Laura Sarabia pasó de tener oficina al lado del presidente Gustavo Petro a liderar una de las entidades con la chequera más abultada del gobierno. Como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) tendrá alrededor de 10 billones de pesos, 10% de todo el presupuesto de inversión del 2024. Ahora plantea un revolcón al Sisben y una refocalización de los subsidios, que dice, deben tener “un principio y un final” y llegar a menos gente con más plata.
Aunque su oficina ya no está en Casa de Nariño la visita frecuentemente. Esta semana, por ejemplo, organizó la delicada cumbre con Petro y Alex Char para recuperar los Juegos Panamericanos. También viaja mucho con el presidente al exterior. Ha estado en 13 de 24 viajes, incluso varios como directora del DPS, como a la COP, en Dubai, y a la Casa Blanca.
La profesional en relaciones internacionales, también es la articuladora de los proyectos con los cacaos, como el de los Sarmiento en La Guajira, y capotea un proceso ante la justicia por el polígrafo a su exniñera, donde está investigada por la Fiscalía. A sus 29 años, y tras salir de la jefatura de gabinete en medio de un escándalo, Sarabia mantiene el poder de la confianza del presidente y un halo de eficiencia y resiliencia.
En esta entrevista explica el rol expansivo, en plata y poder, que Petro le ha dado como directora de Prosperidad Social. Y en un gobierno con vertientes pugnaces hacia el establecimeinto, se lanza como la funcionaria que puede hablar y trabajar con empresarios y opositores, claves en la apuesta de hacer un acuerdo nacional.
Usted anunció la creación de un Registro Único de Ingresos para reemplazar el Sisben. El gobierno anterior había hecho ya la cuarta actualización de este sistema. ¿El Registro nuevo será una evolución o una revolución?
Esto es una evolución de toda la política de focalización. Para nadie es un secreto que todavía el Sisben tiene falencias. Hay muchos departamentos donde todavía no se ha identificado a la población vulnerable.
Por ejemplo, el jueves estaba en San Andrés y Providencia. Después del huracán el gobierno nacional hizo toda la reconstrucción de Providencia, con casas que tienen baño, que tienen piso. Esos dos ítems hacen que al momento de la evaluación del Sisben esas personas sean categorizadas en unos rangos más altos. Pero eso no quiere decir que cuenten con tres comidas al día. Entonces, todo el tema de un enfoque étnico, un enfoque diferencial es lo que le hace falta hoy al Sisben. Con ese Registro Único de Ingresos queremos contar con toda una hoja de vida de las personas y los hogares para llegar de una manera más eficiente con el gasto público.
La filosofía de la asistencia del DPS ha sido siempre hacer transferencias condicionadas, como Familias en Acción. Quien recibe subsidio debe enviar a sus hijos al colegio, por ejemplo. Un registro de ingresos hace pensar que ahora la condición para recibir los subsidios va a ser el nivel de ingreso. ¿Se va a cambiar la condicionalidad de los subsidios?
El tema de los programas sociales deben tener una reformulación, una evolución. Debemos apostarle como gobierno nacional a que la gente no dependa de los programas sociales. Hace un par de días, la senadora María Fernanda Cabal hacía alusión a que un subsidio no saca a nadie de la pobreza. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Un subsidio no saca a nadie de la pobreza.
Tenemos que generar una ruta para que la gente no dependa de los programas sociales, sino que empiece a generar ingresos. ¿Cómo haces eso? Que el gasto asistencial del Estado vaya a población realmente en pobreza extrema. Y que a la población que está en pobreza moderada podamos llegar con crédito, capacitación, educación gratuita, y créditos a bajas tasas de interés. A través de esto podemos impulsar las pequeñas economías y que esta familia pase de depender de un subsidio de 80 mil o 120 mil pesos a generar sus propios ingresos.
¿Pero se cambia la condicionalidad, primará solo el bajo ingreso?
La condicionalidad va a seguir, incluso va a aumentar. Va a haber corresponsabilidad en materia de empleo, de educación, y en materia de salud. Van a seguir intactas incluso en todos los programas, en Renta Ciudadana y en Jóvenes en Paz. Por ejemplo, los jóvenes tienen unas corresponsabilidades bastante explícitas para poder acceder al subsidio. Lo que hace el Registro Único de Ingresos es la focalización de la gente.
La gente ya no se inscribe a estos programas, como era Familias en Acción. El Estado empieza a ubicar y a caracterizar la gente. Esto es lo que realmente nos va a permitir el Registro Único de Ingresos. Todos los ministerios y muchas entidades tenemos programas de atención a jóvenes, pero realmente no hay ningún lado donde se pueda identificar que ese joven recibe tal subsidio, recibe tal aporte y demás.
¿Y al final el resultado va a ser más plata a menos gente, como ya se ve en Renta Ciudadana, el programa con el que reemplazaron Familias en Acción?
Más plata, menos gente y mejor focalizada. Una ruta real de atención y de generación de ingresos. Es que 120 mil pesos no sacan a la gente de la pobreza. No quiere decir que aumentando el ingreso vaya a salir de la pobreza, pero queremos es que la persona con el subsidio transite una ruta. Que pueda capacitarse, generar y apoyar su emprendimiento. Un subsidio debe tener un principio, pero también debe tener un final. La gente no puede depender eternamente de un programa social.
Sobre la manera en que se hacen las transferencias, ¿la apuesta sigue siendo centralizarlas a través de entidades estatales como el Banco Agrario, como hizo su antecesora?
El Banco Agrario siempre va a ser un aliado estratégico para Prosperidad Social. Pero la fórmula es poder revisar en cada territorio qué le sirve más a la gente. Hay territorios a los que tal vez les puede servir más Bancolombia o Daviplata. En Jóvenes en Acción yo no les puedo decir: les voy a pagar por Banco Agrario. Me van a decir eso no me sirve, me sirve es Nequi.
El fin último es que, siendo el Banco Agrario un aliado estratégico para nosotros, y que tenemos la finalidad de potenciarlo, sea la gente la que escoja dónde le parece más eficiente recibir los recursos.
Usted tiene 10 billones de pesos para este año. Es el presupuesto más grande que ha tenido el DPS. ¿Cómo se articula esto con el Ministerio de la Igualdad, que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez, y que tiene 400 mil millones?
La idea es trabajar articulados. El Ministerio de la Igualdad tiene una apuesta que es la formulación y articulación de la política pública de superación de la pobreza. Realmente lo que yo voy a hacer es ser un operador de esa política.
Gran parte de esos 10 billones, el 87% del presupuesto del DPS, son transferencias que están estipuladas. Pero nos vamos a articular en impulsar economías populares, asociatividad de mujeres y jóvenes, y seguir atendiendo todo el sector de víctimas.
¿Pero la dueña de la chequera es Laura Sarabia y no Francia Márquez?
Francia Márquez es nuestra vicepresidenta, es la ministra de la Igualdad. Yo estaré siempre honrada de poder trabajar armónicamente y de la mano con ella.
Solo recientemente ha habido dos casos de corrupción con el DPS que involucran a congresistas: Mario Castaño y Ciro Ramírez. ¿Con toda esa plata cómo va a hacer para protegerlos de esos intereses políticos regionales?
Redoblar los deberes de diligencia. Desde mi llegada a Prosperidad Social lo primero que estamos construyendo es una política de transparencia. Finalizando el año pasado convoqué y articulé un comité asesor del cual hacen parte los gremios, empresarios, y académicos expertos en materia de superación de pobreza y de políticas públicas.
Ante ellos, la próxima semana voy a presentar el plan de transparencia. Es un programa que tiene un código ético, un protocolo de relacionamiento con alcaldes, congresistas, y las diferentes entidades. Una caja de cristal con toda la contratación de Prosperidad Social, desde el proyecto más pequeño. Incluye una depuración de proyectos que hoy se encuentran en el DPS.
Tengo más de 110 proyectos de infraestructura social que están suspendidos. Hay proyectos que empezaron en el 2015 y que hoy tienen una baja ejecución. Estamos trabajando de la mano de los entes de control para declarar los incumplimientos que sean necesarios, y poder entregar y sanear muchas obras que venían de años anteriores, y así cumplir con la deuda que tenemos con las comunidades.
Además del DPS usted está liderando las alianzas con grandes empresarios. Empezó en La Guajira con los Sarmiento, del Grupo Aval. ¿Qué sigue ahora?
Tenemos cuatro áreas referenciadas: La Guajira, San Andrés y Providencia, Chocó y el Pacífico, donde estaremos la próxima semana con todo el gobierno nacional el presidente durante cinco días en Cauca y Nariño.
Son focos en los cuales el presidente nos ha pedido, que tras años de desidia de los gobiernos, podamos apostar a llevar no solo las acciones del gobierno, sino poder encontrar aliados como el Grupo Sarmiento y otros aliados. Ya han venido sumándose en estas apuestas en poder llevar a los territorios un poco de productividad.
¿Puede contar algo concreto sobre qué cacaos van a asumir qué proyecto en el Pacífico? Varios de la región —los Eder, Caicedo y Ardila— estuvieron en la reunión con ustedes en Cartagena.
En Buenaventura hay muchas apuestas del sector privado y hemos hablado con ellos. Está Compromiso Valle, que tiene una apuesta con los jóvenes que han sido afectados por la violencia. Estamos en concretar cosas específicas. Lo que vamos a hacer la próxima semana con todo el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es ese diagnóstico y generar un plan de choque territorial para el Pacífico colombiano. Es así como realmente combatimos la violencia desde el territorio.
El gobierno tiene la postura ideológica de que la privatización ha sido nociva, y que el Estado debe recuperar espacios en los que hoy están los privados ¿Eso no se contradice con lo que están haciendo con estos grandes empresarios, sumándolos para atender necesidades básicas que debería cubrir el Estado?
El compromiso del presidente Petro, y lo que nos ha pedido a todos nosotros en el gabinete, es unir esfuerzos en pro de los territorios olvidados del país. Todos los esfuerzos que podamos concentrar en esos territorios son bienvenidos. Y lo que he dicho siempre, incluso lo ha dicho el Presidente, dialogar no es estar de acuerdo, seguro vamos a tener diferencias. Y después de esto vamos a seguir teniendo otras más. Pero dialogar es poder construir juntos y eso es lo que le hace falta al país.
El presidente lo dijo el 7 de agosto y lo ratificó en noviembre cuando se reunió con los empresarios. Para construir una Colombia en paz se necesita dialogar mucho. Y eso estamos haciendo, dialogando mucho.
¿Y este es el acuerdo nacional?
Es parte del acuerdo nacional. El acuerdo nacional tiene muchas aristas. Un acuerdo por mejores condiciones laborales, por una reforma a la justicia, por tener una mejor salud, por tener unas mejores condiciones para el sector privado. Los acuerdos con grandes empresarios son una pequeña parte de ese acuerdo nacional tangible y visible para los colombianos.
¿Cree que el gabinete está alineado con este ánimo dialogante que usted promueve dentro del gobierno con varios sectores, incluyendo el privado? Hay unos funcionarios que son mucho más resistentes y más ideológicos. Y hay una falta de articulación que quedó en evidencia en las sesiones de planeación para el 2024, el año de la ejecución.
La tónica que debemos tener desde los directores hasta los ministros es cómo ejecutamos las políticas de gobierno de manera rápida. La gente en los territorios nos está pidiendo eso. Es lo que tenemos que mostrar: gestión.
Hay que buscar los diferentes caminos, el diálogo y la convergencia de muchos sectores. Esa es la tónica y el compromiso de todos nosotros como funcionarios.
Además del DPS, además de esta articulación con los privados, usted todavía viaja con el presidente al exterior, y ayuda con temas como las reuniones para recuperar los juegos Panamericanos. ¿Usted sigue siendo la jefa de gabinete?
Yo soy la directora de Prosperidad Social y mi rol fundamental es trabajar por los proyectos que el presidente me ha designado, los proyectos de gobierno y los proyectos que se definieron y que la gente votó al momento de elegir al presidente Gustavo Petro como presidente.
¿Pero qué tienen que ver con los Panamericanos o viajar a la COP en Dubai con el DPS? Usted sigue siendo una persona muy importante en la agenda y del círculo de confianza del presidente.
Los Panamericanos son una agenda de país. Son poder potencializar estos escenarios, que no solo son deportivos, sino que son turísticos y son de prosperidad para los territorios. Y prosperidad social no es solo girar unas transferencias monetarias y entregar subsidios. Prosperidad es poder encontrar los escenarios donde la gente pueda generar ingresos.
Los Juegos Panamericanos van a generar empleo en Barranquilla y a todo el Caribe colombiano. Van a generar infraestructuras en que saquen a los jóvenes de la violencia, van a poner a Colombia en el foco internacional de un país que no solo está sumido en la violencia. Eso es prosperidad para los territorios. Y frente a la COP y otros escenarios es eso.
Yo creo que hemos visto prosperidad social como un simple operador de giro de unos subsidios del gobierno, y va mucho más allá de eso. Mi apuesta desde que llegué en septiembre a Prosperidad fue principalmente con ese objetivo y es poder visibilizar que Colombia y sus territorios tienen mucho potencial y eso es lo que me he dedicado con el presidente y con todo el gabinete.
Su día parece tener muchas horas.
Ese es el compromiso que debemos tener todos los funcionarios públicos y es trabajar incansablemente por el país.
Siendo una persona que manejó la agenda de Petro, ¿qué significa la agenda privada del presidente? ¿Qué hace en su agenda privada?
No es una agenda privada, es una agenda de gobierno, con sus ministros, con los diferentes directores de diferentes entidades, es agenda del día a día. Más que una agenda privada, es una agenda de gobierno. Así lo viví cuando estaba en la jefatura de gabinete.
El Presidente no tendría que tener una bitácora tipo: me reuní con la ministra de tal cartera para revisar los indicadores, la política. Creo que eso se ve en el día a día, como cualquier funcionario. Cada uno hace comités con sus directores, revisa cosas específicas de la semana o cosas que puedan impactar una coyuntura. A eso podría hacer referencia ese término de agenda privada, que creo que ha sido mal entendido, o tal vez no se ha explicado de la manera correcta.
Sobre el proceso por el polígrafo y la chuzada a su exniñera, en su caso está en etapa de investigación. En el de varios policías que trabajaban en Casa de Nariño está en imputaciones que ha hecho la Fiscalía. Otro policía, un coronel, se quitó la vida ¿Cuál es el el impacto de este proceso en su trabajo?
No me quisiera pronunciar. La próxima semana tengo una diligencia, y por respeto a la administración de la justicia las primeras declaraciones que rinda sobre estos pormenores deben ser ante ellos.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Rami G Khouri
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
visit website
