Soy una española con muchas reticencias hacia la ley de amnistía. Ni me gusta la prepotencia con la que el prófugo de la justicia, Puigdemont, está llevando el tema, ni puedo estar de acuerdo con los filtrados contenidos de la misma, que hablan de la pretensión del fugado de la justicia española de extender los beneficios de la amnistía a personajes condenados por motivos que no tienen nada que ver con el golpe de Estado que dieron los independentistas (aunque la cosa no les saliera bien), como es el caso de Laura Borrás, presidenta suspendida del Parlament y actual presidenta de Junts per Catalunya, que fue condenada a 4 años y medio de cárcel, a 13 años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, y el caso también de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que fue condenado a 14 años por colaboración con ETA, procesado también por blanqueo en la red del narco Sito Miñanco y que, lo que son las cosas, al parecer está participando en el diseño de la ley de amnistía.
Es decir, dos personajes procesados y condenados por delitos que nada tienen que ver con el hecho de ser independentistas que ahora pretenden acogerse al carro de la amnistía para lavar sus podredumbres, como se pretende con muchos otros, porque tal y como muestran los mensajes entre Jordi Turull y otros ilustres golpistas, están dispuestos a amnistiar a todo ser viviente.
No, no me hace feliz la anunciada ley de amnistía (espero que el texto final no me agobie tanto), pero que el PP esté un día si y otro también en la calle pregonando las maldades de la prevista ley al grito de «España se rompe», sin recordar los acuerdos del Majestic, es de una hipocresía que abruma, porque para quienes no se acuerden, es bueno refrescarles la memoria y recordar que en el pacto del Majestic se acordó un nuevo sistema de financiación autonómica, la eliminación del servicio militar, la supresión de la figura del gobernador civil, el compromiso de importantes inversiones en Cataluña, la sustitución de la Guardia Civil de Tráfico por los Mossos d’Esquadra y la transferencia de competencias a la Generalitat en educación, sanidad, cultura, empleo, medio ambiente, vivienda, justicia y agricultura. Sí, todos estos acuerdos se alcanzaron en aquella reunión entre Pujol y Aznar. Y tanta fue la sintonía personal y política que éste ultimo llegó a hablar catalán «en la intimidad», o esto es lo que dijo en televisión.
Pero que sepamos, nadie salió a la calle a denunciar la entrega de la unidad española a los independentistas, ni nadie puso en cuestión el derecho que José María Aznar tenía de buscar alianzas en otras fuerzas políticas para poder gobernar este país. Desde luego, el CGPJ no se pronunció en ningún sentido en aquella ocasión, todo lo contrario que ahora, que pese a que el órgano de gobierno de los jueces lleva con el mandato caducado hace casi cinco años, nueve de los diez vocales propuestos por el PP han hecho una declaración institucional que considera, entre otras cosas, que la medida supone denigrar y convertir el Estado de derecho «en objeto de mercadeo».
Es decir, el ‘mercadeo’ se produce ahora, no cuando se cedían competencias tan importantes en un Estado como la eliminación del servicio militar, la supresión de la figura del gobernador civil, la sustitución de la Guardia Civil de Tráfico por los Mossos d’Esquadra y la transferencia de competencias a la Generalitat, entre otras cosas, en educación, sobre todo en educación, que el independentismo ha convertido en una escuela de rechazo hacia lo español, empezando por el idioma.
Los jueces no solo tienen que ser imparciales, han de parecerlo también.
Por cierto, ¿se acuerdan de aquella frase que dijo Arzalluz en 1996?: «He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González». Pues eso.
Los jueces deben ser imparciales, y parecerlo
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08.11.2023
Soy una española con muchas reticencias hacia la ley de amnistía. Ni me gusta la prepotencia con la que el prófugo de la justicia, Puigdemont, está llevando el tema, ni puedo estar de acuerdo con los filtrados contenidos de la misma, que hablan de la pretensión del fugado de la justicia española de extender los beneficios de la amnistía a personajes condenados por motivos que no tienen nada que ver con el golpe de Estado que dieron los independentistas (aunque la cosa no les saliera bien), como es el caso de Laura Borrás, presidenta suspendida del Parlament y actual presidenta de Junts per Catalunya, que fue condenada a 4 años y medio de cárcel, a 13 años de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, y el caso también de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, que fue condenado a 14 años por colaboración con ETA, procesado también por blanqueo en la red del narco........
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