A pesar de que las cesiones a los nacionalistas catalanes y vascos constituyen aparentemente el punto más débil del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, al irritar por igual a los votantes populares y a numerosos simpatizantes socialistas, la economía puede ser, como le sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato, la principal fuente de disgustos para el presidente y sus huestes monclovitas durante la presente legislatura. Es cierto que por ahora no se ha producido una crisis financiera como la que arrastró a España al abismo en 2008, pero ciertos indicadores anticipan la debilidad extrema de nuestro país en caso de que se produzcan turbulencias internacionales de calado.
De todos ellos, el principal es la deuda pública, disparada desde que el actual presidente llegó al poder, como ha sucedido en los últimos tiempos en Argentina. En total, en octubre ascendió a la friolera de 1,572 billones de euros, casi un 5% más que sólo un año antes, ensanchándose en 74.124 millones en apenas 12 meses. Jesús Rivasés, maestro de periodistas económicos, nos recuerda además en estas páginas que el Tesoro tendrá que colocar en 2024 más de 200.000 millones de euros y estar pendiente de los 400.000 millones en poder del Banco Central Europeo (BCE) que empezarán a vencer. Esto explicaría en parte que Sánchez haya optado por un técnico comercial del Estado con cierta fama de seriedad para relevar a Nadia Calviño, la vicepresidenta que predijo que la pandemia apenas restaría una o dos décimas al PIB y que, como bien dice Rivasés, deja el cargo sin pena ni gloria. Europa y los inversores no querían un perfil político para la cartera económica a la vista de tamaña debilidad estructural y el presidente ha tenido que capitular. La relevancia del gigantesco agujero que acumulan las administraciones públicas españolas no es baladí. La amortización de la deuda y el pago de sus intereses restan recursos muy valiosos para apuntalar los servicios públicos que el Ejecutivo tanto dice defender, y ya se sabe que sin recursos, la Sanidad y la Educación públicas se desmoronan, como ha venido sucediendo los últimos cuatro años. El otro grave lastre que ahoga a la economía española es la inflación y, más concretamente, el precio de los alimentos y de la energía. Su incremento y el alza de impuestos que planea desatar la todopoderosa María Jesús Montero para cuadrar las cuentas del dispendio colocarán a las familias en una difícil situación. Las predicciones para 2024 no son halagüeñas en este particular terreno, aunque los corifeos del régimen traten de dulcificarlas recurriendo en su argumentario a la bajada de las hipotecas y a las subidas salariales, esas que tanta alegría provocan en los bolsillos como competitividad restan a las empresas y al país en su conjunto. Por si fuera poco, el impacto del alza de las retribuciones de los funcionarios y de los pensionistas tensionará aún más las cuentas públicas, agigantando su debilidad. De entrada, el año comenzará con incrementos de la electricidad, el gas y los carburantes por la subida –no bajada, que nadie nos confunda– del IVA, un impuesto que irá in crescendo a lo largo del presente ejercicio. También se elevarán de forma progresiva el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. La economía y su influjo sobre los españoles pueden jugar en contra de Sánchez más que sus pactos con Junts y Bildu, por lo que haría mal el presidente en seguir «argentinizándola». El pasado reciente ya mostró el golpe electoral que sufrió el PSOE.
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