Después de las movidas del gobierno de Gustavo Petro de esta semana, de intervenir las dos EPS más grandes del país, la pregunta en muchos círculos es ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno es joven todavía. Han pasado 609 días desde la posesión, y faltan 852 para que entregue el poder. Pero en menos de dos años el ritmo de radicalización es tan acelerado que alimenta un nivel de incertidumbre con pocos precedentes sobre lo que pueda pasar hasta el 7 de agosto de 2026.
“A mí me confunde el tiempo”, dice Andrés Mejía, analista político. “Esta curva de deterioro podía pasar, pero no me imaginé estar así en abril de 2024, ¿qué hacemos con todo el tiempo que falta?”. Gustavo Duncan, politólogo de Eafit, advierte que “no hay que banalizar lo que está pasando”.
En el primer año, Petro pasó de proponer un gran acuerdo nacional y armar una gran coalición de centroizquierda, a romperla, sacar a sus ministros liberales y comenzar a hablar de ruptura institucional. Y en el segundo año ya va en denunciar golpes de Estado inminentes, ha cambiado 11 ministros, promueve una asamblea constituyente agitando al “pueblo”, y respondió al hundimiento de su reforma de salud con la intervención de dos EPS con 15 millones de afiliados.
Para intentar contestar qué puede a pasar, La Silla armó tres escenarios posibles. Tienen una alta dosis de especulación, no son predicciones, y el futuro puede ser una combinación de varios de ellos. Dependen tanto de cómo se mueva el gobierno, como de la respuesta de los otros actores políticos, los entes de control, las cortes, los militares, el sector privado y la comunidad internacional.
Estos son los escenarios:
El presidente Petro entiende que sus caminos de lograr cambios por la vía institucional están cerrados, y decide llegar a acuerdos. Recibe el mensaje de las marchas multitudinarias de oposición. Sopesa los riesgos del camino actual sobre el sistema de salud, infraestructura, energía, hidrocarburos y la seguridad, y calcula que el momento le da poder de negociación. Pero sabe que tiene que ceder para dejar un legado de gobierno.
Lo hace ante un establecimiento económico y político preocupado por la incertidumbre y consiente de la necesidad de evacuar la “explosión controlada” que se acumuló desde el paro, la pandemia, la llegada de la izquierda y décadas de problemas estructurales que han envejecido mal. Deciden ceder ante un líder que ha corrido la raya del poder presidencial, a pesar del precedente negativo y los costos políticos, para contener su ímpetu revolucionario en una agenda reformista concertada.
En medio de la algidez política actual, hay casos puntuales donde los acuerdos están ya andando. En la paz total con la participación del uribismo. En el sector del agro con grandes empresarios. Con los cafeteros, aunque el presidente fabrica un problema, sus ministros negocian con la Federación a puerta cerrada. En el Congreso con reformas importantes como la pensional y la jurisdicción agraria que siguen vivas.
Ante la propuesta de un acuerdo real, que incluye desistir de la idea de hacer una constituyente, Petro logra volver a congregar al centro político y a varios líderes de oposición. Un sector de la derecha se mantiene en oposición férrea, pero es minoritario.
Los acuerdos aterrizan en escenarios mixtos de asambleas populares y mesas técnicas con gremios, que producen insumos para reformas y decretos. La Superintendencia de Salud modifica las intervenciones a EPS e impone, en cambio, medidas de vigilancia especial. La reforma agraria avanza con compra de tierras y desarrollos agroindustriales. La agenda legislativa se revitaliza con los insumos de las mesas y asambleas, y el Congreso aprueba reformas concertadas en salud, pensiones, trabajo y educación.
Los intentos de un grupo de la oposición de juzgar a Petro en la Comisión de Acusaciones no avanzan. El presidente entrega el poder en 2026.
Petro redobla su apuesta. La Superintendencia de Salud avanza con intervenciones a Sura y Comfandi, y acepta la propuesta de liquidación de Compensar y traslada sus afiliados a la Nueva EPS. Apuesta a crear su modelo preventivo público desde ahí, y a que los problemas en la atención que surjan se pueden achacar al mal manejo y corrupción del sector privado en el pasado.
Las medidas galvanizan a los opositores. En la marcha del 21 de abril salen más de un millón de personas a la calle. Además de los convocantes de la oposición, se suman figuras importantes del centro y la centroderecha. Los exministros Alejandro Gaviria y Cecilia López. Claudia López viaja desde Boston para asistir, y con ella varias figuras del partido Verde como Katherine Miranda y Catherine Juvinao. También salen Vargas Lleras y Uribe.
Surge de ahí un frente unido de resistencia al gobierno bajo la premisa de contener a Petro hasta que termine el periodo. Ese frente también frena a las facciones más radicales de la derecha, de políticos y militares reservistas, que promueven un juicio político o incluso un golpe de Estado.
El acuerdo se traslada, en reuniones privadas, a las cortes, entes de control y el Congreso, para que actúen de manera firme pero contenida. Para que eviten la tentación de protagonismos y excesos con cálculos electorales, como el de Alejandro Ordóñez cuando Petro era alcalde de Bogotá, y eviten alimentar la narrativa de persecución al gobierno.
Pero el presidente insiste en su reforma constituyente. Frente a la movilización popular pacífica del frente unido de centro y derecha, promueve asambleas populares y cabildos en las regiones donde es más fuerte. Moviliza eventos con sus bases y explora caminos para citar a una asamblea por decreto, pero el control judicial se activa para frenarlo.
Su apoyo popular, ya mermado, se reduce aún más. Empieza a tener números de rechazo similares a los de Iván Duque y Juan Manuel Santos. La crisis del sistema de salud se agudiza, y casos mediáticos de corrupción y muertes de afiliados de la Nueva EPS terminan achacados a la acción del gobierno. Los subsidios se entregan a medias en medio de la ineficiencia administrativa, y no alcanza a movilizar grandes sectores populares. La comunidad internacional rechaza el autoritarismo del presidente, y Estados Unidos frena la cooperación con el gobierno.
El Congreso, impulsado por el frente unido de opositores, tramita reformas que propuso el gobierno con proyectos más moderados de iniciativa de los congresistas. El presidente, cada vez más aislado, se niega a firmarlos. Su contacto con el gabinete se vuelve cada vez más lejano, sus ausencias más notorias, sus divagaciones en redes sociales más incomprensibles, y su difusión de desinformación se incrementa.
Petro mantiene un apoyo de un núcleo duro de izquierda incondicional, que se monta en las denuncias de golpes blandos y bloqueo de la oligarquía, pero pierde el respaldo de sectores importantes del movimiento social.
El gobierno termina luego de dos años de grandes crisis sectoriales y escándalos de corrupción, pero termina.
La radicalización del presidente encuentra un espejo en la oposición. En la marcha multitudinaria del 21 de abril, el exministro Alejandro Gaviria, la única figura del centro que se anima a salir, es abucheado y se tiene que ir.
En la plaza de Bolívar montan una tarima donde miembros de la reserva del Ejército anuncian la creación de un nuevo partido y advierten que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para defender la democracia frente a los excesos del gobierno. Hacen un llamado a la desobediencia de los miembros activos de las fuerzas militares.
El presidente Petro responde con una nueva salida masiva de generales y denuncias de que el establecimiento los quiere sacar. Acelera su desmonte del sistema de salud, y utiliza los millonarios recursos que controla para comprar congresistas de los partidos tradicionales y fraccionarlos.
La procuradora Cabello inicia una racha de suspensiones de funcionarios agresivas, que el gobierno responde poniendo a funcionarios más leales y radicales. El Congreso entra en parálisis, con fuerzas divididas, y un centro desorientado y asilado. Los superintendentes desatan sus poderes discrecionales para intervenir empresas de servicios públicos, medios y bancos, y radicalizan a cada vez más sectores.
En medio de su creciente desconfianza de la Fuerza Pública, el gobierno une fuerzas con el ELN para combinar el proceso de participación de la mesa de negociación con los cabildos y asambleas constituyentes. La promesa de una nueva constitución, que permite la reelección de Petro y hace concesiones al ELN, acelera un acuerdo. Los poderes armados usan su capacidad de movilización para alimentar contraprotestas a las movilizaciones ciudadanas de una oposición cada vez más radicalizada.
Hay choques violentos en las calles y ruidos de sables que llevan a la expedición de medidas extraordinarias por parte del gobierno, como una declaratoria de conmoción interior, que le da más poderes para adelantar reformas por vía administrativa, hacer cambios presupuestales, y administrar más recursos. Las crisis sectoriales son explicadas por Petro como parte de una estrategia de sabotaje ilegal. El poder judicial actúa de manera desorientada en medio de dos autoritarismos, y el país entra en una senda de ruptura democrática y caos.
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