídica. Sabemos que INELEGIBLE es de mayor entidad, porque emana de la Constitución.

7.- Parece ocioso lo que aquí sostengo. Lo hago porque la historia enseña que se deben tener todas las cartas en la mano porque nunca se sabe con cuál tocará jugar.

Jesús Petit Da Costa