Por: Alberto Carrasquilla
Lo que en Colombia conocemos como el Estado Social de Derecho, formalmente instaurado en el país a través de la Constitución de 1991, y desarrollado en una amplia jurisprudencia constitucional posterior, hace parte de una vertiente relativamente reciente de la tradición liberal occidental. La idea central es sencilla, atractiva conceptual y éticamente, y tiene dos partes.
La primera parte es, en realidad, un postulado ético: en una sociedad verdaderamente liberal y verdaderamente moderna, por supuesto que deberán estar asegurados los derechos esbozados por los filósofos políticos liberales del siglo XIX: libertad para escoger el domicilio, para expresar opiniones, para rendir culto, para comerciar, para gozar los frutos de la propiedad privada, para vivir en paz. Pero además dicha sociedad debe asegurar lo que se han venido a llamar los derechos activos: la educación, la salud, la vivienda digna, el medio ambiente.
La segunda parte no es un postulado sino una pretensión: los derechos que la sociedad liberal debe brindarle a sus ciudadanos pasan de lo abstracto a lo concreto a través de la ejecución de tareas concretas por parte del Estado. Esto es, fundamentalmente, a través del gasto público1.
La evolución de la relación entre el gasto público y el PIB durante los últimos 120 años, en 10 economías avanzadas, captado en el Gráfico 1, ilustra el punto2. En una primera fase, entre comienzos de siglo y la crisis de 1929, el Estado es parte muy pequeña de la vida económica promedio en esos países. Desde luego, en este período, ocurre la Primera Guerra Mundial, con efectos enormes, parcialmente temporales, sobre el gasto público de varios de estos países3.
La crisis de 1929 le dio fuerza a la idea de que el Estado “tiene que hacer algo” y es así como el gasto público se duplica entre 1930 y 1950 al amparo de una amplia opinión favorable. El New Deal en Estados Unidos es un ejemplo. Su máximo proponente, el Presidente Roosevelt, es reelegido no una sino dos veces.
Pero nada se compara con lo acaecido entre 1960 y 1990, cuando se consolidan las democracias socialdemócratas en el norte de Europa. Una explosión del gasto público, democráticamente validado, que, nuevamente, duplica el tamaño del Estado. Esta nueva oleada ocurre no obstante el telón de fondo del neoliberalismo, no obstante el Presidente Reagan, no obstante la Primer Ministro Thatcher. Hay fuerzas mucho más fundamentales que configuran un equilibrio político cuya lógica es necesario tener en cuenta.
Colombia inaugura su versión del Estado de Bienestar en 1991 y vale la pena comparar ese momento con el momento en el cual lo hicieron otros países4. Para empezar, el Gráfico 2 muestra algo muy interesante.
La línea punteada azul es la importante. Se refiere al gasto público colombiano, en relación con el PIB. El salto que se observa entre 1990 y 2000 es bastante impresionante y contrasta fuertemente con la relativa estabilidad del siglo precedente.
Mientras tanto, la línea punteada verde muestra la misma variable en el caso de Estados Unidos. Haciendo caso omiso de los saltos asociados a los esfuerzos de dicho país durante las dos guerras mundiales, lo cierto es que hay un salto relativamente modesto tras la crisis de 1929, el llamado New Deal del Presidente Roosevelt5 y otro, bastante más notorio, en los años sesenta, la época que Presidente Johnson llamó la Gran Sociedad6, cuando prácticamente se duplica la participación del Estado, pasando de 16,6% en 1957 a 31,3% en 1967.
Lo importante es notar el nivel relativo de desarrollo del país, en el momento en que se toma la decisión de duplicar el tamaño del Estado. Para eso voy a utilizar las cifras del llamado Proyecto Madisson7. Esto es, voy a aproximar la noción de “nivel de desarrollo” con el PIB per cápita, corregido tanto por inflación, como por diferenciales en poder adquisitivo.
La evolución del PIB per cápita, así definido, se ilustra en las líneas continuas del Gráfico 2. Por ejemplo, al iniciar el New Deal, digamos en 1932, el PIB per cápita americano es 8380 dólares reales de paridad (USP8,380) y el salto en el tamaño del Estado es, grosso modo de 5 puntos, pasando de 5% del PIB a 10% del PIB. Al iniciarse el período de la Gran Sociedad, digamos hacia 1964, de otra parte el PIB per cápita supera los USP20,000. En el momento en que el Estado americano alcanza a representar el 30% del PIB por primera vez, en 1967, ya superaba los USP22,000.
En contraste, cuando Colombia decide duplicar el tamaño del Estado, hacia 1990, el PIB per cápita es de USP7,690 y cuando el Estado llega a representar el 30% del PIB por primera vez, en 2009, llega a USP10,980. Es decir Colombia toma una decisión, la de introducir en Estado de Bienestar, que implica un esfuerzo equivalente al que implementó Estados Unidos durante la gran sociedad, con un nivel de desarrollo apenas de la mitad.
En el Cuadro 1 se amplía el punto anterior. El cuadro tiene tres columnas. En la primera se especifica el país en cuestión. En la segunda, se especifica el primer año en el cual se cumple la siguiente condición (C=1): (a) la relación entre el gasto público y el PIB es 10 puntos porcentuales superior a la observada 10 años antes y (b) lo sigue siendo durante al menos otros dos años. La tercera columna, finalmente, muestra el PIB per cápita, medido en USP, observado en el año en el que C=1.
El contraste es muy marcado entre Colombia y los países avanzados. Mientras que en éstos el nivel promedio de desarrollo, una vez consolidado el Estado de Bienestar, es de USP18,3 mil, en Colombia es menos de la mitad, algo menos de USP8500. Puesto en otras palabras, la decisión colombiana ocurre a un nivel de desarrollo inferior al promedio, en un monto equivalente a casi tres desviaciones standard.
La creación de un estado de bienestar en un país democrático, con un nivel de ingreso muy inferior al observado en los países avanzados, constituye una decisión muy interesante que genera diverso tipo de inquietudes.
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