“Llegó el momento de la expresión popular”. Así remató el presidente, Gustavo Petro, su largo mensaje en Twitter en el que advertía de una crisis institucional porque, entre otras cosas, la Corte no había nombrado fiscal general de su terna de candidatas a la Fiscalía.
Los ánimos estaban calientes por la investigación de la Fiscalía, liderada por Francisco Barbosa, a Fecode, por financiación irregular a la campaña Petro. En respuesta, Fecode había programado una marcha el mismo día en que la Corte Suprema debía volver a deliberar sobre el nombramiento.
La noche antes de la sesión el presidente se reunió con los magistrados. Adentro les prometió bajar los ánimos de la movilización popular. Pero 15 minutos después de salir trinó: “La Presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento”.
La calle escuchó. Luego de que la Corte Suprema, reunida en su sala plena, hiciera dos rondas de votación sin llegar a una mayoría para elegir fiscal, cientos de manifestantes bloquearon las entradas del Palacio de Justicia. “Fuera, fuera”, gritaban las personas que, según constató la reportería en campo de La Silla Vacía, pertenecían a guardias campesinas de la Asuncat, el movimiento campesino del Catatumbo, de las guardias indígenas y de ciudadanos no organizados, algunos de ellos cubiertos con capuchas.
El contexto de la toma violenta del M-19, en 1985, empezó a resonar. Gerson Chaverra, el presidente de la Corte, habló desde el confinamiento temporal y lo llamó un “asedio violento”. Luego de la declaración de Chaverra, el presidente Petro ordenó a la Policía retirar a los manifestantes, y llamó a los que bloqueaban “infiltrados”. Tras algunas escaramuzas con el Esmad, las entradas al Palacio de Justicia fueron despejadas por la fuerza.
El episodio muestra que el poder del discurso del presidente para mover manifestantes puede poner en peligro la separación de poderes. En medio de la crisis, el presidente afirmó que “me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios”. Sin embargo, es claro que fue él quien incitó las movilizaciones que bloquearon el Palacio de Justicia.
El llamado se dio mientras la Corte deliberaba sobre una decisión que tendrá un impacto directo sobre el presidente. En la Fiscalía cursan investigaciones a su hijo, Nicolás Petro, y a su campaña, que tendrá que asumir quien reemplace a Barbosa. Por eso, varias altas cortes, figuras políticas y gremios se pronunciaron pidiendo respeto por la separación de poderes.
Las secuelas del episodio dejan claro que hay un núcleo duro de manifestantes dispuestos a usar la fuerza contra instituciones con las que el presidente Petro tiene enfrentamientos. Deja un precedente sobre el poder del discurso de Petro ante futuros desacuerdos con otros poderes, como las Cortes, el Congreso y los medios de comunicación, como ya había sucedido cuando un grupo de indígenas irrumpió en las instalaciones de la revista Semana.
Los últimos mensajes de Petro relativizan lo ocurrido
Ayer en la noche, el presidente realizó un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública. “Se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país todas pacíficas excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá”, escribió en su cuenta de Twitter (ahora X). Luego les pidió a los manifestantes “no afectar de ninguna manera las instituciones”.
Justo antes de ese mensaje, Petro resaltó el papel del director de la Policía, William Salamanca. “Entró libremente al Palacio de Justicia a pie”, trinó sobre Salamanca, quien, según el relato del presidente, escuchó a las magistrados y les garantizó que finalmente salieran “en sus vehículos sin obstáculo”.
Otro de los últimos mensajes de la agitada noche del presidente fue dirigido al expresidente César Gaviria. “No es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legítimamente”, escribió Petro citando un comunicado de Gaviria en contra de sus actuaciones.
La clase política se le plantó al presidente
Justamente fue Gaviria, jefe del Partido Liberal, el crítico más vocal del establecimiento político. “El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales”, dijo en su comunicado. “No se está comportando como una persona cuerda”, remató.
El senador Iván Name, presidente del Congreso, también se pronunció sobre el enfrentamiento con la Corte, tal como lo hizo cuando Petro habló de “ruptura institucional”. “Confiamos en que todos los actores de la vida nacional harán respetar a los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, escribió.
El expresidente Álvaro Uribe se pronunció escribiendo que “no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro”. De igual forma, aunque en un tono más beligerante, declaró la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, acérrima rival de Petro. “Va siendo hora de que deje el activismo, suelte el Twitter, se posesione y gobierne con eficacia”, trinó sobre el presidente.
Otro que salió al paso fue el embajador en el Reino Unido, el excongresista Roy Barreras. “Que nadie desate por acción u omisión una tormenta evitable”, escribió en Twitter con el tono cauto de un funcionario del gobierno y aliado del Pacto Histórico. No responsabilizó a Petro.
Las cortes y los gremios rodearon la institucionalidad
Las altas cortes cerraron filas rechazando el asedio. La primera en hacerlo fue la Corte Constitucional, encabezada por su presidenta Diana Fajardo. “La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia”, se lee en el comunicado de prensa.
Lo propio hizo el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo. “Hoy más que nunca estamos unidos en un clamor por el respeto a la independencia judicial”, escribió el alto tribunal. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Consejo Superior de la Judicatura también se solidarizaron con la Corte.
En el mismo sentido, los principales gremios económicos del país respaldaron a los magistrados retenidos. El Consejo Gremial, el gremio de gremios, y la Andi rechazaron lo ocurrido.
El Secretario de la OEA le da un espaldarazo a Petro
“La Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del Presidente Petro”, dice el comunicado publicado por el secretario de la OEA, Luis Almagro, publicado en medio de las manifestaciones. Tres congresistas del Pacto Histórico habían estado reunidos con él ese día. El comunicado fue difundido por el presidente Petro y en las redes del gobierno, pero generó extrañeza en el mundo diplomático, pues no eran claras las amenazas al gobierno, mientras la Corte Suprema era bloqueada.
Horas después Almagro publicó, desde su cuenta personal de Twitter (ahora X), un mensaje en el que arranca “reafirmando el comunicado”, y luego afirma que “se debe respetar la autonomía del Poder Judicial para asegurar el eficaz ejercicio de la institucionalidad democrática”.
El debate sobre la responsabilidad del presidente. Se anticipa una versión miniatura del debate en Estados Unidos sobre la toma del Capitolio luego de la instigación de Trump, o del Palácio do Planalto en Brasilia empujado por Bolsonaro. Petro señaló a algunos manifestantes que intentaron forzar la entrada al Palacio de Justicia en Bogotá de “infiltrados”, y pidió a la Fiscalía investigar. Al mismo tiempo, se ha quejado del relato periodístico, ha acusado a Semana de mentir, y ha difundido la versión de Noticias Uno de que se trató de una “exageración”.
El clima en las futuras deliberaciones de la Corte Suprema. El 22 de febrero, la Corte Suprema volverá a reunirse en Sala Plena en un nuevo intento para escoger a la fiscal general. Está por verse si el presidente vuelve a activar su poder en la calle para presionar a los magistrados, una estrategia que nació débil, y si es capaz de controlar a su núcleo más radical de simpatizantes, alineados con su narrativa de perseguido político, que probablemente vuelvan a manifestarse durante las votaciones del alto tribunal. En todo caso, y si la Corte continúa con su celosa tradición, el afán del presidente por una nueva fiscal será desatendido.
La reacción del Congreso que arranca. Es la segunda vez, en menos de un mes, que el presidente del Congreso, Iván Name, contraría públicamente al presidente. Lo hizo cuando Petro habló de “ruptura institucional” y ahora frente al asedio de la Corte. Está por verse si el Senado, liderado por Name, se convierte en efecto en el palo en la rueda de las reformas sociales del gobierno, o si la enorme chequera del gobierno es capaz de recomponerlo todo. El 16 de febrero empieza el segundo período de la actual legislatura.
La fiscalía de Martha Mancera. Su administración al frente del ente investigativo será particularmente vigilada. Entra con el estigma de representar, según la narrativa del presidente, a las “mafias” que se han “tomado” la Fiscalía. En su gestión, además, y de acuerdo al tiempo de su interinidad, se van a seguir desarrollando las investigaciones sobre las irregularidades en la financiación de la campaña Petro y casos como el de Nicolás, su hijo, y Laura Sarabia, la mano derecha del presidente.
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