El presidente Gustavo Petro completó una semana de movidas políticas ambiciosas. El martes lideró una reunión privada con la élite empresarial en Cartagena. El miércoles conversó durante tres horas con el expresidente Álvaro Uribe sobre la resistida reforma a la salud, un encuentro precedido por la salida intempestiva de Danilo Rueda como comisionado de paz. Y el jueves volvió a un evento gremial, convocado por el Congreso Nacional de La Infraestructura, dominado por la figura de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y entregó un parte de tranquilidad sobre la continuidad de las Alianzas Público-Privadas (APP) para la construcción de obras civiles.
De haber cumplido la cita con el expresidente Juan Manuel Santos, en la conmemoración de los siete años del Acuerdo de Paz con las Farc, Petro hubiera cerrado una semana redonda. El presidente canceló a última hora, alimentando las críticas por su “agenda privada” sin explicaciones y, tras las insinuaciones de que sufre de una adicción, sigue generando dudas sobre su capacidad para convertir los diálogos abiertos en acuerdos y políticas públicas.
En todo caso, Petro da pasos concretos para acordar la ejecución de su programa de gobierno con un sector del establecimiento político y económico. El presidente elige a sus interlocutores y tiende puentes con ellos en medio de grandes nubarrones políticos y económicos. Entre ellos, la desaceleración económica, que puede transformarse, según MinHacienda, en una recesión; la crisis política de la paz total; y una agenda legislativa bloqueada con la reforma a la salud en el centro de la discordia.
Resta por calibrar el margen de negociación que está dispuesto a conceder el gobierno. Sobre todo en el último tramo del actual período legislativo y de cara al 2024, el año clave para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la abultada chequera del presupuesto. Las primeras señales muestran amplitud para liderar proyectos de inversión con el sector privado, menos cintura para ceder en las reformas sociales, una desconfianza creciente con las altas cortes que puede convertirse en el principal ancla del gobierno y una pausa al recurso de la movilización social.
Petro escogió a los cacaos empresariales como uno de los principales interlocutores para mejorar su gobernabilidad. La reunión privada en Cartagena dejó una serie de proyectos de inversión por aterrizar en regiones apartadas como Buenaventura, Chocó y La Guajira, protagonistas en la conversación coordinada por Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, y Juan Fernández, consejero empresarial del presidente.
Una alianza fluida con los cacaos puede empujar la baja ejecución presupuestal del gobierno Petro, alertada por la Contraloría y el Comité de la Regla Fiscal (Carf). “Los grandes empresarios han impulsado los principales legados presidenciales. Lo hicieron con Uribe y su política de seguridad, o con la política de paz de Santos. En este gobierno existen deficiencias en tantos frentes que su cooperación puede reorientar la gestión, sobre todo en términos de ejecución”, dice Gustavo Araújo, socio de la firma de relacionamiento estratégico Orza.
La presencia de Petro en el Congreso de Infraestructura confirmó su tono de apertura con el alto empresariado. En su discurso, el presidente aseguró que el gobierno iba a continuar con la figura de las APP. Este esquema de concesiones, creado durante el gobierno Santos para impulsar las carreteras 4G, tiene al Grupo Aval, de Sarmiento Ángulo, como uno de los grandes beneficiarios de los contratos. El presidente también negó que el gobierno tuviera entre sus planes eliminar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o acabar de forma anticipada algunas concesiones viales, como publicó La W.
La fluidez con los empresarios más ricos contrasta con la tensión creciente con los gremios económicos. Estos representan un sector más amplio del empresariado, y vieron con escepticismo la reunión con los cacaos en medio de las negociaciones que deben encarar con el gobierno, como el aumento del salario mínimo, la subida del Acpm y un nuevo proyecto de reforma laboral.
“En muchos círculos de izquierda existe la idea de que el verdadero poder lo tienen las élites económicas. La reunión en Cartagena es coherente con esa visión. Pero Colombia tiene una distribución del poder más diversificada. La influencia de los grandes empresarios para cambiar las votaciones en el Congreso es menor”, dice el consultor Andrés Mejía.
El expresidente Uribe es el otro interlocutor escogido por Petro para desencallar su gobierno. En la reunión del miércoles en palacio, ambos plantearon sus posiciones frente a la reforma a la salud, pero no cedieron un centímetro ni se comprometieron a buscar una fórmula para sacarla adelante. “El tono fue distinto, pero el fondo sigue siendo igual”, le dijo a La Silla el representante Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, quien estuvo en la reunión. Sin embargo, Petro y Uribe mantienen un “canal directo” para discutir los principales problemas del país y un pacto tácito de no agresión.
Esta actitud de Petro con Uribe es distinta a la que mantiene con otros líderes políticos, como César Gaviria en el Liberal y Efraín Cepeda en el Conservador, cuyos partidos el gobierno ha intentado fracturar para favorecer sus reformas en el Congreso. El presidente tampoco le ofrece el mismo estatus a otros sectores relevantes de la oposición, como Cambio Radical, uno de los más duros, y los congresistas del Partido Verde que han ganado protagonismo por su oposición férrea a la reforma a la salud.
El presidente tiene una visión menos institucional para resolver los conflictos políticos. Escoger a Uribe y a los cacaos empresariales como los principales interlocutores del establecimiento es un reflejo de su visión frente a la democracia, escéptica de los intermediarios y de la representación indirecta. “El poder en una democracia tiende a diluirse y fragmentarse. Y acumularlo para hacer que las cosas pasen es un verdadero arte. No basta con sentarse con ellos para resolver los asuntos del gobierno. Es una visión simplista y caricaturesca de la democracia colombiana”, dice el analista Luis Guillermo Vélez, columnista de La Silla y exsecretario privado de Santos.
Y bajo esa mirada, Petro descuida flancos centrales. El principal, el contrapeso que ejercen las altas cortes y que han venido desplegando en contra de los intereses del gobierno.
Recientemente, la Corte Constitucional tumbó la prohibición, impuesta sobre las empresas petroleras, para deducir del impuesto de renta las regalías que pagan por explotar recursos naturales no renovables. Esta prohibición, aprobada dentro de la reforma tributaria del gobierno, representaba el 15 por ciento de su recaudo fiscal. La decisión de la Corte fue respondida por un desafío del presidente, quien aseguró que le “tocaría” al ministro de Hacienda “recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.
De hecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, cuestionó el trino de Petro y dijo que “anunciar un recorte de la rama judicial como consecuencia de una decisión de una alta Corte es inaceptable”.
La Corte Constitucional también ha ido tumbando la mayoría de los decretos de emergencia del gobierno Petro en La Guajira. De los 13 decretos que expidió bajo esta figura, 10 se han caído. Lo ha hecho desde que falló como inexequible el estado de emergencia declarado por el presidente para atender la situación humanitaria en ese departamento. Su decisión más reciente fue tumbar un decreto que tomaba medidas especiales frente a su Programa de Alimentación Escolar (PAE).
“Nuestros compromisos con el país se están frustrando mediante vías judiciales y administrativas. La democracia liberal es la que queda en entredicho. Cada vez es más claro que el poder popular no es el que prima en una democracia”, dice Daniel Rojas, director de la Sociedad Activos Especiales (SAE), y uno de los altos funcionarios ideológicamente más afines al presidente. “El acuerdo nacional debe tener un episodio con las altas cortes y el Banco de la República”, agrega a propósito de las reiteradas solicitudes de Petro para que el banco baje las tasas de interés.
Por delante, y en medio de esta creciente desconfianza institucional, la Corte debe revisar la constitucionalidad de las reformas. Y este año, el alto tribunal cambió su jurisprudencia para tener la potestad de suspender leyes aprobadas mientras estudia su exequibilidad, cuando sea claro que van en contra de la Constitución. Esta facultad le permite tomar decisiones más rápido y sus efectos pueden recaer frente a las reformas que traen modificaciones estructurales, como la de la salud, cuyo trámite también ha sido cuestionado por vicios de forma.
En el horizonte también está la elección de la nueva fiscal por la Corte Suprema de Justicia. El proceso arrancó esta semana con las entrevistas a las tres candidatas ternadas por el presidente, quien no le ha dado un guiño a ninguna. Una de las tres, Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo o Amelia Pérez, pueden ser el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa, quien termina su período en febrero del próximo año y se erigió como uno de los principales opositores del presidente.
La nueva estrategia del gobierno para mejorar su gobernabilidad marca los límites de la movilización social. Este año, el presidente recurrió a balconazos y “tomas pacíficas” para impulsar su agenda de reformas. Y los resultados, por ahora, han sido discretos. “Petro nunca movilizó tanto y siempre estuvo conceptualmente equivocado. El pueblo movilizado no aprueba las reformas. Las aprueba el Congreso y las revisan las cortes”, dice el analista Vélez.
En el petrismo consideran que la movilización social sigue siendo un factor clave para impulsar al gobierno, pero que no han sabido responder a sus expectativas. “Hemos fallado en darles a las organizaciones sociales victorias tempranas y concretas. Nos ha faltado poner a su servicio instituciones que tienen el poder de cambiar la realidad material de las personas”, dice el director Rojas, de la SAE. “Estamos a tiempo de mejorar y encontrar en el apoyo popular la fuerza que nos falta para aprobar las reformas”, agrega.
En contraste con la falta de efectividad de la presión en las calles a favor del gobierno, la oposición demostró su capacidad para movilizarse y lo tradujo en las recientes elecciones regionales, en las que el Pacto Histórico sufrió una paliza electoral. “Somos conscientes de que nosotros ganamos el gobierno, pero no el poder. Las estructuras del poder tradicional en buena parte siguen vivas. En consecuencia, la movilización sigue siendo un recurso fundamental para que la política tradicional concerte las reformas con el progresismo”, dice el congresista Gabriel Becerra, del Pacto Histórico.
La pregunta al interior de las fuerzas del presidente sigue siendo hasta dónde ceder. “Existe una postura que plantea un acuerdo nacional para que todo siga igual. Otros creemos que el acuerdo nacional consiste en acordar cómo se construye el cambio en Colombia, que es la expectativa ciudadana”, dice la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien presentó por primera vez la resistida reforma a la salud en el Congreso.
Por fuera del petrismo, la cuestión es si la última semana del presidente representa un viraje definitivo en su política de alianzas y acuerdos, o una excepcionalidad de fin de año.
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