La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aterrizó el 9 de noviembre al aeropuerto de San José del Guaviare. Con ella iba la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y un equipo de asesores que fue rodeado por gente apenas salió de la sala de abordaje de camino al Hotel del Aeropuerto, que queda justo cruzando la calle. Era la sexta vez que viajaba a esa ciudad desde que comenzó el gobierno Petro y llegó con una preocupación.
Se trataba de una nueva actualización de los datos de deforestación en la Amazonía emitidos por el Ideam, que han sido, en general, positivos para el gobierno que ella representa. La deforestación bajó en un 70 por ciento en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Pero con un lunar que justo tiene su centro en el Guaviare, pues de julio a septiembre, la deforestación aumentó en ese departamento en un 125 por ciento con respecto a 2022.
El mensaje detrás de ese dato es que la tendencia a la baja en la deforestación es frágil y los árboles pueden seguir cayendo en la Amazonía. Muhamad llegó a alertar sobre el problema y a brindar una posible solución a este que pone en el centro a las comunidades campesinas. El nombre que recibe esta estrategia es el de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, un tipo de pago por servicios ambientales que no es nuevo, pero que en el gobierno Petro tiene una ambición y una relevancia que no se había visto en gobiernos pasados.
La Silla Vacía viajó a San José del Guaviare y habló con más de una docena de personas en San José, Calamar, y las zonas rurales aledañas para entender cómo aterriza esa apuesta del gobierno entre los campesinos y las Juntas de Acción Comunal. Una zona a la que, décadas atrás, llegaron miles de colonos, primero impulsados por el Estado en los 50, luego movidos por el boom de la coca. Hoy es una región donde se juega la promesa de Petro de contener el deterioro forestal para evitar una catástrofe climática. Uno de los temas que llevó a la COP28 en Dubai.
Los núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad son la estrategia principal con la que, de la mano de las comunidades, el Ministerio de Ambiente busca bajar la deforestación en los lugares que han sido identificados como los mayores focos de esta problemática en la Amazonía colombiana. En esencia, se trata de pagarles a las familias propietarias de predios para que no tumben el bosque y promuevan su cuidado. “Conservar paga”, es el lema principal.
No es su única estrategia. Paralelamente le está apostando a un rompecabezas de iniciativas. Ha creado campañas de concientización ambiental entre jóvenes para no tumbar el bosque; está buscando endurecer la judicialización e investigación de los grandes capitales que están detrás de la deforestación, y está asegurando el compromiso de los grupos armados con el cuidado de la naturaleza en las mesas de negociación que hacen parte de la paz total.
Sobre los núcleos, inicialmente el gobierno anunció que priorizaría 11 puntos ubicados en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, que conforman el arco amazónico de la deforestación, y son responsables del 65 por ciento de este fenómeno en el país. Luego, a comienzos de septiembre, el Ministerio de Ambiente le puso plata a esa promesa y anunció que daría 100 mil millones de pesos para su implementación para 13 núcleos. Según dijo, para beneficiar a cerca de 1.400 familias que viven en estas zonas.
La cartera ambiental viene de sacar pecho por las cifras de reducción de la deforestación, pues los datos publicados en julio de este año mostraron que la tumba de selva cayó un 10 por ciento en 2022 (un mérito compartido por el gobierno Duque y por Petro), lo que equivale a unas 17 mil hectáreas menos que las 174 mil taladas en 2021.
Las mayores reducciones fueron justo en Guaviare (34 por ciento), Caquetá (31 por ciento) y Meta (25 por ciento). Sin embargo, como escribió Sergio Silva, sólo la deforestación en esos tres departamentos en 2022 equivale a un área mayor a la de toda la ciudad de Bogotá.
Pero con los datos recientes del aumento de la tala en Guaviare, la ministra Muhamad llegó a San José a redoblar los incentivos para la conservación ante un auditorio a reventar con al menos unas 500 personas que venían de las distintas veredas del departamento, ansiosas por escuchar sus anuncios.
El principal anuncio que dio fue que las familias que estaban conservando y las que se unirán a los próximos proyectos de núcleos de desarrollo forestal van a pasar de recibir un incentivo de 300 mil pesos mensuales a 900 mil pesos, en lo que se conoce como el incentivo forestal amazónico. Lo que se amplía también es el alcance de los núcleos, pues la ministra anunció que pasarán a ser 22 en lugar de 13, aunque no ha definido dónde estarán ubicados esos adicionales.
La apuesta se redobla porque hay más plata. La financiación para esto vendrá del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que fue puesto a andar el 21 de noviembre. El plan es que para 2026 ese fondo movilice cerca de cuatro billones de pesos para financiar proyectos y programas del ministerio de Ambiente que requieren recursos por más de una vigencia, y será la gran cuenta de la cartera ambiental para hacer inversiones en los territorios.
En la reunión, la ministra Muhamad, destacó la naturaleza comunal de estos acuerdos: “Son acuerdos entre el Estado y el territorio. Es así como materializamos eso que ha dicho el presidente Petro de que no tenemos que llevar el Estado al territorio, sino que el Estado surja desde el territorio”, dijo en la reunión que se extendió hasta bien entrada la noche, luego de la cual fue perseguida por líderes veredales con los que se sentó uno a uno desde una de las salas del hotel. La ministra de Agricultura, para entonces, ya se había retirado del evento.
La urgencia de ellos por esa cita era entendible. Desde el día anterior muchos de los campesinos venían viajando, algunos por 5 o 10 horas por las malas vías del departamento, buscando un minuto de atención de la ministra Muhamad, que se convirtió en el símbolo y punto de contacto del gobierno Petro en esa región.
A una tienda esquinera que mira hacia el Parque Central de la Constitución, en el centro de San José del Guaviare, se sentaron a tomar cervezas Pablo Vergara y Federico Ortiz. Llegaron en la noche previa al evento con la ministra de Ambiente y listos para preparar lo que le dirían en sus intervenciones de dos minutos con ella.
Federico Ortiz se lanzó a la Asamblea del Guaviare por el Partido Conservador, pero se quemó con un poco más de mil votos. A pesar de las deudas por la campaña, se mostraba optimista y moviéndose de un lado al otro en su moto en San José. Es un aficionado a rescatar anacondas y se muere de la ira cuando la gente las mata por miedo.
Ortiz decía que en el Guaviare todo el mundo sabe que la deforestación es un problema de los grandes terratenientes, pero a la gente no le gusta hablar de sus nombres. Señalarlos es un problema. Sabe que deforestar cuesta plata, y que un campesino por su cuenta puede tumbar máximo unas 10 hectáreas en un año. Un terrateniente, en cambio, puede tumbar mil o dos mil en un semestre. Le pone números al negocio:
“Bien adentro, después de Calamar, hay hectáreas de bosque que se venden en 100 mil pesos. Tumbar una hectárea sale por 500 mil pesos, y se demora de dos a tres días. A eso súmele 200 mil pesos de las multas que saben que les van a cobrar desde la CDA (la corporación para el desarrollo sostenible del norte y el oriente amazónico que castiga a los deforestadores). Es una inversión de 800 mil pesos en total que se puede usar para sembrar coca o meter ganado. Es un buen negocio”, dice.
La idea de pagar para no tumbar el bosque se conoce en Colombia hace más de 20 años, pero una política pública específica para su implementación sólo existe desde 2011. Para 2021, el gobierno Duque identificaba 40 proyectos a nivel nacional que sumaban 196 mil hectáreas para este propósito. El gobierno Petro es mucho más ambicioso: sólo el núcleo de Calamar-Miraflores, en Guaviare, tiene 266 mil hectáreas.
Para Ortiz es claro que, si bien los proyectos de pagos por conservar el bosque no empezaron con el gobierno Petro, en este han encontrado más inversión y una mayor disposición para escucharlos: “Antes los proyectos no se socializaban, sino que se iban imponiendo. Hoy se está concertando. El gobierno le está dando un respaldo a la acción comunal. Nos dan la oportunidad de tener recursos”, dice Ortiz, que también es presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Guaviare.
El énfasis en las Juntas de Acción Comunal es otro de los diferenciales de este gobierno frente a otros pasados. La cartera ambiental quiere que sean las Juntas las intermediarias entre el Estado y las iniciativas particulares de conservación. Y no sólo teóricamente, sino que les está dando plata para que cumplan estos roles.
Eso precisamente era lo que tenía corriendo a Pablo Vergara, el presidente de la Asojuntas del corregimiento de Charras-Boquerón, en Guaviare. “En este momento, las Juntas pueden jugar un papel importante porque van a manejar los recursos para pagarles a los técnicos, y todo el tema logístico para el proyecto de restauración”, dijo.
Por eso fue que Vergara estaba haciendo vueltas para sacar una cuenta de ahorros a la que les pudieran consignar esa plata con la cual, a su vez, ellos van a pagar la caracterización de cuántas familias hay en cada núcleo, cuántas veredas tiene, y cuáles son las condiciones del terreno: si tiene hectáreas en selva o en destapado, y cuántas son. Sandra Aranda, la presidenta de la Asojuntas de Calamar, dice que en el núcleo de Agua Bonita, que ella lidera, les pagarán 428 millones para hacer la caracterización de 400 familias en 16 veredas.
En Guaviare hay 310 Juntas de Acción Comunal que afilian a los habitantes del territorio. Estas, a su vez, se organizan en grupos más grandes que son las Asojuntas, que en el departamento son seis y representan el nivel municipal. La Federación de Juntas del Guaviare es un tercer nivel que agrupa a todas las Asojuntas y las representa ante la Confederación Nacional. Estas son una forma de organización social que para Petro es clave porque a ellas las quiere convertir en gestoras de obras y ponerlas a gestionar su gran apuesta por la economía popular.
La Junta de Charras-Boquerón, que lidera Pablo Vergara, apenas va a iniciar el proceso de constituir un núcleo de desarrollo forestal para aprovechamiento del bosque.
La idea es que incluya 10 veredas de las 27 que tiene el corregimiento, 22 de las cuales están en zonas de reserva forestal. Esas son unas 400 familias que se ocuparían de sembrar, cada una, 650 árboles y distintas parcelas de árboles alrededor de las rondas hídricas. En el pasado, agencias internacionales han pagado unos 2 millones de pesos por hacer estos trabajos en proyectos que duraban un año.
El cálculo de la ministra Muhamad es que las Juntas no solamente se encarguen de manejar la plata y que les ahorre la transacción directa con cada familia, sino que puedan controlar abusos de este incentivo que ya se han dado en el pasado. Por ejemplo, que las familias terminen dividiendo los predios para que varios miembros reciban el incentivo forestal o que los campesinos metan unas hectáreas de sus predios al núcleo, pero dejen otras por fuera para poderlas tumbar cuando necesiten; con lo que juegan a dos bandas con la deforestación y la conservación.
Aunque no a todos les gusta esa relevancia que han tomado las Juntas. William Tribales, uno de los miembros que dirige una asociación de cuidadores de bosque llamada Pipe-Q-Ida hace jornadas educativas para el cuidado del Parque Chiribiquete, el parque nacional más grande de Colombia. La organización lleva 16 años y tiene en sus cuentas la siembra de 58 mil árboles.
La iniciativa de Pipe-Q-Ida muestra que en Guaviare ha empezado a aparecer, en los últimos 10 años, una sensibilidad ante la conservación y el turismo de naturaleza que no existía en una región que primero fue cauchera y luego cocalera. Tribales cuestiona que los recursos para el cuidado del bosque los esté canalizando el gobierno sólo a través de las Juntas de Acción Comunal:
“A Guaviare llega mucho dinero para la conservación, pero eso casi no aterriza a las organizaciones sociales. En nuestro caso no hemos logrado ningún contrato a nivel departamental o del gobierno nacional para financiar lo que hacemos. Todo lo hemos conseguido con cooperación internacional”, dice.
Ya alistados y presentes en el salón para verse con la ministra, Pablo Vergara y Federico Ortiz se juntaron con otros líderes comunales de la región y, entre todos, les contaron a las dos ministras acerca de las distintas iniciativas de núcleos.
En total hablaron representantes de ocho núcleos en el departamento que van a velocidades distintas. Por ejemplo, mientras que el núcleo de Charras-Boquerón apenas va a arrancar, otros liderados por organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, como el de la vereda El Capricho, llevan andando hace seis años con plata de cooperación internacional.
Los ocho ya están mapeados por el ministerio de Ambiente y están ubicados precisamente en el corredor de mayor deforestación del departamento, que conecta el Parque Natural Serranía del Chiribiquete, el resguardo indígena Yaguará y la reserva natural Nukak. En total, todos los núcleos suman 1 millón trescientas mil hectáreas.
A la reunión con las ministras también fue Jeison Bohórquez, que habló en representación del núcleo de Los Puertos, que queda a 15 kilómetros del casco urbano de Calamar, en zona de reserva forestal. Es uno de los tres núcleos pioneros a nivel nacional, y el primero del Guaviare. A través de este se ven las dificultades y algunas lecciones de operar un proyecto de esta magnitud.
Jeison contó que los primeros acercamientos que tuvieron los campesinos fue con Visión Amazonía, entre 2017 y 2018. El plan de manejo se dio para 6.200 hectáreas en las que trabajan 23 familias. De estas, el bosque ocupa 5.300 hectáreas, de las cuales 4.700 son aptas para aprovechamiento comercial. El plan era que cada familia recibiera, por tres años, un pago de trescientos mil pesos mensuales por la siembra de árboles y por no tumbar bosque.
No cualquier familia podía entrar en el programa. Una familia debe tener mínimo diez hectáreas de bosque para poder recibir los incentivos forestales. Normalmente esto quiere decir que tiene unas 30 o 40 hectáreas de lote en total.
Desde el comienzo se planteó que el incentivo era transitorio, pero que el verdadero objetivo era que esas familias quedaran con la capacidad de hacer un aprovechamiento forestal que les diera recursos. Así acordaron empezar a producir bloques de madera en un esquema en el que, por cada árbol que se tumba, se siembran 10 unidades más, y sin tumbar más de tres o cuatro árboles por hectárea. La idea es que pasen de tener 1.400 árboles a sembrar más de 14 mil.
“El fuerte de nosotros no es el incentivo forestal. Nadie vive con eso. Lo que nos interesa es empezar a producir madera de manera sostenible, y así les podamos dar de comer a dos o cuatro generaciones más”, dice Jeison Bohórquez.
Para Bohórquez, a ellos les ha faltado apoyo para poder producir la madera que quieren comercializar. Actualmente trabajan con un aserrío portátil que les prestan desde el Sena, y llevan meses de esperar la respuesta a una licitación para recibir un aserrío propio. En los años pasados han trabajado con motosierras para apeo, y es así como han ido sacando los distintos bloques de madera.
Óscar Javier Osman, el secretario de obras públicas de Calamar, dijo que están a la espera de dejar licitado el lote para construir una planta de tratamiento de maderables para que los campesinos del proyecto puedan sacarle más valor a sus productos y hagan piezas de ebanistería. Pero contó que trabaja con las uñas, pues la Alcaldía de Calamar apenas tiene un recurso de 100 millones de pesos anuales para temas ambientales.
Otro factor que pesa en sus cálculos y que ha ralentizado el trabajo con el núcleo es la presencia de las disidencias del frente primero Armando Ríos del Estado Mayor Central de las Farc, que es comandado por alias “Duver El Paisa”. Oman contó que desde inicios de 2022 él y otros funcionarios municipales no pueden ir al área rural de Calamar por la presencia de este grupo.
Su impresión, aun así, es que las disidencias no se han metido con los núcleos: “No se han involucrado para prohibirles sacar madera o para cobrarles plata. No los han tocado”. Una idea que compartió Jeison Bohórquez sobre su núcleo: “No nos han dicho nada, ni para bien ni para mal”, dijo.
En general, las disidencias de las Farc han continuado la política de la guerrilla de no tumbar bosque. El 12 de octubre, de hecho, sacaron un comunicado reivindicando ese rol de “impartir autoridad para la racionalización del uso del suelo, la ocupación de baldíos, y el cuidado de las aguas y las reservas del monte”.
Pero en ese mismo comunicado, “ante la política del gobierno nacional de paños de agua tibia en vez de reforma agraria revolucionaria”, las disidencias permitieron algunos tipos de tala, como, por ejemplo, tumbar cañeros que no tengan más de 5 años, salvo si están en parques nacionales o resguardos indígenas. También la tala de hasta 10 hectáreas de montaña para las personas dueñas de cualquier territorio. El comunicado daba cuenta de que, para las disidencias, el avance de la mesa de negociación define sus cálculos sobre qué orientaciones dar frente a la deforestación.
Las disidencias también han impartido órdenes de sembrar árboles a las Juntas del Guaviare. En una reunión de hace menos de un mes a la que asistió Federico Ortiz y otros líderes de Juntas que sirven de bisagra entre el grupo armado y los campesinos, Alias “Duver El Paisa” reafirmó su posición ambiental:
“La orden es cero deforestación. Todo el mundo tiene que ir a sembrar árboles a las orillas de las carreteras. Pero no porque lo dice el gobierno. Yo no creo en ningún gobierno. Ni en Petro ni en nadie”, dijo. Una anécdota que recordó Jeison hablando junto a otros líderes comunales cuando terminó el evento con las ministras. En el territorio, sin decirlo, es claro que la autoridad viene de ese grupo y que la presencia del Estado es la que es intermitente.
Cuando, al finalizar el evento en San José, se le preguntó a la ministra de la cartera ambiental si había algún mecanismo para llevar el cálculo sobre cuánto realmente estaba dejando de deforestar cada núcleo, y así asegurar que la reducción de la tala sea producto del trabajo de los núcleos y no de las órdenes de las disidencias, Muhamad respondió segura, como contestando una pregunta que ella misma se ha hecho muchas veces:
“Eso es imposible decirlo. Nosotros sólo podemos dar cuenta del trabajo concreto con los acuerdos sociales que estamos haciendo con las comunidades. Pero no se trata sólo de esa apuesta. También para nosotros es un pilar la paz total, pues sería limitado no incluir a los actores que hoy están fuera del marco legal y que también son líderes de la conservación ambiental. Si el conflicto se agudiza, eso va a dificultar nuestras metas ambientales”, dijo.
Angélica Rojas, coordinadora para Guaviare de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, lleva años trabajando en la región y es muy cercana a Rodrigo Botero, reconocido ambientalista y hoy miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN. Con él estudió zootecnia en la universidad, y hoy está encima de los proyectos de la fundación en Guaviare.
Rojas, que vive en Guaviare, tiene otra lectura ,y dice que la causa de la reducción de la deforestación en ese departamento no son los procesos instaurados de los núcleos, pues “son de largo aliento y no es algo que se cree de un momento al otro”. En cambio, cree que sí ha sido determinante “la orden del actor armado en territorio, que dice que no se deforesta al poner multas que se tienen que pagar a través de las Juntas de Acción Comunal a los campesinos o propietarios que deforestan”. Aun así, cree que muy frágil la capacidad de las disidencias para impartir estas órdenes.
“No todas las personas obedecen a la guerrilla con esas medidas. E incluso se sabe de terratenientes que pagan el valor de la multa a las guerrillas para poder seguir deforestando, así que estos terminan ganando por lado y lado”, dice Rojas.
Para Angélica Rojas, el desafío para detener la deforestación en Guaviare no se resolverá pronto, y va más allá de lo que pase con la apuesta de la paz total en este gobierno. Se trata de cambiar la mentalidad en la región sobre qué se hace con el bosque y las relaciones con la naturaleza.
“Hace años todo lo que había era bosque, por donde uno viera. Y todos los días salían dobletroques con bloques de madera ante la vista de todas las instituciones”. Esta es una frase que, con variaciones, repiten todos los que llevan en la región más de una década. Uno de ellos, Marco Zapata, llegó en 1972 movido por el auge de la coca. Empezó a vivir en una vereda llamada Puerto Cubarro, como colono, donde tumbó monte para sembrarla.
Marco Zapata es el testimonio de ese cambio de mentalidad de la deforestación a la conservación. Se avispó cuando empezaron, a comienzos de los dosmil, a llegar proyectos de cooperación internacional para producir madera y sembrar árboles como cacao o acai. Aunque muchos propietarios de la región veían con resistencia esos proyectos porque querían que les pagaran sólo por tener la selva parada, Zapata insistía en que era mejor que les pagaran para hacer proyectos productivos.
“La cultura de nosotros los campesinos no es esperar que nos den limosna, es trabajar. Hoy ya tengo un contrato para empezar a producir 800 vigas de madera por un valor de 82 millones de pesos que ofrece un particular en Bogotá. Ya hay alguien al que le interesa lo que estamos haciendo en el núcleo”, dijo.
Zapata vive sólo en su finca y dice que, en la región, son muy pocas las familias enteras que todavía se quedan. Muchas tiene hijos que se van a estudiar a las ciudades y no vuelven. En su caso, por ejemplo, sus hijos estudian en Bogotá y su esposa viajó a acompañarlos. Aun así, cree que la plata también va para su familia.
“Desde que se nos arregló la vida por acá, a las mujeres, así estén lejos, se les arregla también en temas de vestuario, educación, etc. A las reuniones de la Junta buscamos que siempre vayan dos mujeres y dos hombres. Algún día nosotros nos morimos y necesitamos de muchachos para que se beneficien de esto”.
A la reunión con la ministra Muhamad también llegó Zapata, pero no se quedó todo el día en el auditorio. Antes de que le cogiera la noche, se devolvió a Calamar, el pueblo que en La Vorágine aparece como la capital de la otrora comisaría del Gran Vaupés, donde al día siguiente madrugó a la panadería de la plaza central a tomarse una gaseosa.
Zapata no espera mucho del gobierno, pero confía en que está haciendo su tarea. Tampoco cree mucho en la guerrilla, a la que le critica su hipocresía de prohibir que la gente tumbe selva, mientras que ellos han sido los que más han deforestado. Recuerda en su época de colono cuando los campesinos llegaban a tumbar máximo 10 hectáreas para sembrar coca, mientras que la guerrilla tumbaba 300 o 400 hectáreas para ampliar su negocio. “Venga de donde venga la tala del bosque es un delito. Si nosotros no tumbamos, que no tumbe ninguno entonces”, dice.
Desde Dubai, al otro lado del mundo, el presidente Petro hizo su más reciente discurso sacando pecho por la reducción de la deforestación en la Amazonía. Es una apuesta que reposa en el trabajo de cientos de campesinos como Marco Zapata, que pasaron de ganarse la vida tumbando el bosque a protegerlo. En departamentos como el Guaviare se juega el destino de una selva a la que ahora el mundo necesita conservada.
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