Si los políticos pensaran más en las próximas generaciones que en el resultado de las próximas elecciones, estarían buscando prohibir el sistema de reparto pensional. Sin embargo, en una era dominada por el populismo, donde la emoción supera a la razón y la vanidad eclipsa la conveniencia, el debate sobre la reforma pensional (actualmente en segundo debate en el Senado) raramente aborda el gran fraude que representa para los jóvenes el sistema público de reparto.

Primero, analicemos la estructura del sistema de reparto, que se asemeja a una estafa piramidal: se mantiene viable únicamente mientras el número de contribuyentes aumente a un ritmo que supere al de los beneficiarios. Además, este sistema es fundamentalmente impositivo. A pesar de ser presentado como un fondo de ahorro para la vejez, en realidad funciona como un impuesto que se redistribuye inmediatamente para pagar las pensiones de los jubilados actuales.

La retórica gubernamental y popular que describe las pensiones en sistemas de reparto como “ahorro”, “inversión” o “seguro” es, por lo tanto, engañosa. Las contribuciones son esencialmente un impuesto más que el gobierno recauda y gasta continuamente. Además, hay una desconexión significativa entre lo que un individuo contribuye y lo que eventualmente recibe. La cantidad que una persona recibe como pensión no está directamente relacionada con sus contribuciones específicas, lo cual es típico de los impuestos y no de las inversiones o los ahorros.

Con el envejecimiento poblacional y la disminución de las tasas de natalidad, nos enfrentamos a un juego de números destinado a fallar. Los datos son claros y alarmantes: el número de trabajadores activos por cada jubilado ha disminuido drásticamente y continuará haciéndolo, poniendo en riesgo la viabilidad futura del sistema.

En segundo lugar, la piedra angular del crecimiento económico y del progreso individual es la tasa de ahorro de una sociedad. En Colombia, ahorramos poco, y ese poco se canaliza principalmente a través de fondos privados de pensiones. Con la reforma, 68% de las cotizaciones a pensiones pasarían al régimen de reparto, poniendo en jaque las ya frágiles tasas de ahorro. Esta dinámica erosiona la base de capital necesaria para inversiones a largo plazo y compromete el crecimiento económico sostenible.

Los jóvenes son los llamados a debatir y reflexionar sobre el tipo de sistema de pensiones que desean para su futuro. No se trata solo de asegurar una jubilación digna, sino de garantizar la salud económica de nuestra sociedad para las próximas generaciones. Los políticos conocen la insostenibilidad futura del sistema de reparto, también tienen todas las cifras de los cambios demográficos, pero, citando a Keynes, parecen actuar como si el largo plazo no importara porque “todos estaremos muertos”. Al ignorar los riesgos, el sistema de reparto se convierte en la peor de las pirámides, una estafa monumental que afectará principalmente a aquellos que aún no votan o que ni siquiera han nacido. El desafío está claro: podemos optar por seguir un camino insostenible marcado por decisiones populistas y cortoplacistas, o podemos tomar medidas decisivas que garanticen un sistema de pensiones viable y justo para todos. El debate es ahora, y es nuestra responsabilidad participar activamente en él.