Mario, “Dios te perdone”, remataba la carta de despedida del poder que Luis Fernando Camacho le escribió a Mario Aguilera el 4 de enero. El otrora hombre poderoso de Santa Cruz sabía que su continuidad tenía los días contados, a sabiendas de la suplencia temporal dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Entonces, terminaba de mascullar la decisión que tomó al elegir a su jefe de campaña como su acompañante de fórmula en las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. Había tildado a Aguilera de traidor y golpista, a lo sumo.
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Como Camacho mismo lo admitió, el quiebre entre ambos había comenzado en 2021, quizás cuando Aguilera le estrecho la mano al presidente Luis Arce en la apertura de la Expocruz, a la que el entonces gobernador había evitado asistir.
Entonces, Camacho había protestado por la actuación del vicegobernador, a quien le reprochó el saludo al mandatario en la feria.
Sin embargo, el quiebre resultó más evidente en marzo de 2023, cuando el gobernador decidió eludir la suplencia temporal de Aguilera y en su lugar dejó su sillón a uno de sus secretarios, Miguel Ángel Navarro, mientras estuviera ausente del país, en una reunión regional en Brasil.
Forzó un Decreto Departamental, 373, para esa asignación, a pesar de la clara disposición del artículo 25 del Estatuto Departamental sobre la suplencia temporal a cargo del vicegobernador.
No contento, a través de su agrupación Creemos, Camacho logró la aprobación de una ley en la Asamblea Departamental, la 293, con la que blindó su gestión desde la misma cárcel de Chonchocoro, en Viacha, La Paz, donde cumple detención preventiva desde el 30 de diciembre de 2022 acusado en el caso Golpe de Estado I, que procesa hechos precedentes al derrocamiento de Evo Morales en 2019.
Dicha ley no le sirvió, porque el Tribunal Constitucional, a instancias del propio Aguilera y del presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, lo obligó a permitir la aplicación de la suplencia temporal.
Posesionado a regañadientes por el mismo Matkovic, en un acto que duró un minuto, Aguilera juró a sus nuevas funciones el 26 de enero.
A un mes del ejercicio temporal, con Camacho despojado del poder, el gobernador acaba de cumplir su promesa de auditoría a la gestión de su mentor y de faltarle al perdón de Dios.
Denunció que el gobierno de Camacho incurrió en al menos 40 deficiencias e irregularidades, algunas de las cuales rayan en el delito.
Enumeró varias de ellas, entre pagos irregulares por el avance de obras, personal excesivo y sin experiencia, “repartija de pegas”, compras sin registro y adquisición de bienes no calificados.
Sin concesiones, Aguilera pareciera haber hecho un primer trabajo, la limpieza de la casa donde habitará por tiempo indefinido, más allá de que puede entenderse como una vendetta, como comienzan a calificar sus detractores.
Se trata de una acción que remata la situación de Camacho, que, en su condición de ciudadano común encarcelado, pierde radio de acción, proyección política y publicitada “transparencia”.
Si bien con el quiebre entre el gobernador y el vicegobernador también hubo un quiebre institucional, ahora la situación de la cruceñidad resultó añicos. Los homenajes a Santa Cruz del 14 y el 26 de febrero mostraron una clara división, con actos separados; unos apoyados en el Comité pro Santa Cruz, como Aguilera, y otros parapetados en la Asamblea Departamental.
Esa vieja fuerza institucional —mostrada, por ejemplo, en el paro violento de los 36 días— quedó en la historia en desmedro del liderazgo cruceño que nunca terminó de incidir políticamente en el país, ni con Rubén Costas, antes, ni con Camacho, en los últimos cinco años.
Camacho pensaba en grande. Sus actos lo traicionaron, desde la sedición de 2019 hasta su intento de proyectarse desde la Gobernación. Su mala hora ha llegado y tiende a costarle.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
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