Luis Barragán @LuisBarraganJ
Persiste la confusión: en Venezuela, la gratuidad de la educación pública no significa que no tenga costo por el solo hecho de pagarla el Estado. Y cuando éste no lo hace, cobrándole más o menos sistemáticamente a padres y representantes (PR), denota clara, precisa y contundentemente que no es gratuita, por lo menos, en los términos establecidos por la Constitución de la República.
Lo que es peor, el cobro no traduce sólo la violación del texto constitucional, sino una realidad: la ciudadanía subsidia directamente a un gobierno que no cumple con los deberes más elementales pautados por el constituyente, comenzando con la ejecución de un presupuesto anual sincero, exacto y transparente. Y la representación parlamentaria, o, si fuere el caso, edilicia que lo aprueba, incumple con las tareas esenciales que hacen la vida republicana, como la discusión, el control y la denuncia de toda anomalía.
Hay instituciones públicas de educación básica que piden una contribución mensual de PR tasada en dólares para mantener abierta la propia sede, colaborar con la transportación del docente, o sufragar los gastos inherentes al desempeño educativo. Constituye un fenómeno relativamente comprensible, porque tal desempeño es de un costo cada vez más elevado sin que haya o tenga suficiente publicidad el reporte de sendos observatorios escolares, algo más que astronómicos, como lo han tenido otros en el área del consumo alimentario, la gestión económica, o de la conflictividad social, bajo la responsabilidad de una confiable instancia de la sociedad civil organizada.
Diferente a la cancelación de un monto muy antes simbólico de la inscripción, u otros gastos sobrevenidos, extraordinarios o urgentes, no es posible que se haga costumbre el pago regular en bolívares o en divisas, formalizándolo de hecho, en planteles de los que también se sirven los colectivos armados, u otras organizaciones afines que no son del Estado. Además, radicalmente empobrecida la población, no se le puede imponer semejante carga parafiscal junto a otras que la depredan.
El pago por la impresión de una boleta escolar, la que tradicionalmente contiene las calificaciones para la notificación o firma de conformidad por PR, no puede ser más elevado en el plantel de compararlo con el precio de establecimientos comerciales. Sin embargo, debe escandalizarnos que el plantel lo cobre al igual que otros servicios inherentes al desempeño educativo, añadida la adquisición de los recursos pedagógicos fundamentales.
Días atrás, un amigo nos hizo llegar algunos de los requerimientos del liceo público donde tiene a sus hijos para carnetizarlos. Un combo (SIC) consiste en dos insignias con código QR, cuyo escaneo informa del estado de salud del alumno, sumado a un porta-carnet y una camisa de educación física por $ 15; y, el otro, sin la camisa, por $ 6, por no mencionar el donativo “voluntario” de cebolla, cebollín, ajo y ajíes, como de cucharillas y tenedores para la preparación del almuerzo de los educados obstinados de los escasos carbohidratos de pésima calidad.
El asunto apunta al deshonesto régimen educativo que prevalece en el país a favor de un orden socialista que evita a todo trance la discusión de un modelo fracasado, faltando poco, amparado en numerosos e interesados prejuicios respecto a la educación pública y a la privada en Venezuela. So pretexto de la supervivencia tan extrema que afecta a las grandes mayorías, el problema presupuestario pasa inadvertido, pues, por una parte, increíble que no haya las partidas correspondientes para la adquisición de impresoras, o de lápices u otros útiles de oficina que, por cierto, presumimos que todo funcionario público debe pagar de su bolsillo para laborar; y, por otra, recurrente, probablemente prosperará a la sombra alguna forma de “rebusque”, venezolanismo que explica muy bien que los sueldos y salarios no alcanzan para cubrir las mínimas necesidades en el hogar de los educadores.
Existe un deslizamiento del Estado hacia modos errados, distorsionados y hasta malévolos de una forzada privatización. Demasiado parecido ocurre en los hospitales públicos que no cobran por las intervenciones quirúrgicas, pero exigen del paciente el aporte de todos los insumos, añadidos las sábanas, productos de limpieza, etc.
Existen numerosos observatorios en el campo educativo, pero se nos antoja necesario que los haya también de estricto carácter escolar a todos los niveles, partiendo de cada parroquia. Importa documentar y mucho lo que acontece con la vista puesta en el futuro, agotado evidentemente el Estado Docente.
Luis Barragán: Observatorios escolares
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12.11.2023
Luis Barragán @LuisBarraganJ Persiste la confusión: en Venezuela, la gratuidad de la educación pública no significa que no tenga costo por el solo hecho de pagarla el Estado. Y cuando éste no lo hace, cobrándole más o menos sistemáticamente a padres y representantes (PR), denota clara, precisa y contundentemente que no es gratuita, por lo menos, en los términos establecidos por la Constitución de la República.
Lo que es peor, el cobro no traduce sólo la violación del texto constitucional, sino una realidad: la ciudadanía subsidia directamente a un gobierno que no cumple con los deberes más elementales pautados por el constituyente, comenzando con la ejecución de un presupuesto anual sincero, exacto y transparente. Y la representación parlamentaria, o, si fuere el caso, edilicia que lo aprueba, incumple con las tareas esenciales que hacen la vida republicana, como la discusión, el control y la denuncia de toda anomalía.
Hay instituciones públicas de educación básica que piden una contribución mensual de PR tasada en dólares para mantener abierta la propia sede, colaborar con la transportación del docente, o sufragar los gastos........
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