Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval e hijo del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo, viajó a La Guajira con el semblante de un ministro de gobierno. Frente a un pequeño auditorio de indígenas Wayuu, exaltó la belleza natural de la región, entregó cifras sobre su pobreza abismal y esbozó un futuro promisorio. “Esta misión nace del corazón del presidente”, dijo a su lado la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, la mujer de confianza del presidente Gustavo Petro.
Misión La Guajira, el nombre de la alianza que lanzaron el 14 de diciembre el gobierno y los Sarmiento, es el primer proyecto que surge de la reunión privada en Cartagena entre Petro y algunos de los representantes del alto empresariado. Fondeada inicialmente con 10 mil millones de pesos, la misión promete impulsar proyectos productivos y de autoabastecimiento de energía entre las comunidades indígenas que viven en los municipios de Manaure y Uribia.
El anuncio consolida el nuevo canal de comunicación entre Petro y el sector privado, construido a través de Sarabia y Juan Fernández, el consejero empresarial de Presidencia. Sin embargo, no supone un compromiso para bajar la guardia en los temas centrales que los dividen, principalmente en las reformas sociales que avanzan en el Congreso.
“Trabajar por las regiones no tiene nada que ver con estar de acuerdo con las reformas. Esto es por el país. Yo sigo estando en contra de la reforma pensional, por ejemplo”, le dijo a La Silla un alto ejecutivo del Grupo Aval, dueño de Porvenir, el fondo de pensiones privadas más grande del país, y quien pidió la reserva de su nombre por no ser su portavoz.
La alianza en La Guajira entre Aval y el gobierno Petro tiene dos ingredientes esenciales. Por un lado, el músculo financiero de los Sarmiento, la familia más rica del país, cuyos intereses en sectores como las pensiones y la infraestructura están sujetas a las regulaciones del sector público. Y por otro lado, el rol de articuladora del gobierno que Sarabia ha asumido desde su regreso, ahora bajo la potenciada estructura del DPS.
Desde La Guajira, Sarmiento Gutiérrez prometió aumentar con rapidez el fondo inicial de 10 mil millones de pesos. La idea, luego de los planes de choque para llevar agua y luz a las comunidades indígenas, es impulsar proyectos productivos desde una bolsa común a la que van a aportar diferentes empresas del país. Por cada peso, Aval donará dos. La meta es llegar a 100 mil millones de pesos e impactar a cerca de 3500 personas en una de las regiones más pobres del país.
Sarabia, por su parte, puso a su disposición el halo de eficiencia que la precede. “Esta alianza público-privada contará con la gerencia del más alto nivel”, dijo la alta funcionaria, quien prometió asumirla “personalmente” y poner el DPS, la institución que concentra buena parte de las políticas contra la pobreza, a su disposición. “Como hay recursos de por medio, debemos poner comités operativos y técnicos con capacidad para administrar recursos y monitorear resultados”, le dijo a La Silla un alto funcionario del gobierno involucrado en la operación del proyecto, quien pidió la reserva de su nombre
Los roles de Sarmiento y Sarabia en La Guajira dan pistas sobre el aterrizaje de las demás alianzas público-privadas que el gobierno busca concretar.
La idea es que, de acuerdo a los cinco ejes de los que hablaron con Petro en Cartagena, los empresarios diseñen sus proyectos sociales y el gobierno ponga su institucionalidad para desarrollarlos y darles continuidad. “Hay proyectos que van a tardar años en producir resultados visibles, como en los temas educativos”, dijo la fuente del gobierno a propósito de un tema en el que está particularmente interesado Alejandro Santo Domingo, del Grupo Valorem, dueños de empresas como las Tiendas D1 y Caracol Televisión.
Pero tanto desde el gobierno, como desde los empresarios, entienden que el trabajo conjunto no está condicionado al respaldo del sector privado a las principales reformas sociales del gobierno, ni tampoco existe la expectativa de que Petro matice el corazón ideológico de su programa. “Esto es independiente a las reformas. Son mundos aparte. Nuestra colaboración con el gobierno nunca ha sido incompatible con que los gremios hagan sus reparos frente a las reformas”, le dijo a La Silla uno de los empresarios invitados a la reunión privada en Cartagena, quien pidió la reserva de su nombre para no afectar sus proyectos con el gobierno.
Recientemente, el presidente volvió a activar el lenguaje duro contra los empresarios que ha desplegado este año. “Al buscar esclavizar la fuerza de trabajo del país, Fenalco estaría construyendo la ruina de sus propios afiliados”, escribió Petro a propósito de la oposición del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, frente al aumento del 18% propuesto por los sindicatos para el salario mínimo en el 2024.
Pretender desactivar las tensiones entre el gobierno y los empresarios, pasando por encima de los gremios, fue una de las principales críticas de la reunión privada entre Petro y los cacaos. De hecho, en su momento, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que estos grandes empresarios no representaban el amplio tejido empresarial del país.
Pero los propios cacaos le bajaron el ruido a estas suspicacias gremiales. “Yo me siento muy bien representado por los gremios. Hacen el trabajo que les corresponde”, le dijo a La Silla el empresario invitado a la reunión privada en Cartagena.
Lo hicieron, sobre todo, respaldando el trabajo de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, con quien los cacaos se reunieron un día después de la cita con Petro en Cartagena. Con este respaldo poco publicitado, Mac Master alcanzó la presidencia del Consejo Gremial, el gremio de los gremios. Lo hizo con una postura más crítica frente a las reformas del gobierno, y en detrimento de la candidatura de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de los servicios públicos, quien se presentó con una posición más conciliadora frente a Petro. Los dos finalmente llegaron a un acuerdo para sucederse en la dirección del Consejo Gremial: Mac Master en 2024 y Sánchez en 2025.
El espaldarazo a la posición más crítica de los gremios llega, además, en medio de los éxitos parciales del gobierno Petro en su agenda legislativa, como la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes y el avance de la ponencia positiva de la laboral. Y ad portas de un año en el que empezarán a andar las reformas a las pensiones y los servicios públicos, dos proyectos en los que los grandes grupos económicos tienen enormes intereses.
Con las reformas en otro carril de la negociación, la buena interlocución con los cacaos depende de la eficiencia del gobierno para sacar los proyectos adelante. En esto, el papel de Sarabia y Fernández, el consejero empresarial, son claves. Juntos se comprometieron a sumar a los ministros y directores administrativos correspondientes para cada una de las alianzas.
Por ejemplo, el presidente de Alquería, Carlos Enrique Cavalier, les propuso un proyecto para aumentar la producción de leche en diferentes lugares del país. Para llevarlo a cabo es necesario, según una alta fuente del gobierno pendiente del tema, coordinar una mesa técnica con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mójica, e invitar a la banca pública y privada para estimular el acceso al crédito para los lecheros.
Sarabia y Fernández tendrán el reto de coordinar a estas personas y sectores que, en el pasado, se han relacionado con desconfianza. “Este es un gobierno diverso. Existen integrantes que no ven esta relación de la mejor manera. Muchos, quizá, porque en algún momento se sintieron y fueron excluidos. Pero ahora no podemos ser nosotros quienes excluyamos”, dice la fuente del alto gobierno.
También falta generar las condiciones para que la inversión privada complemente el gasto público con el que el gobierno pretende, en 2024, darle un impulso a una economía en plena desaceleración. “La verdad, no hay proyectos. Yo, por ahora, sólo veo buenas intenciones”, dice el alto ejecutivo del Grupo Aval, a propósito de la construcción de infraestructura pública, en la que el grupo de los Sarmiento ha sido protagonista a través del esquema de las APP para construcción de carreteras.
Con esta combinación de proyectos sociales andando, reformas que generan divisiones y pasos tímidos para contener un 2024 complejo económicamente, el gobierno Petro cierra el año dándole un nuevo aire a su turbulenta relación con el empresariado. Pero lo que empezó en Cartagena como el anuncio del principio de un gran acuerdo nacional, va aterrizando como una serie de proyectos conjuntos concretos, que aún no dan el paso para la discusión de grandes transformaciones consensuadas.
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