Muchos hemos usado en más de una ocasión de un piso privado contratado a través de una plataforma para pasar unos días de turismo con la familia. De partida, alojarse de esta forma parece una buena idea, con opciones de cama turística más económicas y condiciones más flexibles que las de un hotel. Al tiempo, esta transacción parece un sano acuerdo entre particulares que ayuda a los propietarios de las viviendas a rentabilizar su propiedad.

Sin embargo, cada día es mayor la lista de ciudades, e incluso de países, que legislan contra este modelo de negocio que está amenazando con convertir los centros de las ciudades en apartahoteles, hacer inviable el acceso a la vivienda para los residentes y llevar a los barrios a una condición de gentrificación insostenible. Hace poco supimos que ya hay un barrio en España que estadísticamente tiene más pisos turísticos que de residentes: el precioso barrio sevillano de Santa Cruz, y por ahí le andan muchas zonas centrales de las principales ciudades turísticas españolas.

Lo que al principio comenzó como una sugerente experiencia de economía colaborativa ha devenido en un monstruo cuyas cifras asustan. La plataforma Airbnb rompió el techo del éxito en muy poco tiempo. Según Statista, más de cuatro millones de anfitriones de todo el mundo alquilan sus propiedades a través de la plataforma, que declaró ingresos en 2022 por 8.400 millones de dólares con 1.890 millones de beneficios, en tanto tras su salida a bolsa en 2020 la valoración global de la compañía superó los 100.000 millones de dólares. En España, según el INE, hay actualmente por encima de 305.000 viviendas turísticas que suman más de millón y medio de plazas. Piensen que en nuestro país hay 15.178 hoteles con 1.695.000 plazas hoteleras. O sea, que camas de hotel hay solo unas pocas más que camas en piso turístico, y esto, atención, sin contar con la inmensa oferta de pisos no legales, muchos de ellos también ofrecidos por las plataformas, a pesar de los esfuerzos de las comunidades autónomas por regularizar este sector.

Esto, a todas luces, es un disparate. El sector que suponen los hoteles (o los grupos de pisos gestionados en un mismo edificio por una empresa frecuentemente loca), con mucho más impacto en la creación de empleo, en la organización de los flujos turísticos y en el buen desempeño de los destinos, y sobre todo mucho más regulado y rendidor de beneficios fiscales, se enfrenta con una hidra competidora con la que parece imposible luchar. Por su parte, los centros de las ciudades y sus vecinos, y ahora ya no solo de las principales, sino también de las ciudades medias y emergentes, ven como les pasa por encima la apisonadora de las plataformas y de los fondos de inversión para hacer de sus rincones lugares que ya no reconocen. En nuestra región vivimos aún un poco lejanos a este fenómeno, aunque veremos a ver cómo se desarrolla en los próximos años en el caso de Cartagena. Habrá que estar atentos.