La Fundación Ideas para la Paz (FIP), uno de los tanques de pensamiento más reputados en el análisis del conflicto armado del país, publicó un informe sobre el empoderamiento de los principales grupos armados durante el 2023, un año de intensas negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. “Los grupos armados ganan con cara y sello en la paz total” fue una de las principales conclusiones.
La Silla entrevistó a María Victoria Llorente, directora de la FIP y autora de este informe. Esta politóloga de la Universidad de los Andes es especialista en temas de crimen y violencia, además ha sido asesora de seguridad del Ministerio de Defensa y de varios gobiernos. Se refirió a las conclusiones de su informe, que contradice otros balances independientes que concluyen que los cese al fuego han tenido un impacto positivo.
En el 2023 bajaron las cifras de los impactos humanitarios en zonas de conflicto, pero ustedes lo que dicen es que no es gracias al éxito de la paz total y los ceses al fuego. ¿Por qué?
Lo decimos sobre todo cuestionando todos esos informes independientes que hablan del éxito. Por ejemplo, la Fiscalía de la JEP sacó un informe sobre el éxito de los ceses al fuego. También Pares y el mismo Cerac.
¿Nosotros por qué decimos esto? Primero vemos que hay un claro ímpetu de los grupos de seguir avanzando en su proceso de control territorial. Es clarísimo que se están expandiendo.
Las disputas entre los grupos por el control territorial aumentaron 54% en 2023. Las acciones armadas totales de los grupos también crecieron 11%. Las zonas en disputa entre grupos pasaron de cinco a nueve. En las zonas que tienen bajo dominio, pues como no se las están disputando ni otros grupos ni la fuerza pública por el cese al fuego, han bajado los impactos sobre los civiles, como muestran nuestros datos.
Además, es clave notar que hay un cambio en los repertorios de violencia. Es una buena noticia que haya menos desplazamientos, menos asesinatos selectivos contra líderes sociales, y menos masacres. Pero, nosotros tenemos información muy clara de regiones en donde han cambiado su modus operandi para evitar que se denuncien las cosas y no están dejando entrar a las organizaciones humanitarias.
En las zonas de dominio ya no necesitan desplazar tanta gente. Necesitan confinar gente y por eso han crecido los confinamientos, por ejemplo.
Ante este cambio de repertorios de violencia y la disminución de los impactos humanitarios, una teoría que ustedes proponen es: que es para quedar bien en las mesas de diálogo.
Es una opción, que sea para quedar bien en las mesas de diálogo, o sea, para hacer como que están cumpliendo. Pero también la otra opción es que no lo necesitan, no necesitan tener una violencia tan visible y brutal porque ya tienen muchas zonas bajo dominio.
Hay una conclusión fuerte del informe y es que los grupos están ganando por cara y por sello. Es decir, en las mesas de diálogo y en el terreno.
No hablemos de Danilo Rueda que era otra historia. Creo que Otty Patiño ha vuelto a una visión un poco más tradicional de qué implica una negociación con estos grupos. Es decir, es una negociación para que se desmovilicen, para que no haya gobernanza criminal en ninguna parte del país. Así lo ha dicho Patiño muy claramente con esas palabras.
Pero cuando uno mira el balance del control territorial que tienen los grupos armados; cuando uno mira los datos de crecimiento de los integrantes, entonces uno se pregunta, ¿para qué y cuál es el motivo de que ellos estén acumulando tanta fuerza?
Es decir, si la negociación me sirve, bien. Pero si no sirve, bien, porque igual estoy aquí ganando espacios, acumulando territorio y poder. Entonces hay un desbalance, no a favor del gobierno y de la paz total.
¿El esquema de los ceses al fuego ha tenido una relación causal con el fortalecimiento del control territorial de estos grupos?
No quisiera hablar de relaciones causales, porque no tenemos ninguna manera de probar nada. Lo que sí es claro es que se está fortaleciendo. Lo otro es que no tenemos mecanismos de verificación y de monitoreo funcionando plenamente.
No tenemos informes transparentes para el público. Tenemos a una Unidad de Investigación y Acusación de la JEP diciendo que los ceses al fuego son una maravilla. Pero, los que tienen verdaderamente la potestad y la información para decir que el cese al fuego está funcionando son los mecanismos de monitoreo y verificación, que no están siendo plenamente funcionales.
Por ejemplo, lo que pasó en el ciclo de diálogos del ELN en Cuba es un gran avance. Ellos se comprometieron a no hacer más secuestros. El gobierno necesitaba una victoria para mostrar ante el Consejo de Seguridad. Pero realmente toda la discusión sobre lo que está pasando con el cese al fuego y la verificación se pasó para el siguiente ciclo.
El ELN sigue insistiendo en que ha habido incumplimientos. Antonio García no se baja de que hay incumplimientos. Lo que está pasando en Chocó para ELN es producto de los incumplimientos, y los mecanismos no están plenamente conformados, no tienen el personal funcional a nivel territorial.
¿Esto sería un incumplimiento de la mesa, porque ellos dijeron que el mecanismo iba a presentar informes trimestrales cuando lo establecieron?
Claro. El primer informe del cese al fuego con el ELN debió haber salido en noviembre del año pasado. Del mecanismo dicen que han presentado unos informes, pero todo hacia adentro de la mesa. Pero, los colombianos merecen conocer esa información.
Con este escenario en que los grupos ganan por cara o por sello, ¿se podría decir que lograr la paz total luego de en un año y medio de gobierno está mas lejos?
Creo que el legado de Danilo Rueda a Otty Patiño es muy fregado. Patiño tiene una noción de lo que son estas negociaciones muy distinta a la de Danilo. La diferencia es que Danilo se enfocaba mucho en los alivios humanitarios. Para él la paz total estaba funcionando si caían los indicadores de impactos humanitarios.
El viraje es que Otty sí ha dicho claramente que su foco es lo que llama la paz territorial. Que no haya actores armados ilegales en los territorios y que allí se construya un Estado Social de Derecho. Es una visión mucho más cercana al Acuerdo de Paz del 2016
Pero entonces Otty recibe un legado tremendo porque tiene una cantidad de mesas que se abrieron simultáneamente.
El rol de la fuerza pública está un poco ausente en su informe ¿Están paralizados, no están operando, el cese al fuego, que en teoría no impide que ellos hagan presencia y rompan el control territorial, los tiene maniatados?
Con el Clan del Golfo, no hay ninguna excusa de que tengan manos atadas porque no hay cese al fuego. Recientemente, el general Salamanca relanzó la operación Agamenón III contra el Clan. El gobierno sí tiene una mayor intención, eso es claro. Habrá que ver el balance. Pero, de todas formas, según los datos del gobierno, el grupo sigue creciendo y sigue expandiéndose territorialmente.
Lo que está pasando en el Ministerio de Defensa es bastante misterioso. El ministro es una persona hermética. Sobre su cruzada anticorrupción, hoy en día se están lavando en público los trapitos.
Al interior de la fuerza pública hubo una purga muy grande. Hubo una decapitación que uno puede leer de dos maneras. Para alinear las fuerzas hacia el Pacto Histórico. O porque de verdad el ministro Velásquez es un adalid contra la corrupción. Lo que está pasando, creo, es una combinación de las dos.
En las fuerzas sí hay un montón de corrupción. No tengo datos, pero uno a donde va escucha a las comunidades decir que el Ejército y la Policía están metidas en el negocio a nivel territorial. Eso no es de este gobierno, pero sí creo que el ministro es un sincero luchador contra esa corrupción.
Por otro lado, hay un gobierno que entra y dice, “yo quiero dialogar con todo el mundo y lo más importante son los alivios humanitarios”. Entonces hace ceses al fuego, porque lo que puede parar son a las fuerzas armadas, y decirle hacerlo para cambiar la forma como se hacían las cosas.
¿Y cuál es la consecuencia de esa mezcla de cruzada anticorrupción y apertura extrema a negociar?
En la mezcla de esos dos frentes, hay fuerza pública que está despistada. Se preguntan ¿qué hacemos? Además, y es algo que no se aprecia mucho en Colombia, la fuerza pública tiene muy entronizada la idea de que ellos tienen un representante político en su ministro. Y con Velásquez hoy en día no tienen representación política. Eso los hace sentir muy vulnerables. El resultado concreto es desorientación. No es que haya falta de acción, porque también ha habido operaciones. Pero no hay una estrategia.
¿La llegada de Otty Patiño ha cambiado algo? La semana pasada se reunió con el ministro Velásquez, un encuentro que fue poco usual con el anterior comisionado, Danilo Rueda.
Ahí hubo un cambio muy importante. Lo que creo es que llegó un año y medio tarde.
El informe de la FIP dice que “el escenario con el que inicia el 2024 pone en cuestión la viabilidad de los múltiples tableros de negociación de la paz total”. ¿Por qué?
Lo que pone en cuestión la viabilidad es que los grupos han avanzado demasiado y no veo cómo los vamos a incentivar para hacer un acuerdo de paz con un gobierno que probablemente no les va a poder cumplir, que no tenemos ni idea de qué va a pasar después.
Además, acá hemos subestimado el tema jurídico y el tema jurídico es gravísimo. No hay salida jurídica para casi ninguno. La Corte Constitucional en su último pronunciamiento sobre la ley de paz total dice que no hay soporte jurídico para el sometimiento a la justicia de los grupos reincidentes y criminales. Le pone límites al presidente, que no puede usurpar funciones de la justicia.
Entonces uno empieza a ver, ¿cuál es la salida jurídica de la Segunda Marquetalia? Les toca cambiar la Constitución o la ley estatutaria de la JEP para poder meter al señor Iván Márquez, quien además no aceptaría irse a la JEP. ¿Entonces qué vamos a hacer? Con el EMC pasa algo similar con los integrantes que fueron firmantes del acuerdo de 2016.
Tampoco sabemos qué va a pasar con todos estos diálogos de la paz urbana. No veo que eso tenga ningún futuro, porque el pronunciamiento de la Corte en ese sentido es que pueden conversar lo que quieran, pero negociar nada.
El acuerdo con las Farc mostró la importancia de contar con un consenso político frente a los procesos de paz. ¿Este panorama de seguridad que nos muestra este informe cómo podría influir en el respaldo político?
¿Cuál respaldo? ¿De cuál sociedad? En los sitios donde hay conflicto y donde los grupos son tan predominantes, obviamente la gente está desesperada y pidiendo a gritos ayuda. Para esas personas la paz total es la solución, hacer un alto fuego con todos, eso es lo que la gente quiere. Pero si vas a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, la cosa es diferente.
Si miras la trayectoria de las encuestas, ha habido una caída muy grande en este gobierno en el porcentaje de personas que piensan que hay que resolver el problema con los grupos por la vía de la negociación y no por la vía militar. Es impresionante. Y la elección de los alcaldes y gobernadores con mandatos de seguridad es otra corroboración de eso.
Sentí al principio de la entrevista una molestia sobre la falta de imparcialidad de la sociedad civil que vigila los temas de conflicto.
Obviamente, las organizaciones de la sociedad civil le han prestado un gran servicio al país al ser vigilantes y no quiero ponerme a juzgar a mis colegas porque eso no me queda bien. Pero fíjense en los informes, pues básicamente todos dicen lo mismo, que los ceses al fuego han sido la maravilla, porque miren cómo han bajado los impactos humanitarios, pero no van más allá de lo que está pasando. Si este fuera un gobierno de derechas sería diferente. Entonces, al final del día la narrativa es complaciente
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