Mientras fue secretario jurídico de Gustavo Petro, un puesto que lo convirtió en el abogado de cabecera del gobierno, Vladimir Fernández mostró un interés particular por un pleito de una obra abandonada en el Chocó.
Fernández, ahora magistrado de la Corte Constitucional, intercedió en el caso de una firma de abogados que demandó al Invías para que le pague una indemnización de más de 50 mil millones de pesos por un tramo de la carretera en la vía Medellín-Quibdó. La obra, que se contrató en 2006, aún no se ha terminado.
Detrás de esa firma, Estudios y Asesorías Profesionales, están dos abogadas estrechamente ligadas a Fernández, según revela esta investigación de La Silla Vacía. Han sido sus socias en otros pleitos contra el Estado y son sus apoderadas actuales en sus procesos personales. A una la contrató en Presidencia. En su hoja de vida, el ahora magistrado dice que trabajó como asesor de Estudios y Asesorías. La empresa, además, paga hace años la seguridad social de la esposa de Fernández, a través de una filial.
Amigos y clientes de Fernández aseguran que en realidad la firma es de él.
El secretario jurídico del presidente Petro nunca hizo público su posible conflicto de interés.
La gestión de Fernández sobre ese caso, desde su poderosa posición en Casa de Nariño, tuvo efecto. En menos de un año, el pleito pasó de dormir en un tribunal del Chocó, donde está radicado desde hace 10 años, a estar camino a resolverse en un tribunal de árbitros, como siempre lo han pedido las abogadas aliadas de Fernández.
La defensa del Estado, a través del Invías, cambió súbitamente para abrir camino a ese arreglo.
Además, con Fernández en el cargo, la figura del secretario jurídico sumó un poder que le permite tener injerencia directa en los trámites de conciliación arbitral, como el que se abre paso en el pleito del Chocó.
Como magistrado de la Corte Constitucional, Fernández deberá decidir sobre centenares de pleitos similares. Mientras tanto, sus abogadas seguirán litigando contra el Estado con el antecedente de tener un aliado en el poder, hoy magistrado, que ha mostrado interés en ayudarlas.
En 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el Instituto Nacional de Vías, Invías, adjudicó un contrato por 117 mil millones de pesos para construir una carretera entre los municipios de Las Ánimas y Nuquí, en Chocó. El gobierno de la época lo consideró un proyecto estratégico para darle a Chocó una salida al mar, y por eso la plata se apalancó en un documento Conpes.
En ese entonces, Vladimir Fernández se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica del Invías, cargo al que llegó en 2003 y del que salió finalizando el 2006, señalado de favorecer a contratistas en pleitos contra la entidad.
La obra se empezó a ejecutar en 2007 y tenía como plazo de terminación diciembre de 2011. Al contratista, llamado Consorcio Vía al Mar Nuquí 2006 (Conciviles- Sesac), el Invías le giró un anticipo de 23 mil millones de pesos para echar a rodar los trabajos. A la vuelta de unos meses, la empresa dijo que no podía cumplir con lo pactado.
El Consorcio se quejó de que el Invías había cambiado los diseños, se había demorado con los permisos ambientales, no le había girado más recursos. Además, dijo que los paros de las comunidades habían afectado los trabajos. Por eso, en 2011 solicitó la terminación del contrato.
Y ahí arrancó el pleito judicial.
El Consorcio, a través de las abogadas Irma Solangel Torres y Claudia Liliana Quijano, ha buscado liquidar el contrato y reclamar una indemnización a través de un tribunal arbitral. Esa es una figura en la que las partes enfrentadas dicen que no acudirán a la justicia ordinaria, sino que se someterán a un dictamen que prestan las cámaras de comercio con abogados particulares y que suele resolver controversias en tiempos más cortos. La decisión la toman tres árbitros-jueces propuestos por las dos partes o que se definen por sorteo.
A la abogada Torres le suele ir bien en esos tribunales con demandas contra el Invías. Allá ganó dos en 2013 y 2014.
Los tribunales arbitrales históricamente fallan a favor de los privados que demandan al Estado. De los 187 que se llevaron a cabo entre 2015 y 2023, en el 61 por ciento de los casos las entidades públicas perdieron. Eso ha representado 3.2 billones de pesos en condenas al Estado.
Esos tribunales arbitrales tienen poca vigilancia. Académicos del derecho, como Ramiro Bejarano, han denunciado que ahí se han creado “carteles” de favorecimientos entre abogados que son jueces y contrapartes en unos procesos, y luego cambian sus roles en otros.
En 2013 se dio el primer intento del Consorcio Vía al Mar 2006 por zanjar el contrato de Chocó con el Invías a través de un tribunal de arbitraje. Ese intento no prosperó porque el consorcio no pagó los gastos de los honorarios de los tres árbitros delegados por la Cámara de Comercio de Bogotá. Insistieron por ese camino en 2014, pero otro tribunal se declaró inhibido porque el Invías se quejó de que el Consorcio intentó modificar los hechos y pruebas que habían acordado revisar.
Entonces, el Consorcio Vía al Mar Nuquí 2006 decidió demandar oficialmente al Invías ante la justicia ordinaria, en el Tribunal Administrativo del Chocó. Alegó un incumplimiento de contrato, perjuicios económicos y pidió una indemnización que hoy se tasa en 56 mil millones de pesos, según el Invías. Esa demanda la interpusieron las abogadas Claudia Liliana Quijano e Irma Solangel Torres, ambas estrechamente vinculadas a Vladimir Fernández.
El Invías contra demandó en ese mismo 2014, y señaló que, por el contrario, el incumplido fue el consorcio porque, entre otras cosas, no hizo buen uso de los 23 mil millones que le giró de anticipo, que hay 17 mil millones que no se sabe en qué se gastaron y nunca se amortizaron. Por eso, le pidió al Tribunal del Chocó una condena a su favor por 62 mil millones de pesos. También llamó a garantías a la aseguradora que le dio las pólizas al consorcio.
El pleito estuvo quieto y sin avances hasta el 2022.
Desde que aterrizó en la Casa de Nariño, el secretario Fernández empezó a preguntar en el Invías y en la Agencia Nacional de Defensa del Estado, Andje, por el pleito del Chocó. Así lo comentaron a La Silla dos funcionarios del gobierno.
La Andje es la encargada de revisar los procesos judiciales que se llevan contra las entidades públicas y dependiendo de su complejidad, interviene para evitar que el Estado pierda. Para ello, debe trabajar de la mano de la Secretaría Jurídica.
“En desarrollo de las múltiples reuniones sobre temas de interés de la Presidencia que estaban a cargo de la Agencia, el secretario, doctor Vladimir Fernández, me comentó acerca de una controversia contractual de la Sociedad de Construcciones Civiles Conciviles S.A. del Consorcio Vía al Mar Nuquí 2006. Eso debió ocurrir a principios de 2023”, le respondió a La Silla, por derecho de petición, la exdirectora de la Agencia, Martha Zamora.
Entre más de 350 mil expedientes que hay contra el Estado, ese caso no estaba en el radar de la Agencia. Si bien se trata de más de 50 mil millones, el Estado tiene cientos de demandas por montos superiores (en total suman pretensiones de 659 billones de pesos), y con una urgencia jurídica más inminente.
Tampoco había despertado el interés de la Agencia porque la contrademanda que presentó el Invías contra el consorcio recién había sido aceptada para su estudio en 2019. Y aun si el Tribunal del Chocó fallara en contra, todavía faltaría la revisión del Consejo de Estado que dura años más. Es decir, el pleito estaba quieto.
Pero Fernández insistió en una intervención. Ese interés coincidió con que, en 2022, el proceso tuvo un cambio en el Tribunal Administrativo del Chocó. Una de las abogadas que puso la demanda contra el Invías, Irma Solangel Torres, envió una carta especificando que el consorcio le cedió a su empresa, Estudios y Asesorías, los derechos judiciales para el cobro de la eventual indemnización, es decir, de los 56 mil millones pretendidos.
Estudios y Asesorías Profesionales es una empresa que fundaron Torres y la otra abogada demandante, Claudia Liliana Quijano, en 2009. El historial profesional y judicial de Vladimir Fernández está ligado a esa empresa y a esas abogadas.
En la hoja de vida que presentó al Senado para ser elegido magistrado de la Corte Constitucional, Fernández dijo que trabajó en Estudios y Asesorías Profesionales en 2010, 2015 y 2016.
La abogada Torres ha sido la socia de Fernández en litigios a favor de privados y en contra del Estado. Por ejemplo, los dos demandaron en 2015 a la Comisión Reguladora de Energía, Creg, en representación de una empresa que se llama Poliobras.
Poliobras está reclamando más de 200 mil millones de pesos por un contrato energético que le adjudicó la Creg en 2008, pero que le quitó en 2012 por reiterados incumplimientos. La Creg decidió ejecutar una garantía de 25,2 millones de dólares que dio el banco suizo EFG Bank a Poliobras. El pleito sigue activo en el Consejo de Estado y el nombre de Fernández aún aparece en la bitácora de procesos judiciales que lleva la Creg.
Fernández y Torres también han asesorado a la constructora Grodco Ingenieros Civiles, quien ha tenido varios pleitos con el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por incumplimientos de obras.
De hecho, lograron llevar uno de esos pleitos, el de un contrato que firmó Grodco con el Invías en 2005 (cuando Fernández trabajaba en la entidad), a un tribunal de arbitraje en la Cámara de Comercio de Bogotá en 2012.
Grodco le cedió los derechos judiciales a Estudios y Asesorías Profesionales. El pleito salió a favor de Grodco en 2013 y la firma de abogados reclamó una indemnización de más de 5 mil millones de pesos. La Dian se quedó con unos 2 mil millones de la condena por deudas de impuestos de la constructora. Estudios demandó, otra vez, al Invías para que le pague ese excedente. Ese proceso también está en revisión del Consejo de Estado.
La abogada Torres, además, ha sido la apoderada de confianza de Fernández en procesos personales. Lo representó en una demanda laboral contra el Hospital Universitario de Neiva, donde Fernández trabajó entre 1999 y el 2000; y lo defiende en otra de reparación contra la Contraloría por un proceso de responsabilidad fiscal que le abrió por una conciliación que favoreció a una empresa que se llama Coniagravas.
Esa demanda de reparación por la que Fernández está pidiendo una indemnización de más de mil millones de pesos – está en revisión del Consejo de Estado- tiene una particularidad.
Él dice que la investigación de la Contraloría lo afectó porque le quitó la posibilidad de trabajar entre 2012 y 2016 y generar ingresos para su familia. Alega que por las acusaciones del ente de control, no le dieron un contrato de 700 millones en la Empresa de Teléfonos de Bogotá en 2013 (alcaldía de Petro) para representar a la empresa en tribunales arbitrales. En cambio, se lo terminaron dando a Estudios y Asesorías Profesionales. Es decir, a la oficina de la abogada que llevó su caso.
La otra socia de Estudios, Claudia Liliana Quijano, fue la apoderada de Fernández en otro pleito de 2013, cuando el hoy magistrado se declaró víctima de una pirámide petrolera llamada Varosa Energy. Según dijo, la empresa le debía más de 3 mil millones de pesos que había invertido. En ese lío salió mencionado Carlos Gutiérrez, concuñado de Petro.
El vínculo de Fernández con las dos abogadas va más allá, especialmente con Solangel Torres. Ella también es la abogada de José Hildebrand Perdomo, un familiar de Fernández acusado de corrupción en el Huila, y por el que la Fiscalía le compulsó copias a Vladimir por “ocultamiento de material probatorio y por el delito de fraude procesal”.
Sin ser del Huila, la abogada Torres también se ha convertido en asesora judicial de políticos de allá cercanos a Fernández, como los hermanos Carlos Julio y Cielo González Villa. Carlos Julio, actual senador de Cambio Radical, fue clave en la campaña para la elección de magistrado de la Corte. En 2018, siendo presidente de la Federación Nacional de Departamentos, se llevó a Fernández como secretario general.
Al tiempo que lleva la demanda contra el Invías por el Chocó, la abogada Torres ha encontrado trabajo en el gobierno Petro. Le han dado contratos en la Agencia Nacional Minera y en la Agencia Nacional de Infraestructura. Recientemente, se ganó otro para asesorar a la Electrificadora del Huila, donde Fernández tiene influencia.
Claudia Quijano, la otra socia fundadora de Estudios y demandante contra el Invías por el contrato del Chocó, reapareció recientemente en la oficina de Fernández en la Casa de Nariño. El 1 de septiembre de 2022 fue nombrada su asesora del despacho, cargo en el que permanece aún. Es decir, en unos años pasó de ser demandante del Estado a ser funcionaria pública en una oficina que conoció de ese pleito.
En todo ese historial judicial que lo une con las abogadas Torres y Quijano, el ahora magistrado Fernández ha puesto como dirección de notificación personal una oficina que queda en la calle 80 con carrera Séptima de Bogotá, en un edificio residencial. Es la misma sede desde donde funcionan Estudios y Asesorías Profesionales y otra empresa inmobiliaria que se llama Kataskevi.
Kataskevi es propiedad de Estudios y Asesorías Profesionales y es la empresa que le paga, desde 2016, la seguridad social a Gimena Molina Gómez, esposa de Fernández.
La inmobiliaria es propietaria de oficinas de Bogotá y de seis lotes – con extensiones de entre 9 mil y 10 mil metros cuadrados- que quedan en una zona valorizada de Villa de Leyva, Boyacá. Esos lotes llevan los nombres de municipios del Huila (Neiva, Garzón, Pitalito, Algeciras, Aipe y Campoalegre), departamento donde son Vladimir Fernández y su esposa.
Todos estos vínculos apuntan a que, en realidad, Estudios y Asesorías es una firma de Fernández. Aunque no aparece su nombre en papeles, como accionista, tres fuentes que conocen y han tratado con el abogado afirman que es desde donde despacha los litigios a favor de privados. Todas piden omitir su nombre para no enemistarse con el poderoso magistrado. Un empresario que lo contrató confirmó que “la oficina del edificio de la 81 ha sido su oficina de toda la vida. Sol y Claudia son las que llevan los pleitos en papeles porque el que tira la línea y la estrategia es él. Eso es un secreto a voces en el Invías, en el sector y entre los que lo conocemos”, dice.
Sin embargo, el vínculo entre el secretario jurídico de Casa de Nariño y las demandantes del caso del Chocó había pasado desapercibido.
En junio de 2022, cuando el pleito volvió a moverse en el Tribunal Administrativo del Chocó, el Invías le pidió a la Andje que interviniera en el proceso. Como todos los días aparecen litigios contra el Estado, la Agencia define en unos comités técnicos qué casos priorizar de los que les llegan por parte de las entidades. El interés de Fernández por ese pleito le dio razones a la Agencia para tenerlo en cuenta.
Esa priorización la hace la Instancia de Revisión y Unificación de Criterios, IRUC. El pedido del Invías se tramitó en la sesión extraordinaria del 17 de noviembre y se determinó que había lugar a intervención. Así se le notificó al Tribunal del Chocó el 28 de noviembre, según documentos a los que accedió La Silla a través de derechos de petición.
Solo hasta el 8 de agosto de 2023, el Tribunal de Chocó aceptó oficialmente esa intervención.
El secretario Fernández estuvo enterado de todo ese trámite. De acuerdo con dos funcionarios que conocieron el pleito y que pidieron no ser citados para evitar confrontaciones con él, Fernández preguntó en varias ocasiones cuál era la estrategia a seguir.
En el entretanto, el Invías había decidido cambiar súbitamente de estrategia jurídica frente al caso. De haber sido sólida en la contra demanda y exigir más de 62 mil millones de pesos de indemnización al Consorcio en 2014, optó, diez años después, por abrir el campo a una nueva conciliación a través de un tribunal de arbitraje, como ya lo había pedido el consorcio antes.
El 2 de mayo de 2023, el entonces director del Invías, Juan Alfonso Latorre, suscribió un compromiso con el Consorcio, representado por la abogada Irma Solangel Torres, para sacar el proceso de la jurisdicción ordinaria y volverlo a llevar a la arbitral.
Para ese momento, Vladimir Fernández había asumido un nuevo poder relacionado con la resolución de ese tipo de pleitos. En diciembre de 2022, mediante un decreto, el presidente Petro le dio a Fernández la facultad para aprobar o no — sin consulta alguna— el listado de los abogados que pueden participar en los tribunales arbitrales a donde lleguen los litigios contractuales del Estado, como el de Chocó.
El Invías buscó la manera de blindar el camino de ese tribunal de árbitros pidiéndole a la Andje un concepto en esa línea. Lo hizo a través de la subdirectora Jurídica, Adriana Carolina Piedrahíta.
Recibida esta petición, dentro del equipo jurídico de la Agencia manejaron internamente la tesis de que la estrategia jurídica debía enfocarse en demostrar que el Invías cumplió, que por eso había que reforzar la contra demanda e insistir en que el Consorcio Vía al Mar hizo un manejo incorrecto del anticipo.
Frente a la posibilidad de sacar el pleito de lo judicial para volverlo a llevar a un tribunal de árbitros, la Agencia le respondió al Invías el 1 de diciembre. En ese concepto, el director jurídico, César Herrera, dijo que esa decisión no se podía tomar en la carrera.
Herrera, uno de los funcionarios a los que Presidencia les pidió la renuncia hace dos semanas, explicó los riesgos de acudir a ese escenario. Como, por ejemplo, que el arbitraje es un proceso de única instancia y contra la decisión final —el laudo arbitral— sólo proceden los recursos extraordinarios de anulación y revisión, y muy excepcionalmente la acción de tutela.
También dijo que el Tribunal de Chocó por ahora no ha revisado en detalle los argumentos de la contra demanda que radicó el Invías en 2014 y que le podría dar razón al Estado para ganar. E hizo énfasis en que una salida arbitral desconocería los pasos que ha dado el propio Invías, como pedir el cumplimiento de las garantías de las pólizas por el presunto incumplimiento del contratista.
Y, finalmente, señaló que sería extraño insistir en un tribunal de arbitraje cuando ya se hizo dos veces y el consorcio incumplió con los pagos de los honorarios e intentó cambiar las reglas de juego en el camino.
Por eso, la Agencia le tiró la pelota al Invías y dejó en sus manos la decisión final de avanzar en el tribunal de arbitraje.
El secretario Fernández siempre tuvo acceso al expediente. “Como siempre lo hice para mantener informado al Dr. Vladimir, en su calidad de Secretario Jurídico de la Presidencia, le comuniqué el contenido de la respuesta enviada por correo electrónico a la Dra. Adriana Carolina Piedrahíta Arévalo, Subdirectora de Defensa Jurídica de Invías”, dijo la directora Zamora.
“No le gustó cómo salió el concepto. Propuso la idea de que se insistiera en conciliación en un tribunal”, le dijo a La Silla uno de los abogados de la Agencia que conoció el proceso.
Pero arrancando diciembre estalló la crisis entre la Agencia, el canciller Álvaro Leyva, y el presidente Petro por el lío del contrato de los pasaportes con Thomas Greg. Episodio en el que el secretario Fernández estuvo del lado de Leyva y Petro, al señalar que sí había razones para tumbar la licitación. Zamora, por su parte, dijo que en ese caso había que conciliar para evitar una demanda.
Por cuenta de esa crisis, el presidente Petro le pidió la renuncia a la directora de la Agencia, Martha Lucía Zamora, la cual se hizo efectiva el 4 de diciembre, es decir, tres días después de que la Agencia le respondió al Invías por el pleito del Chocó.
Fernández estuvo oficialmente en el cargo de secretario jurídico hasta el 16 de diciembre. Al día siguiente, se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional, en una ceremonia a la que asistieron su esposa, sus hijas, la abogada Claudia Quijano, senadores como Carlos Julio González Villa, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, y algunos abogados, como Alberto Rojas, que hacen parte de tribunales arbitrales.
La exdirectora Zamora dice que no sabía que detrás de la demanda contra el Invías estaban abogadas cercanas a Fernández. “En la respuesta a la solicitud formulada a la Agencia en noviembre de 2023 por parte de Invías me percaté que en este se hacía mención a una “cesión de derechos litigiosos”, sin mencionar el nombre y mucho menos la relación a la que usted hace referencia”, dijo.
A pesar del concepto ambiguo de la Andje, el Invías terminó aceptando la opción que le gustaba a Fernández. En respuesta a un derecho de petición de La Silla Vacía, el Instituto afirmó que ya suscribió con la firma de abogados cercana a Fernández “un compromiso por el medio del cual se convino derogar la jurisdicción ordinaria por la arbitral”. Además, señaló que están a la espera que la firma Estudios haga oficial la petición ante la Cámara de Comercio de Bogotá para revisar el paso a seguir.
Por ahora, al frente del cargo de secretario jurídico, a quien le corresponde evaluar el listado de potenciales árbitros de ese pleito, está Claudia Sánchez, quien era subalterna de Fernández en la entidad.
La Silla consultó a Fernández su versión del caso. Hace una semana pidió un cuestionario escrito, pero al momento de la publicación de la historia no había respondido.
La abogada Solangel Torres aseguró que su interés en el pleito es llegar a un acuerdo. “En mi calidad de abogada he acompañado y asistido jurídicamente al Consorcio demandante desde el principio y aspiro que se defina algún día la controversia”, dijo.
Frente a la cercanía de Fernández con la firma Estudios y Asesorías, dijo que se limita a “una relación profesional de asesoría que tuvo con la empresa”. No contestó por la vinculación de Gimena Molina Gómez, esposa de Fernández, en la empresa Kataskevi de la cual es socia.
Un litigante contra el Estado que llegó a la Corte Constitucional
Fernández fue un poderoso del gobierno Petro. Además de tirar la línea jurídica del Presidente y hablarle al oído, consiguió que lo nombraran como delegado del gobierno en las juntas directivas de la hidroeléctrica Urrá S.A, y de la aseguradora estatal Positiva.
También que, vía decreto, fuera el delegado por Petro para posesionar magistrados de las altas cortes.
Y no menos importante, logró que el presidente Petro le confeccionara una terna a su medida para ser elegido magistrado de la Corte Constitucional. Su campaña en el Senado arrancó con ventaja semanas antes de que el presidente anunciara su terna. Ganó con poca resistencia.
Está más reñida la alcaldía de Barranquilla que la terna.@GerardoVegaMed ha dado muchas luchas por tierras como ciudadano, desde movimiento social y hoy como funcionario, no tiene ascendente para ganar. Lo aprecio mucho.@cielo_rusinque contará con algunos votos del Pacto. https://t.co/ghk2E6p5v8
Fernández se empoderó a pesar de haber llegado a Casa de Nariño con varios escándalos judiciales a cuestas. Empezando por una demanda de paternidad que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
De la dirección jurídica del Invías salió en medio de acusaciones de favorecimientos a contratistas. En 2012, la Contraloría les imputó a Fernández y a otros funcionarios del Instituto cargos de responsabilidad fiscal por haber aprobado en 2006 una conciliación por más de 70 mil millones a favor de un contratista llamado Conigravas.
Para el momento de esa investigación, Fernández ya había entrado al círculo de asesores de Petro. En 2011, lo metió en el equipo de empalme de la Alcaldía de Bogotá, pero tuvo que sacarlo porque al abogado y a su esposa —Gimena Molina Gómez— les dictaron medida de aseguramiento por un caso de irregularidades en contratación de cuando eran funcionarios en el Huila.
En medio de eso, se conoció que mientras Fernández estuvo en el empalme de Petro era el abogado del entonces congresista, Germán Olano, quien fue uno de los protagonistas del escándalo de corrupción del carrusel de la contratación de Bogotá.
Los ruidos alrededor de Fernández siguieron en 2018. Su voz apareció en una interceptación telefónica de la Fiscalía. En la conversación asesoraba a un familiar acusado de corrupción en el Huila, aconsejando cómo “enredar la pita” en ese pleito. Según el ente acusador, se debía investigar a Fernández por el “ocultamiento de material probatorio y por el delito de fraude procesal”. Y por eso compulsó copias en un caso que no ha tenido avances.
La influencia de Fernández aún se siente en Casa de Nariño, según reporta El Espectador: es visitante frecuente y sigue usando el esquema de seguridad de Presidencia, donde dejó nombrada a una de sus abogadas.
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