Estamos a meses del Censo Nacional de Población y Vivienda, tema de movilizaciones y conflictos. Es que los datos censales son claves para la distribución de recursos económicos a gobernaciones y municipios, y pueden influir en la configuración de la Asamblea Legislativa.
Por disposición constitucional, el Censo da parámetros de referencia para asignar recursos y de diputados, ajustando la distribución a los cambios poblacionales. Las proporciones de población cambian y mientras algunas zonas declinan, otras se expanden. Lo sabemos, pero cuando llega el momento unos se sentirán perdedores y otros ganadores, alentando situaciones conflictivas. Hay que evitarlo explicando que los cambios afectan a las categorías territoriales (departamentos o municipios), pero no a la gente, que es el nivel que verdaderamente importa.
Utilizar categorías territoriales en la asignación de recursos es inevitable, pues ellas son jurisdicciones de gobernaciones y municipalidades. El problema está en su utilización como circunscripciones electorales, pues ello distorsiona la representación política creando conflictos imposibles de resolver en los marcos de la actual Constitución.
En efecto, en la Constitución de 2009 se mantiene un sistema bicameral, pero confuso en forma y fondo. En el origen, se concibe al Senado como un nivel de representación que facilita la concertación en temas de largo plazo, más institucionales, ya que tiene pocos integrantes y representan a los departamentos más que a los partidos o la población. Son en cantidad igual por cada departamento, independientemente de su tamaño geográfico, económico o poblacional. Antes eran tres y asumían dos por mayoría y uno por la primera minoría en cada departamento. Desde 2009 se amplió a cuatro y se los elige en proporción al apoyo político, es decir, se lo ha “politizado” un poco más, además de otorgarle también atribuciones coyunturales. En todo caso, mantiene la igualdad territorial.
El problema viene en Diputados, donde se reitera la representación territorial al hacer de cada departamento una circunscripción, con lo que la elección mezcla la representación de territorio y de población. Asigna un número mínimo a cada departamento (criterio territorio) y el resto según población. El resultado es que los más poblados pierden representación mientras la ganan los menos poblados. Esto es injusto para quienes viven en los departamentos más poblados y es innecesario, puesto que la “compensación” ya se da en el Senado.
La situación se exacerba con las circunscripciones uninominales, que se organizan en base a una geometría caprichosa con el fin de que cada una contenga una cantidad más o menos uniforme de votantes. Conocemos el resultado: no ha mejorado la representación política, se han debilitado los partidos, se ha alentado la actividad de caudillos locales. En suma, empeoró la calidad de la democracia.
¿Cómo resolver este problema? Es sencillo. Si volvemos al origen el Senado conserva la representación territorial, y Diputados asume la representación política. Eso significa elegir de manera tal que cada departamento sea igual al otro en el Senado, y que todos los votos ciudadanos valgan lo mismo. Esto solo se logrará si superamos circunscripciones subnacionales y se asignan diputados en proporción directa a la votación partidaria nacional. Es decir, evitar la asignación departamental de diputados y evitar el difícil juego de organizar circunscripciones uninominales caprichosas. Todos los votos valdrían lo mismo y se fortalecería la representación política, con partidos más fuertes.
¿Dónde quedaría en ese caso la representación local? En los concejos municipales y en las asambleas departamentales, que es donde corresponde. Habría entonces una razón menos para que el Censo genere conflicto y un espacio más auténtico para procesar las propuestas políticas. Pero no, no se puede. Con la Constitución de 2009 esta opción es imposible, pero sí es posible pensar en cambiarla.
Censo y representatividad política
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16.12.2023
Estamos a meses del Censo Nacional de Población y Vivienda, tema de movilizaciones y conflictos. Es que los datos censales son claves para la distribución de recursos económicos a gobernaciones y municipios, y pueden influir en la configuración de la Asamblea Legislativa.
Por disposición constitucional, el Censo da parámetros de referencia para asignar recursos y de diputados, ajustando la distribución a los cambios poblacionales. Las proporciones de población cambian y mientras algunas zonas declinan, otras se expanden. Lo sabemos, pero cuando llega el momento unos se sentirán perdedores y otros ganadores, alentando situaciones conflictivas. Hay que evitarlo explicando que los cambios afectan a las categorías territoriales (departamentos o municipios), pero no a la gente, que es el nivel que verdaderamente importa.
Utilizar categorías territoriales en la asignación de recursos es inevitable, pues ellas son jurisdicciones de gobernaciones y municipalidades. El problema está en su........
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