Un mes de puras turbulencias ha vivido la población argentina tras el recambio de autoridades nacionales. Luego de la alegría y el alivio que significó la derrota del kirchnerismo en el ballotage del pasado 19 de noviembre, empezó la reconstrucción de una sociedad maltratada y empobrecida.

Javier Milei había adelantado a lo largo de la campaña que la tarea sería larga y compleja, pero también prometió, y allí radica parte de su triunfo, en que el ajuste «esta vez lo pagará la política y no la gente». Esa afirmación se interpretó como el inmediato recorte de los extendidos privilegios de los que gozan los burócratas, desde sus millonarios sueldos a las ventajas adicionales por el solo hecho «pertenecer» a la obesa corporación política.

Mientras esos recortes no terminan de visualizarse, hubo que afrontar una inmediata devaluación del 50% de un día para el otro, el fogonazo inflacionario que provocó la medida sumada al arrastre de la emisión desbocada heredada del gobierno anterior, más la suba de tarifas, en particular la del combustible, tras la liberalización de los precios. La enorme maraña de planes sociales que aporta el Estado nacional para paliar la pobreza sigue funcionando y aquella pequeña porción de la población que se encuentra dolarizada, porque siempre ha tenido capacidad de ahorro, está pudiendo sobrellevar el impacto económico de estas primeras medidas. Pero el cambio de políticas trasladó el peso del ajuste. Los jubilados y la clase media pasaron a ser los sectores vulnerables de este modelo. En ambos casos son millones de personas que deben hacer frente a una notable suba del costo de vida sin ayuda estatal ni respaldo económico más que el de los ingresos que generan con sus empleos, que pierden poder adquisitivo por minuto.

Paradójicamente, los estudios señalan que entre esa población se encuentra gran parte del votante de la fórmula Milei-Villarruel y, aunque entienden que las medidas de ajuste eran........

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