Fernando López Miras firmó ante notario con los cuatro tránsfugas de Ciudadanos que los incluiría en la lista del PP para las siguientes elecciones autonómicas.
El hecho se produjo el viernes, 12 de marzo de 2021, momentos antes de anunciar la constitución del nuevo Gobierno con tres de ellos (el cuarto se mantuvo como presidente de la Asamblea Regional), y prácticamente a la misma hora en que los entonces secretario general del PSOE, Diego Conesa, y coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, firmaban en el Palacio de Guevara, en Lorca, el acuerdo de Gobierno que habría de surgir de la moción de censura presentada por ambas formaciones y que debía presidir la dirigente naranja.
La televisión autonómica, La 7, mantuvo durante un largo e insólito tiempo un plano general de la sala de San Esteban en que se anunciaría el nuevo Gobierno del PP, una vez desactivada la moción por la retracción de los diputados tránsfugas. La tele, los periodistas y algunos invitados tuvieron que esperar más de lo habitual en este tipo de comparecencias. Y es que desde las nueve de la mañana, y en sucesivas visitas, el presidente, López Miras; la vicepresidenta, Isabel Franco; el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, y los diputados Valle Miguélez y Francisco Álvarez acudían a la oficina del notario José Miguel Orenes Barquero, domiciliada en Alfonso X el Sabio, 8, entresuelo, para firmar un acta de manifestación por la que el primero se comprometía a incorporar a los demás a las listas electorales del PP para la siguiente legislatura, que se iniciaría dos años después. Por supuesto, este acuerdo nunca se hizo público.
No es posible detallar si accedieron a la notaría de uno en uno o por parejas, pero es seguro que no lo hicieron en grupo, y muy posiblemente el presidente y la vicepresidenta acudieron juntos. La redacción del documento fue aportada, al parecer, por el PP, aunque los de Cs contaron con el asesoramiento del abogado Antonio Sánchez Lorente, hombre de confianza de Franco, de cuya consejería era secretario general y que más tarde fue nombrado consejero de Transparencia y Emergencias, cargo del que dimitió cuando se vio desbordado por el conflicto de los bomberos.
La iniciativa de condicionar al presidente a firmar este documento fue, al parecer, de Valle Miguélez. Recordemos que el grupo de Cs en la Asamblea estaba fraccionado por parejas: Martínez Vidal y Juanjo Molina, quienes se mantuvieron leales al partido; Franco y Álvarez, que formaban tándem, y Miguélez y Castillo, que tenían mejor entendimiento entre ellos que con los demás. Desde luego, Franco y Miguélez no compartían muchas cosas aparte del saludo, si acaso.
Quien desactivó en la práctica la moción de censura fue Franco, pues la misma noche en que la firmó en la sede de Ciudadanos, en Centrofama, advirtió telefónicamente a López Miras y al alcalde de Murcia, José Ballesta, de lo que se les venía encima. (El relato pormenorizado de lo que sucedió entonces puede recuperarse en mi artículo «Albert Rivera hizo fracasar la moción de Arrimadas en Murcia y puso la puntilla a Ciudadanos», La Opinión, 6 de marzo de 2022). Por tanto, desde la misma noche en que firmaron la moción, Franco y Álvarez necesitaban del acuerdo de Miguélez y Castillo para que Martínez Vidal no fuera presidenta del Gobierno. Miguélez, con el presidente de la Asamblea, se unió a ellos, pero exigió, al parecer, que López Miras se comprometiera a mantener en la vida política a quienes lo salvaban de la moción más allá de los dos años que restaban de legislatura.
En las distintas confidencias a terceros, algunas involuntarias, que hemos cruzado para confirmar el contenido de este artículo, se coincide en que Franco quedó insatisfecha del acuerdo, ya que parecía sospechar de que Miguélez, además de garantizarse un puesto en la candidatura del PP hubiera precisado el número de orden en la lista, pues no es lo mismo ir en el puesto siete que en el veintisiete. Pero, al parecer, el documento firmado por los cinco es idéntico, aunque lo hicieran por separado.
Como es notorio, el presidente no cumplió lo firmado en el ecuador de la anterior legislatura. Llegado el plazo electoral para el 28 de mayo de 2023, anunció unas listas en las que no aparecía ninguno de los diputados tránsfugas. ¿Cómo es, entonces, que éstos no hicieron valer el compromiso? Pueden aventurarse diversas hipótesis. Una, que hacerlo habría devaluado la opción del PP por una ‘mayoría necesaria’ ante un Vox creciente, y les habría emplazado para cargos en el Gobierno, aunque esto último es improbable. Otra y principal: los diputados tránsfugas carecen de autoridad moral para hacer valer una firma cuando ellos mismos tardaron tres días en desdecirse de la suya, con la que rubricaron la moción de censura. Y una tercera: no podían admitir públicamente que quisieron forzar su continuidad en política, ahora de la mano del PP, cuando argumentaron que se bajaron del pacto PSOE/Cs, que precisaba del apoyo parlamentario de Podemos, para que no gobernara la izquierda y para mantener la estabilidad.
Es posible que López Miras, conocedor de estas contradicciones, se haya desentendido de lo acordado con los tránsfugas al sobreentender que ellos son los primeros interesados en no hacer público el pacto. Y porque es probable que algunos mantuvieran la esperanza de que el presidente, más tarde o más temprano, los recuperaría para algún cargo, pues ya dio buena prueba de agradecimiento cuando en la última remodelación de la anterior legislatura, en el sprint final de ésta, retuvo en el Gobierno a Franco y Miguélez a pesar de que no las necesitaba como diputadas. Se limitó a descargar de las competencias de Política Social a la vicepresidenta para evitar que siguieran creciendo peligrosamente las críticas soterradas del sector.
En este sentido, la incorporación hace unos días de Francisco Álvarez como asesor de la consejería de Economía podría significarlo como el primero de la fila. ¿Detrás de él vendrán los demás? Se rumorea desde hace algún tiempo que Franco o Castillo podrían ir a la dirección de RTVMUR o que habría un puesto en la oficina de Bruselas para Miguélez. Álvarez ha sustituido en Economía al hermano del portavoz parlamentario del PP, Quino Segado, Domingo, quien se ha hecho cargo de una fundación o algo así. Pero el que fuera portavoz del Grupo Parlamentario de exCs tiene perfil propio. En realidad es un veterano militante del PP que, por conflictos internos en Alcantarilla, fue uno de los primeros fundadores de Cs con una candidatura local, y cuando concluyó la anterior legislatura volvió a solicitar el carné de la gaviota. Tiene buen predicamento en la cúpula del PP y su inserción en la Administración no parece el pegado postizo de los remates de Cs. Por otro lado, no precisaría de amparo alguno, pues siempre ha presumido de que su función de agente comercial de una gran empresa, de la que está en excedencia, le proporciona unos ingresos superiores a los que obtiene de la vida política, a la que se dedica, según declara, por una pasión personal.
Digo lo anterior porque el fichaje de Álvarez no es necesariamente un indicio de la repesca de los otros tres. O sí, quién sabe. Pero por mecanismo intuitivo sería mejor no apostar por esto. Lo cierto es que, sin duda, su recuperación habrá revuelto el avispero donde anidan los otros.
Los tránsfugas de Cs son muñecos políticamente rotos que ganaron dos años en el poder sin calcular que esto era pan para hoy y hambre para mañana. Y cuando calcularon lo hicieron mal, aspirando a prolongar cuatro años más de sueldo parlamentario a la sombra del partido al que habían prometido en campaña sacar del poder. Y olvidando la máxima de que Roma no paga a traidores. ¿Quién en su sano juicio metería en un Parlamento a cuatro tránsfugas? El que la hizo una vez...
Tiene un papel particular en esta historia el que fuera presidente tránsfuga de la Asamblea, Alberto Castillo. Por la suma de votos que hacían decaer con suficiencia la moción de censura, se permitió el lujo de jugar a la abstención, y encima presumiendo de que lo hacía por atender a la imparcialidad que se le suponía a su cargo, obtenido por el largo dedo de la dirección central de Cs contra la que se rebeló después. Detrás de aquella abstención tan institucional había un papelito, que consta en la oficina del notario, que le garantizaba un sillón en la Asamblea hasta 2026. Garantía caducada, claro, en el momento de activarla.
Y una duda legítima. ¿Existe también algún acuerdo oculto, cumplido o no, con los otros colaboradores necesarios, los ex de Vox Liarte y Carrera? Ellos también jugaron un papel decisivo en la anulación de aquella moción de censura, en su caso ideológicamente más consecuente, pero ¿se limitaron a exigir y obtener una consejería en el Gobierno o también pretendieron aviarse el porvenir para después de concluida la fiesta?
Y lo último y no menos importante, sino lo más: ¿qué hace el presidente de la Comunidad prometiendo cargos para el futuro ante un notario? ¿Hacer esto es más o menos grave que incumplir lo firmado? El hecho de que el incumplimiento, en este caso, constituya un alivio, no resta gravedad al compromiso.
No es la única vez: ahí están los WhatsApp que intercambió con Patricia Fernández, publicados en su día por La Opinión, en la antesala del congreso regional del PP, en los que aceptaba una lista cremallera para las autonómicas con los partidarios de uno y otra. Aquella vez no fue al notario, como le reclamaba la alcaldesa de Archena, pero para el caso habría sido lo mismo. Podríamos jugar a la sopa de letras (¡y qué sopa!) imaginando unas listas electorales en que se entrelazaran los candidatos de López Miras, de Fernández y los tránsfugas de Cs.
Si el PP reprocha a Pedro Sánchez que es capaz de firmar cualquier cosa para mantenerse en el poder, ¿a quién tenemos más a mano, después de este relato, para poner en el espejo?
Lo que no he podido saber es quién pagó al notario. Qué más da, si es papel mojado.
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