La justicia no es un valor abstracto que cada uno de los jueces aplica según su conciencia, encargada de dictarle lo que debe considerar justo o injusto. Hace ya mucho tiempo, siglos, que la arbitrariedad se encuentra alejada de la función de hacer justicia, y ha sido la ley la encargada de establecer los límites y la forma en la que los jueces aplican el Derecho.

España tiene un sistema penal en el que prima su carácter garantista, y orgulloso estoy de que así sea. No hace falta recordarlo, la ley establece lo qué es delito y lo que deja de serlo, como también señala la pena. El procedimiento penal se inicia a instancia de parte, bien se trate de un particular que interpone una denuncia o del Ministerio Fiscal, que, recogiendo el contenido de un atestado policial o de propio oficio, estima la necesidad instar el inicio del proceso penal para castigar una conducta que infringe ese catálogo de delitos que recoge el Código Penal.

Interponer una denuncia no es sinónimo de que prospere, ni tampoco implica que si recae condena nos encontremos con una resolución injusta. De nuevo, el sistema judicial dispone de recursos que permiten revisar la resolución dictada y en su caso corregirla. Nuestro sistema no permite su utilización........

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