El proceso de cambio tiene como matriz la economía plural, con cuatro actores: el Estado, el privado, la economía comunitaria y el sector cooperativista. A partir de la propiedad de los medios de producción y la dirección de éstos, se puede decir que el Estado, la economía comunitaria y el cooperativismo son economías sociales, pues los propietarios y quienes ejercen el control de la producción son entes colectivos. La propuesta es un deseo, la realidad es otra.
Las economías comunitaria y cooperativa parten del principio de asociación libre para el desarrollo productivo, donde se desecha la explotación del hombre por el hombre y se busca una distribución equitativa del excedente económico. En ese sentido, desde el Gobierno se han dado pasos importantes como es la dotación de las tierras comunitarias de origen y de áreas mineras, y una tributación favorable a las cooperativas. Sin embargo, los propios actores han posibilitado la enajenación de tierra y minas por agentes privados; así se ha negado el propósito de incorporar a la producción a miles de ciudadanos, buscando una mayor equidad social. Como la asociación es consciente y voluntaria, es de esperar que desde su seno surja la voz que resuelva el ser o no ser de un sistema de producción colectivista.
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La tarea de las empresas estatales es crear excedentes económicos para la ampliación del aparato productivo y contribuir al logro de la igualdad social. La generación de excedentes requiere de eficiencia en la gestión administrativa, que se deriva de la introducción de tecnología adecuada y una racional utilización de los recursos materiales y humanos. La desnaturalización de este principio es la negación de su existencia y su futuro previsible es el cierre.
La transición del modelo neoliberal a uno de planificación estatal no solo está determinada por la titularidad del dueño —nacionalización—, sino implica hacer cambios estructurales en las empresas, un camino no trillado, pero necesario para cumplir el objetivo. Esta situación, que parecía comprendida cuando se dictó la Ley de la Empresa Pública, de hecho hasta hoy está dormida, tal vez en parte porque en sus principales propuestas estaba la responsabilidad penal por los resultados de la gestión. Hoy se arrastran males congénitos que no rompen con las estructuras organizativas heredadas del pasado neoliberal. Ejemplifiquemos:
En el proceso de privatización, la función de YPFB era garantizar la exportación de gas al extranjero, convirtiéndose en reguladora; las labores de exploración, producción y refinación eran delegadas a sus socios, que se llevaban la torta. La nacionalización de los hidrocarburos significó un mayor beneficio para Bolivia; protestaron las empresas, pero mantuvieron los contratos, siguen con la tuición de los campos petroleros, sin que hagan nuevas inversiones. Esta realidad se ha pretendido subsanar con YPFB-exploración, que no tiene la capacidad necesaria —y en campos desconocidos—; más de $us 3.000 millones invertidos no dieron los resultados esperados. La baja alarmante de las exportaciones nos debe llevar a la conclusión que solo debemos valernos de nuestras fuerzas. YPFB tiene que controlar toda la cadena productiva, ser eficiente y dotarse de instrumentos de una empresa moderna y que no espere nada de las transnacionales que son sus competidoras.
La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, creada por el proceso de cambio, tuvo un desarrollo de lo pequeño a lo grande, con considerables avances; sin embargo, las nuevas administraciones quisieron borrar lo avanzado y se buscó nuevos caminos con los “que saben y dominan”; cayeron en el espejismo, hasta hoy no se concreta nada. Obligados a retomar el viejo proyecto, los daños son enormes, ante todo por el tiempo perdido (time is money); la empresa estatal tiene que ser autónoma y responder por los resultados planificados.
La Corporación Minera de Bolivia, emblema de la nacionalización porque con sus recursos se cambió Bolivia, se ha quedado con la herencia neoliberal: vive de las rentas del alquiler de las minas que le dio el pueblo boliviano para dar excedentes al país, el canon que cobra es menor que los de la época neoliberal, transgrede la Constitución al poner en marcha contratos que no son de conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero sobre todo dejó de ser la encargada de dirigir toda la cadena productiva minero-metalúrgica: sin producción, ¿para qué sirve?
No basta pues el propósito, la declaración, el eslogan o la propaganda para plasmar un modelo, es necesaria la acción concreta de los responsables de la conducción del Estado que la viabilicen y el ojo atento de los forjadores de la esperanza: el pueblo organizado.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
La empresa estatal
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12.12.2023
El proceso de cambio tiene como matriz la economía plural, con cuatro actores: el Estado, el privado, la economía comunitaria y el sector cooperativista. A partir de la propiedad de los medios de producción y la dirección de éstos, se puede decir que el Estado, la economía comunitaria y el cooperativismo son economías sociales, pues los propietarios y quienes ejercen el control de la producción son entes colectivos. La propuesta es un deseo, la realidad es otra.
Las economías comunitaria y cooperativa parten del principio de asociación libre para el desarrollo productivo, donde se desecha la explotación del hombre por el hombre y se busca una distribución equitativa del excedente económico. En ese sentido, desde el Gobierno se han dado pasos importantes como es la dotación de las tierras comunitarias de origen y de áreas mineras, y una tributación favorable a las cooperativas. Sin embargo, los propios actores han posibilitado la enajenación de tierra y minas por agentes privados; así se ha negado el propósito de incorporar a la producción a miles de ciudadanos, buscando una mayor equidad social. Como la asociación es consciente y voluntaria, es de esperar que desde su seno surja la voz que resuelva el........
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