Estamos en el horizonte de sucesos de un agujero negro político desde el que todavía puede emitirse alguna luz; pero dirigidos a ser tragados irremisiblemente hacia un estado del que desconocemos todo. Quien dirige la acción de aprobar la amnistía a los encausados por el golpe de Estado de los independentistas catalanes de 2017 es el mismo Pedro Sánchez que aprobó la aplicación del artículo 155 en Cataluña y afirmó reiteradamente que se trataba de una rebelión contra el Estado y no una sedición. El salto a lo desconocido, ya pactado con ERC, acompañado con la condonación de la deuda de Cataluña, supone acabar con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley contemplado en la Constitución y en el Tratado de la UE, además del resto de principios que han inspirado a la UE: la solidaridad, la democracia, el Estado de Derecho (artículo 21). Nos aboca como última defensa contra la arbitrariedad del poder a la vía contemplada también en el Tratado, artículo 19.3: el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará: sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas; con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la UE o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones.
Sobre la dependencia de la fiscalía de la Audiencia Nacional del Gobierno ilustra el hecho de que antes de 23J calificara los actos del 2017 de Tsunami Democràtic, que incendiaron Barcelona y asaltaron el aeropuerto de El Prat, como terrorismo, y tres días después de las elecciones, como disturbios públicos. Para Ábalos no era terrorismo, era «democracia», porque expresaba la voluntad popular, por eso van a amnistiarlos (a ver si también califica así el hostigamiento de las sedes del PSOE por los ultraderechistas, el «jarabe democrático» que reivindicaba Pablo Iglesias). Igualmente pasa con los letrados del Congreso que calificaron hace un año a la amnistía como inconstitucional y ahora se disponen a avalarla en un contexto de subordinación institucional de un Tribunal Constitucional ajeno a la imparcialidad, de mayoría decidida por el presidente del Gobierno. La imputación del juez García Castellón a Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo fija las bases para impugnar la amnistía ante la UE y la ONU. Según el acuerdo del CGPJ del pasado lunes, si se proclama la amnistía España dejaría de ser un Estado de Derecho y se crearía una casta política por encima de la ley, se destruiría la independencia judicial y se vulneraría el Tratado de la UE. Es evidente esta deriva. Que el Parlamento, a instancias del PSOE proclame la amnistía, supone la desaparición de la independencia judicial y el fin del imperio de la ley.
La condonación de parte de la deuda de Cataluña es, según palabras de Feijóo, corrupción, pues supone comprar con dinero de todos los ciudadanos los siete votos de Puigdemont para conseguir la investidura de Sánchez. Es así. Además, las deudas, aunque se condonen no desaparecen. En efecto, si no se pagan las tiene que asumir el acreedor, en ese caso el Estado, o sea todos y cada uno de los ciudadanos. Lo mismo pasa si, para tranquilizar al resto de comunidades, se extiende la medida a todas las endeudadas: se disminuye en la misma cantidad el presupuesto de ingresos, con lo cual, o bien se reducen las prestaciones del Estado o lo más probable: se incrementan todavía más los impuestos. En comunidades sin deuda con el Estado, obligando a pagar más impuestos para pagar la deuda de las endeudadas.
Sánchez cometió un error garrafal al proponer en el comité federal del PSOE la amnistía. Desde ese momento Puigdemont sabía que Sánchez estaba en sus manos. El fugado de la Justicia sabía que Sánchez no tenía vuelta atrás. Se permite chulearlo por delante y por detrás, hacerle «mear sangre» como había dicho. Se desarrollan las conversaciones bajo la foto exaltadora del 1 de octubre de 2017 y se interrumpen al albur de la necesidad del prófugo de que no se abandone a ninguno de sus soldados. No ya a los encausados por el golpe de Estado, también a los incursos en otros delitos, como la corrupción de Laura Borrás, o los tratos de sus fieles con los enviados de la Rusia de Putin coqueteando con la presencia de los mercenarios de Wagner, o las acusaciones contra su abogado Gonzalo Boye, implicado en el caso de un narcotraficante, con la misma estrategia de Trump, el lawfare. Sánchez ya no puede dar marcha atrás, sería su suicidio político volver sobre sus propios pasos, y el acuerdo sobre la amnistía y la condonación de deuda con ERC sería papel mojado sin Gobierno. Puigdemont va a exprimirlo hasta el punto de no retorno para humillarlo todavía más y acumular ventaja de compensaciones sobre su más odiado rival, Junqueras y ERC. No es Sánchez quien va a decidir el próximo Gobierno de España, sino un delincuente que pastorea siete votos.
Los sanchistas irredentos, emboscados en las redes sociales, amparados en la impunidad y cobardía del anonimato, disponen de la solución creativa para la crisis de la amnistía y de la formación de gobierno: que el PP sea coherente con el patriotismo del que gallean y preste los siete votos que necesita Sánchez para la investidura y neutralice a Puigdemont. Valientes visionarios, ni saben qué es patriotismo ni que, como decía Samuel Johnson, es el último refugio de los canallas. Primero, ignoran a sabiendas, que Sánchez ya ha propuesto la amnistía en interés de España, no de Puigdemont y sus siete votos (sic), es España y la pacificación de Cataluña. En segundo lugar, la amnistía ya la tiene pactada con ERC. Por tanto, si la desdeñara ahora con siete votos del PP también perdería los siete de ERC, posiblemente también los del BNG, con lo cual seguiría necesitando siete u ocho votos más, necesitaría que el PP le prestara hasta quince votos más (uno del BNG). Y aun así es imposible el voto de quince diputados del PP a un Gobierno de Sánchez apoyado en un programa pactado con los comunistas de Sumar, Podemos y EH Bildu. No sería patriotismo, sino traición a la nación, fraude electoral y, finalmente, suicidio. Hacerlo con sus 137 diputados sería rematar a la moribunda democracia española.
En el horizonte de sucesos
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10.11.2023
Estamos en el horizonte de sucesos de un agujero negro político desde el que todavía puede emitirse alguna luz; pero dirigidos a ser tragados irremisiblemente hacia un estado del que desconocemos todo. Quien dirige la acción de aprobar la amnistía a los encausados por el golpe de Estado de los independentistas catalanes de 2017 es el mismo Pedro Sánchez que aprobó la aplicación del artículo 155 en Cataluña y afirmó reiteradamente que se trataba de una rebelión contra el Estado y no una sedición. El salto a lo desconocido, ya pactado con ERC, acompañado con la condonación de la deuda de Cataluña, supone acabar con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley contemplado en la Constitución y en el Tratado de la UE, además del resto de principios que han inspirado a la UE: la solidaridad, la democracia, el Estado de Derecho (artículo 21). Nos aboca como última defensa contra la arbitrariedad del poder a la vía contemplada también en el Tratado, artículo 19.3: el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará: sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas; con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la UE o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones.
Sobre la dependencia de la fiscalía de la Audiencia Nacional del Gobierno ilustra el hecho de que antes de 23J calificara los actos del 2017 de Tsunami Democràtic, que incendiaron Barcelona y asaltaron el........
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