Empezamos a constatar lo que significa un ‘Gobierno de alto perfil político’. Un ejemplo: de las once nuevas plazas de jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia considera necesarias para agilizar el funcionamiento de este servicio esencial del Estado de Derecho, tan sólo le ha sido concedida una. No cinco ni seis ni cuatro: una y gracias. Y esto en el marco de una más generosa dotación para otras Comunidades autónomas.
Otro ejemplo: el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha valorado el trazado demencial del Ave a Madrid por Alicante poco menos que como una oportunidad para los pasajeros de ampliar el disfrute del paisaje. Esta displicencia nos anuncia que para el futuro se impondrán los argumentos frikis a las razones funcionales, que en este caso es un gesto aún más gratuito cuando el ministro socialista lo tenía tan fácil: el trayecto del Ave fue ordenado por un Gobierno del PP que contó con que un Ejecutivo regional de su mismo partido plegó bandera ante los barones de otras autonomías más influyentes.
Todo indica que en adelante disfrutaremos de grandes y divertidas tenidas entre el senador popular Francisco Bernabé y el ministro Óscar Puente, aunque infructuosas a efectos prácticos, y con la consecuencia añadida de que por la frivolidad prepotente de un Gobierno que desprecia toda legítima demanda de territorios comanche como Murcia, cargará de razones al PP y diluirá las cuestiones críticas bien estructuradas que en determinados asuntos maneja el PSOE.
Ya solo faltaba que el Gobierno central acabara validando de manera expresa el discurso tradicional del presidente murciano, Fernando López Miras, consistente en victimizarse ante supuestos desplantes o discriminaciones a una Región en que los socialistas no despegan de su suelo y por eso sería castigada. Hasta ahora, el PSOE podía oponer incrementos de inversiones en los Presupuestos del Estado, ayudas directas para determinados sectores y la continuidad de los procesos de licitación y obras de algunas importantes infraestructuras, como las ferroviarias, por ejemplo.
Pero la alegre desestimación de reivindicaciones bien formuladas, como las relativas a la Justicia, o el desdén ante las necesidades de ajuste de las comunicaciones vendrán, y sólo son apuntes iniciales, a reforzar la idea de que la Región está en el punto de mira del Gobierno central por desaires políticos. Sobre todo cuando el contexto lo pone a huevo por las negociaciones unilaterales, financieras y competenciales, con Cataluña y el País Vasco o con los planes perfectamente facturados para Canarias, es decir, con los socios parlamentarios que facilitan el Gobierno de coalición.
Mientras en capítulos como el agua o el Mar Menor, ya característicos de la confrontación, parecen abrirse espacios de colaboración, aunque todavía débiles, en línea con lo que en esas áreas se avanza entre el ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Andalucía, la contradicción es que a la vez aparecen nuevos puntos de fricción en distintos capítulos, y no es casual que los reseñados procedan de las competencias de Justicia y de Transportes, ambos departamentos dirigidos por ‘ministros políticos’, Bolaños y Puente, que pertenecen a esa categoría redundante con la que se quiere marcar que la gestión obedece más a intereses estratégicos de partido que a cuestiones de lógica y necesidad. Si, además, esta actitud se subraya con estufidos y jerga desconsiderada, López Miras tiene el discurso hecho y el PSOE vuelve a verse obligado a empujar la piedra de Sísifo.
Da igual si fue antes el huevo o la gallina, pero lo cierto es que hay síntomas de que el presidente murciano cae especialmente mal al Gobierno central, tal vez porque López Miras se ha constituido en esta fase en una especie de líder de sus colegas autonómicos en el rechazo a la Ley de Amnistía e incluso a las medidas financieras que, como resultado del pacto unilateral para Cataluña con Junts y Ezquerra pudieran tener una derivación favorable para la Región de Murcia. A diferencia de sus antecesores, López Miras se hace notar en la política nacional, y es habitual portavoz de la oficialidad de Feijóo en los medios de comunicación de referencia, sobre todo radios y televisiones. Mientras el andaluz Moreno Bonilla se reserva y encuentra vías amables, el valenciano Mazón parece ir exclusivamente a lo suyo y la madrileña Ayuso irrumpe constantemente para incordiar con estridencia, el murciano se adapta con fervor a Génova y mantiene un permanente activismo en favor del líder nacional, actitud que, naturalmente, lo convierte en antipático en las atalayas de Moncloa.
Pero si el Gobierno de Pedro Sánchez cumple sus compromisos económicos con los partidos catalanes, y no cabe duda de que lo hará por la cuenta que le trae (los relatores vigilan desde Suiza), la Región de Murcia se verá beneficiada por una importante quita de su deuda y por la mejora del sistema de financiación autonómica. Ambas medidas, si se producen en términos técnicamente aceptables, supondrán un gran alivio para López Miras, pues la acción de su Gobierno está aplastada por el peso de los números rojos, disparados en una dinámica progresiva, y por la clara insuficiencia de los recursos de que dispone, discriminatorios respecto de otras Comunidades. La suma de ambos problemas convierten a la Región de Murcia en una empresa inviable, que sólo persiste porque los entramados institucionales lo soportan todo y rara vez colapsan.
El presidente murciano afronta el nuevo año con los Presupuestos aprobados en tiempo y forma, y lo ha conseguido de manera autosuficiente gracias a su pacto con Vox, sin conceder a la izquierda opción alguna, siquiera para enmiendas ortográficas. Pero esto, que sin duda es importante para la gestión, sigue siendo insuficiente para hacer percibir un marco que defina un proyecto visible de Región, más allá del día a día. Y también a sabiendas de que los nuevos Presupuestos son un espejismoo incluso para resolver el día a día, empezando por el ejemplo más obvio, el SMS, que jamás cuadra, y el hecho de que la mayoría de las partidas están comprometidas a objetivos prefijados en Presupuestos anteriores y, por lo general, con escasa ampliación.
Podríamos conceder al presidente el pretexto, si a él recurriera, de que los condicionantes del debe y el haber complican el trazado de políticas más ambiciosas, y más cuando tantos rotos hay por embastar y los que surgirán sobre la marcha. Por tanto, digan lo que digan desde San Esteban, las expectativas sustanciales de esta legislatura descansan en los sarpullidos que llegarán al conjunto de las Comunidades para tratar de equilibrar el consabido trato de favor a Cataluña y al País Vasco. Un efecto que no es exclusivo de los Gobiernos socialistas, pues se ha venido produciendo también en las etapas de gobernación del PP, pero que ahora resulta especialmente extremo.
Por ahí va la paradoja. A pesar de que es perceptible cierta inquina o, si se quiere, dejémoslo en indiferencia, desde el Gobierno central para demandas razonables de la Región de Murcia, lo cierto es que se prevé una proyección favorable para el inmediato futuro que vendrá a aliviar problemas estructurales básicos, como los ya dichos: la deuda y la financiación, que no es poca cosa. De este modo, Sánchez y López Miras, por mucho que se esquinen, podrían aparecer como amigos involuntarios, que es menos que amigos a secas, pero más que amigos de Facebook.
2024, dicen los prescriptores, trae malos tiempos para la política, pero las dinámicas encadenadas pueden producir para la Región de Murcia, aunque sea involuntariamente, beneficios colaterales. No sería la primera vez que la política para Cataluña ampliara nuestra financiación y competencias.
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