Fue una semana de contrastes en el Congreso. La oposición celebró el aplazamiento del debate de la reforma pensional — lo que la pone contra el calendario—, pero el gobierno celebró que dos de sus ministros más importantes, Salud y Defensa, salieron ganadores en las mociones de censura que los querían sacar de sus cargos.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de una asamblea nacional constituyente alteró la agenda de la plenaria Senado que, por primera vez en el año, sesionó tres veces en la semana. También le permitió decantar los potenciales que tiene de cara al desenlace de las reformas sociales, especialmente la pensional.
Estas son las cinco claves que mostró el Congreso luego de que Petro infló el globo de la constituyente, que, con el pasar de los días, se va desinflando.
Ayer, cuando por fin se empezó a debatir la reforma pensional en la plenaria del Senado —porque lunes y martes los senadores se dedicaron a hablar de la propuesta de la constituyente—, el gobierno recibió señales.
Arrancando porque logró que no se le desbaratara el quórum de 53 senadores que se necesita para que haya sesiones. Cuatro senadores opositores a la reforma, Carlos Motoa de Cambio Radical; Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático; y Jonathan Ferney Pulido – que se autorreconoce como Jota Pe- radicaron a última hora impedimentos.
La votación de impedimentos suele medir el ambiente del Senado para ver si va a haber o no sesiones. En las últimas dos semanas las sesiones se levantaron al menos cuatro veces porque no siempre hubo quórum para tramitar los cerca de 70 impedimentos que se habían radicado antes.
También es la estrategia que usa la oposición para suspender los debates porque cuando se someten a votación se salen. Ayer, Centro Democrático, Cambio Radical y algunos conservadores apostaron porque el quórum no se armara desde el inicio. Pidieron que el orden del día, que habitualmente se aprueba sin que nadie ponga cuidado, se votara de manera nominal, es decir, contando uno a uno los senadores presentes.
El gobierno superó esa prueba y la de los cuatro impedimentos porque las bancadas del partido de La U y el Mira, que se mueven en la independencia, se quedaron votando. Ellos suman 13 senadores, que, además de los 20 del Pacto, las cinco de Comunes, unos liberales, 10 de la coalición Centro Esperanza, son suficiente para conseguir la mayoría de presentes.
Además de los asesores del Ministerio del Interior, que deben vigilar que los aliados estén en sus puestos, también hubo fichas de la bancada oficial ayudando a mantener el orden. María José Pizarro, por ejemplo, bajó y subió varias veces de su atril de primera vicepresidenta — que está en vilo en el Consejo de Estado — para pedirle a Julián Gallo que llamara a Sandra Ramírez, quien no estaba al inicio de la sesión.
Las señales a favor del gobierno también se vieron en intervenciones de senadores con peso en la plenaria. José David Name, de La U, destapó su interés de apoyar el gobierno de dos maneras. Primero, cuando le reprochó a los del Centro Democrático y Cambio Radical por salirse cuando se votaban los impedimentos, y, luego, cuando insistió en que se debía avanzar en el debate ante una propuesta de aplazar la sesión para escuchar a los gremios que se pueden impactar con la reforma.
La voz de Name tiene peso. Es uno de los dos voceros de La U en el Senado, el otro es Antonio Correa, que desde el inicio está alineado con el gobierno Petro. Fue clave en la elección de su primo Iván Name en la presidencia del Senado, y tiene incidencia entre sus compañeros de bancada.
Contar con el Name de La U es clave para el gobierno por el voto, la vocería en la plenaria, y también para restarle fuerza a opositores de la reforma que hay dentro de la bancada. Ayer, en medio del debate, Name tuvo un fuerte cruce con Juan Felipe Lemos, también de La U, quien junto a Norma Hurtado y Alfredo Deluque, se resisten a la propuesta de pensional del gobierno. Durante buena parte de la sesión, Name mantuvo charlas con la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, llamada a defender la propuesta original de pensional que quiere el gobierno.
Con la mayoría de La U, el gobierno se acerca a los 50 votos que necesita para rechazar las ponencias de archivo y de alternativa de la pensional. Son los mismos que le están pidiendo al presidente, Iván Name, que convoque sesiones en Semana Santa y no el 2 de abril, como anunció.
En un solo día, el Congreso, en sus dos cámaras, les dio un espaldarazo a los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y de Defensa, Iván Velásquez. A los dos funcionarios los querían sacar las bancadas de oposición, en llave con los conservadores y unos verdes, por los resultados de sus carteras mediante mociones de censura.
A Jaramillo por la crisis en el sector salud, especialmente con las alertas de desabastecimiento de medicamentos, problemas financieros y denuncias de irregularidades en contratación. Las quejas de Cambio Radical, Centro Democrático y algunos de la Alianza Verde no fueron suficientes y solo alcanzaron para llegar a 36 votos contra el ministro. De hecho, ni la bancada de Cambio Radical votó unitariamente la moción.
En cambio, los 96 votos a favor de Jaramillo volvieron a mostrar una Cámara cercana al gobierno. En esos estuvieron seis conservadores — incluyendo los dos que están en la Comisión Séptima, donde está la laboral y debe pasar la pensional —, la mayoría de liberales y algunos de La U.
Con Velásquez el panorama fue similar en el Senado. Desde el Centro Democrático y Cambio Radical le enrostraron el fortalecimiento armado de los grupos ilegales. También el deterioro de la seguridad en departamentos como Cauca y Antioquia. El Verde “Jota Pe” usó argumentos engañosos sobre el reclutamiento de menores y supuestas concesiones al ELN.
La votación tampoco reflejó intención alguna de sacar del cargo a Velásquez vía moción de censura. Aunque desde Cambio Radical confiaban en estar en unos 40 votos, que abría un margen de duda, al final solo contaron con 28. Otra vez, ni en Cambio Radical actuaron en bloque. De los 11 senadores, seis no votaron: Carlos Julio González Villa, Antonio Zabaraín, Jorge Benedetti, José Luis Pérez, Ana María Castañeda y Edgar Díaz Contreras.
Los del Centro Democrático tampoco actuaron unidos. No votaron Alirio Barrera, Carlos Meisel y Vicente Carreño. El voto de Carreño es particular porque es el senador que más cercanía tiene con las asociaciones de retirados de la Fuerza Pública.
La bancada del partido Conservador había decidido internamente votar contra Velásquez, pero a la hora de oprimir el botón, de los 16 senadores, seis no aparecieron. Son algunos de los que el gobierno cuenta como potenciales aliados: Carlos Trujillo, Liliana Benavides, Miguel Barreto, José Alfredo Marín, Soledad Tamayo y Óscar Barreto.
Al final, del lado de Velásquez estuvieron 55 senadores. La U en bloque, la mayoría Liberal, el Mira, y el ala oficial del Pacto y Comunes.
Es válido y legal que los congresistas que no están de acuerdo con un proyecto se salgan de las plenarias para no apoyarlo. Es la estrategia que están usando en la oposición para romper el quórum y dilatar los debates. Es un camino que ha venido funcionando porque un mes después de haber iniciado sesiones en la plenaria del Senado, la reforma pensional apenas si pudo salir de los impedimentos.
Jugar con el reloj le puede dar a la oposición la victoria. La pensional debe quedar aprobada antes del 20 de julio para ser una realidad. Los cálculos de la agenda oficial y de los gremios interesados en el proyecto muestran que la discusión de los artículos en este segundo debate se puede tomar, por lo menos, un mes más. Es decir, abril. Si sale, de ahí debe pasar al tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, en la que el gobierno deberá revisar si le da prioridad porque en el camino está la reforma laboral.
En ese tercer peldaño se pueden tomar otro mes, o sea, mayo. Por lo que, de llegar al último, en la Plenaria de Cámara solo les quedarían los 16 días de junio más las sesiones extras que están dispuestos a citar. El trámite se cierra con conciliaciones.
Pero esa estrategia de poner a la reforma contra los tiempos legislativos le está generando riesgos a la oposición. Ayer la implementaron para intentar levantar las sesiones en los impedimentos, y, al revés, eso casi les quita una voz y un voto.
Pasó cuando se votó el impedimento de Carlos Motoa de Cambio Radical. Apenas se anunció, el uribista Miguel Uribe dio la señal y les pidió a los suyos salirse. Lo propio hizo David Luna entre los de Cambio Radical. Los secundaron unos conservadores.
Cuando Iván Name abrió el registro de votación, la mayoría del Pacto votó a favor de aceptar el impedimento de Motoa, quien lo había presentado bajo el argumento de que la reforma tiene unos artículos que pueden afectar a un familiar que tiene unas demandas para cambiarse de fondo de pensión. Hicieron lo propio cinco Verdes, los de Comunes y Berenice Bedoya. Así llegaron a 30 versus 27 que dijeron no.
Al percatarse de los números en rojo, Uribe y Motoa decidieron regresar al recinto y llamaron a los suyos, pero Iván Name decidió cerrar la votación. Se dio por entendido, entonces, que, al aprobarse el impedimento, Motoa debía quedar fuera del debate.
Motoa es pieza del andamiaje de la oposición para dilatar la reforma. Es juicioso con el reglamente y los detalles de la ley Quinta que rige el funcionamiento de las plenarias, y su voz es, además, extensiva de lo que piensa Germán Vargas Lleras.
Por eso, Uribe y Luna le pidieron a Name revocar esa votación y reabrirla para votar de nuevo. A lo que el presidente del Senado accedió, la oposición regresó a sus puestos y ahí sí votaron en bloque para rechazar el impedimento.
Desde ese momento no se volvieron a salir de la sesión.
En todo caso, no fue una semana tranquila para el gobierno Petro. En Senado y Cámara quedaron expuestas fisuras que amenazan con desatar una crisis mayor entre las bancadas oficiales.
Apenas fue rechazada la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la representante Martha Alfonso Jurado de la Alianza Verde, quien fue la que se echó al hombro la ponencia de la reforma en la Cámara, salió a pedir la cabeza de Jaramillo. “Es muy frustrante la falta de capacidad y liderazgo técnico y político del ministro. Existe mucha inconformidad en varios sectores con su gestión”.
La molestia viene, además de la falta de concertación del texto de la reforma, de las declaraciones que hizo Jaramillo el año pasado, cuando señaló que los congresistas de la Alianza Verde debían apoyar sin dilaciones las reformas porque son de gobierno y tienen participación burocrática. Esos señalamientos terminaron en denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas verdes.
“Cada vez que el ministro hizo declaraciones generó un ambiente hostil en el Congreso”, añadió Jurado.
Las quejas contra los funcionarios del gobierno que deben asumir el liderazgo de las reformas tienen eco en el Senado. La senadora Martha Peralta dejó entrever que el virtual archivo de la reforma de salud en la Comisión Séptima, y las demoras en la pensional también son por falta de liderazgo y coordinación.
“El equipo de gobierno también debe establecer diálogos políticos con los que piensan distinto o que hoy tienen dudas sobre el respaldo que necesitamos para que por fin las personas más vulnerables del país puedan tener una vejez digna”, dijo Peralta.
Era de esperar. Una asamblea constituyente suplanta la labor legislativa del Congreso y podría, si lleva a aprobarse, significar la revocatoria de los actuales legisladores. Además, abre la puerta para una reforma política que harían elegidos distintos a los congresistas.
El efecto inmediato de la propuesta de Petro, además de generar una dilación de dos días en el debate, fue de visiones encontradas.
Dentro de los mismos aliados la propuesta no tiene acogida. Senadores como Inti Asprilla o Ariel Ávila salieron a decir que no ven viable esa propuesta. Voces de la independencia como la de Humberto Calle, actor de la Constituyente de 1991, la calificaron de globo y hasta perjudicial para los intereses del gobierno Petro.
En Cambio Radical, a pesar de que Vargas Lleras se subió al bus de Petro, no hay una postura unificada. David Luna, la cara visible de esta nueva camada de Cambio, dijo que respondía a una solución.
Y para rematar, el ministro de la política, Luis Fernando Velasco, le dijo al Congreso lo que quería que le dijera: que, en medio de esta tormenta política, el Congreso aún tiene la autonomía y la llave para responder a las necesidades de los colombianos. Algo que un proceso constituyente no resuelve en el corto plazo.
La postura del Velasco ministro es la misma del Velasco senador liberal. En 2018, cuando se dio el más reciente intento por aprobar un proyecto de ley que convoque a una asamblea nacional constituyente por iniciativa de Vivian Morales, fue Velasco como ponente el que pidió archivar esa propuesta.
En ese momento, como lo dijo esta semana, señaló que la propuesta de una asamblea, independiente del propósito, debe ser fruto de un consenso nacional. Algo que, como se vio en el Congreso, por ahora no está cerca.
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