La cesión de competencias a Cataluña por Gobiernos de distinto signo, PSOE y PP, desde la Transición ha sido el motor para su ampliación al resto de Comunidades autónomas. Es una derivada lógica del hecho de que el Estado no puede delegar a capricho funciones que le son propias a una autonomía y negárselas a otras que las reclamen. Ejemplo: la Región de Murcia gestiona el Puerto de Cartagena porque Aznar concedió en su día la guinda portuaria estatal a Pujol.

Pues bien, sería inexplicable que la ley orgánica que es necesario aprobar para delegar a Cataluña las competencias sobre inmigración, resultado del pacto para la validación parlamentaria, el pasado miércoles, de los decretos leyes del Gobierno socialista, redujera su alcance a una sola Comunidad.

Ya estoy viendo salivar al vicepresidente regional del Gobierno murciano, José Ángel Antelo, quien hasta ahora, como consejero de Interior y Seguridad, carece de competencias sobre la inmigración, siendo este epígrafe parte sustantiva del programa político de su partido, Vox. La devolución en caliente y el cierre de los centros de atención a menores inmigrantes son, entre otras, líneas de actuación proclamadas en las campañas electorales de ese partido.

Nada de esto se puede hacer desde el Gobierno regional mientras las competencias sean del Estado, pero si fueran delegadas a las Comunidades puede suponerse el efecto que tendrían en Murcia. No muy diferente al que tendrán en Cataluña, pues Junts, como antes CiU, es un partido que contempla la inmigración no sólo desde una perspectiva xenófoba, según señaló Pedro Sánchez en su día en sede parlamentaria, sino también clasista, de acuerdo a una tradición que viene de la inmigración interior, retratada por Juan Marsé en el charnego literario Pijoaparte, y cuya mentalidad expresaba con ingenua simpleza la mujer de Pujol, Marta Ferrusola.

Que el Gobierno socialista de coalición exponga la inmigración a manos racistas indica muy bien en qué va acabando el PSOE.